Un significativo paso adelante
Transcurridos m¨¢s de siete a?os desde que se aprobaron los primeros estatutos de autonom¨ªa, la cuesti¨®n (le la financiaci¨®n aparece en el centro del proceso auton¨®mico, como un reto de Estado decisivo que est¨¢ poniendo a prueba la capacidad y la voluntad real de las fuerzas pol¨ªticas de transformar un Estado tradicionalmente centralista en un Estado auton¨®mico, respetuoso con la voluntad de autogobierno de los territorios que lo integran y superador de los viejos contenciosos hist¨®ricos.Un balance riguroso del proceso auton¨®mico pondr¨ªa de relieve que en algunos aspectos se ha dado actualmente un gran paso adelante.
Los Gobiernos auton¨®micos, ayer inexistentes, son hoy una realidad pol¨ªtico-administrativa con un peso cierto en el sector p¨²blico espa?ol. Procesos que en otros pa¨ªses han requerido d¨¦cadas para completarse, aqu¨ª se han materializado de una forma r¨¢pida.
Y aunque no debiera caerse en la tentaci¨®n de la autocomplacencia -porque el reequilibrio del peso entre los niveles de gobierno a¨²n debe continuar, y se debe prestar una mayor atenci¨®n a los Gobiernos locales- es de justicia resaltar que el actual proceso auton¨®mico muestra un balance favorable desde esta perspectiva.
Sin embargo, es sabido que de poco sirven las competencias si no existen recursos para financiar¨ªas; y que poco valor tiene la autonom¨ªa pol¨ªtica si la decisi¨®n ¨²ltima sobre el destino de estos los recursos no corresponde al Gobierno auton¨®mico sino al Gobierno central.
La cuesti¨®n de la financiaci¨®n es, pues, decisiva.
Es preciso reconocer sin ambig¨¹edades que, por una serie de razones, el sistema de la etapa transitoria ha mostrado defectos muy graves. Comunidades aut¨®nomas con niveles similares de competencias disponen de niveles de ingresos acusadamente dispares, con diferencias en ingresos per c¨¢pita de 1 a 1,5 (y de1 a 3 si se considera a las comunidades forales).
Entre las del 143, las diferencias van de 1 a 3. Por otra parte, el Gobierno central ha tratado de mantener todo tipo de mecanismos de control sobre el gasto de los diferentes Gobiernos auton¨®micos.
En la actualidad, un 85% de los ingresos de ¨¦stos tienen forma de subvenciones procedentes del Gobierno central, y m¨¢s de un 50%, de subvenciones condicionadas. Adem¨¢s, cuantas m¨¢s competencias tienen los gobiernos auton¨®micos, mayor es su dependencia financiera: Catalu?a y Andaluc¨ªa padecen un mayor control que las dem¨¢s CC AA de? 15 1; y ¨¦stas que las del 143.
Un factor de inestabilidad
Estos problemas son defectos graves que cuestionan por s¨ª mismos la validez del sistema de financiaci¨®n, y las limitaciones se han traducido -mucho m¨¢s all¨¢ de los estrictos problemas t¨¦cnicos- en aut¨¦nticos problemas pol¨ªticos: la falta de autonom¨ªa financiera de las comunidades aut¨®nomas ha impedido el correcto ejercicio de la autonom¨ªa pol¨ªtica; la falta de transparencia en las relaciones fiscales ha dificultado el normal funcionamiento de los mecanismos de responsabilizaci¨®n democr¨¢tica y ha propiciado, a veces, actitudes reiv¨ªndicativas y de agravio entre las propias autonom¨ªas; la negociaci¨®n anual, poco institucionalizada y objetivada, ha convertido en enormemente rentable el conflicto permanente y ha introducido un mecanismo de traslaci¨®n de responsabilidades...
El fallo del sistema de financiaci¨®n se ha convertido, en definitiva, en un factor de inestabilidad capaz de hacer tambalear e invalidar la esencia misma del actual proceso auton¨®mico en Espa?a.
En este contexto se ha abordado la revisi¨®n, que adem¨¢s era preceptiva desde una perspectiva legal, y hay que subrayar, ante todo, que resulta encomiable el esfuerzo de racionalizaci¨®n t¨¦cnica realizado por el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda (y en especial por la Secretar¨ªa de Estado de Hacienda).
