Maquillaje contra la timidez

LA DECISI?N del Gobierno de aprobar un decreto que flexibilice y ampl¨ªe al m¨¢ximo lasposibilidades legales de la despenalizaci¨®n parcial del aborto constituye, en el mejor de los casos, un gesto conmovedor, pero poco m¨¢s. Porque poco provecho se puede sacar, por m¨¢s buena voluntad que se ponga en ello, de una ley timorata como la de 5 de julio de 1985, que despenaliz¨®, bajo ciertas condiciones, tres supuestos de aborto, que sigue tipificado como delito seg¨²n los t¨¦rminos de la vieja reforma franquista del C¨®digo Penal de 1944.Si existe un ejemplo en nuestros d¨ªas de acto legislativo superfluo, ¨¦ste es el que puso en marcha la introducci¨®n en el C¨®digo Penal del art¨ªculo 417 bis, que contiene esta legislaci¨®n parcialmente despenalizadora del aborto. Seg¨²n estudios solventes, el n¨²mero de mujeres que llegan a encontrarse en alguno de los tres supuestos contemplados en la ley -aborto por violaci¨®n, por malformaciones cong¨¦nitas del feto o por grave peligro para la vida o la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la embarazada- se eleva a unas 27.000 al a?o. Y, sin embargo, apenas 200 abortos legales se han efectuado en Espa?a en el primer a?o de aplicaci¨®n de la norma. Mientras tanto, las estimaciones m¨¢s prudentes sit¨²an por encima de los 100.000 los abortos ilegales realizados en nuestro pa¨ªs o en el extranjero durante los ¨²ltimos 12 meses. En el supuesto de que el decreto del Gobierno logre poner bajo el amparo de la ley los 27.000 casos que podr¨ªan acogerse a ella, todav¨