En medio de un fuego cruzado de intereses contrapuestos, ha tratado de objetivar el tema, aislar los problemas, analizarlos y ofrecer propuestas operativas. A partir de ese punto, tras un largo proceso de negociaci¨®n, se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio.
La propuesta final merece una valoraci¨®n positiva en distintos aspectos: supone un incremento del volumen global de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas; permite reducir los actuales niveles de desigualdad en ingresos por habitante al dar un peso apreciable a la poblaci¨®n entre los par¨¢metros utilizados para calcular el porcentaje de participaci¨®n; permite mejorar ligeramente la autonom¨ªa del gasto, al canalizar hacia la financiaci¨®n de car¨¢cter general parte del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial y de las subvenciones; ofrece un notable automatismo para el c¨¢lculo del porcentaje de participaci¨®n.
Supone, en general, un paso adelante significativo en la correcci¨®n de uno de los dos grandes problemas: la existencia de fuertes desniveles en los ingresos per c¨¢pita de las distintas comunidades aut¨®nomas.
Persisten, sin embargo, otros grandes problemas a superar en el futuro.
En primer lugar, a¨²n se producen acusadas diferencias entre el sistema general y el de conciertos. Las comunidades de r¨¦gimen foral siguen disfrutando de un volumen de ingresos privilegiado. Respetando la existencia del sistema de conciertos, deber¨ªa tenderse a la introducci¨®n de mecanismos de nivelaci¨®n que concernieran a todas las comunidades auton¨®micas.
Dependencia financiera
En segundo lugar, la dependencia financiera de los Gobiernos auton¨®micos respecto al central sigue siendo muy fuerte, pues pr¨¢cticamente no se ha avanzado nada en esta direcci¨®n. En el futuro habr¨¢ que abordar la correcci¨®n de estas cuestiones. Pero la direcci¨®n emprendida es acertada.
El paso que se ha dado se ha encaminado en la direcci¨®n apropiada si se parte de una consideraci¨®n b¨¢sica: el acuerdo alcanzado supone un punto de partida, no un punto de llegada. Hay que ser, pues, conscientes de este hecho para seguir avanzando enla soluci¨®n de los problemas a¨²n pendientes, teniendo en cuenta que desde una perspectiva hist¨®rica lo que resulta relevante es la claridad de los objetivos y la direcci¨®n del proceso, m¨¢s incluso que el ritmo que ¨¦ste pueda tener, y que en otras partes se ha tardado d¨¦cadas en consolidar situaciones que ahora, desde nuestra perspectiva, parecen envidiables.
Una consideraci¨®n final. Desde Catalu?a el proceso de revisi¨®n del sistema de financiaci¨®n arroja tambi¨¦n un saldo favorable, porque ha puesto de manifiesto que cuando se produce una coincidencia b¨¢sica de criterios entre las fuerzas pol¨ªticas catalanas y se adopta desde ah¨ª una pol¨ªtica rigurosa de negociaci¨®n y di¨¢logo con el Gobierno central, evitando gestos declamatorios e intentos de capitalizaci¨®n partidista, los resultados son positivos para el autogobierno. de Catalu?a. Tal vez no permitan una rentabilizaci¨®n ¨®ptirna para ninguna fuerza pol¨ªtica, pero en cambio fortalecen el conjunto de la autonom¨ªa.
Ello contrasta con lo que ocurre cuando se trata de explotar la frustraci¨®n, y de ahondar las diferencias entre fuerzas pol¨ªticas catalanas, porque ¨¦stas se acaban neutralizando mutuamente y se debilita la capacidad negociadora.
La culminaci¨®n satisfactoria de esta fase decisiva de la reforma del sistema de financiaci¨®n es, pues, un buen punto de referencia para que pueda proporcionarse un nuevo impulso al proceso auton¨®mico.
Este impulso es necesario para confirmar que se est¨¢ en el buen camino y para consolidar todo lo que de positivo se ha hecho. Y deber¨ªa tenerse presente, al iniciar esta nueva etapa, que un objetivo fundamental, que ha ido quedando relegado, es dar el tratamiento preciso a los gobiernos locales y su financiaci¨®n en el Estado de las Autonom¨ªas.
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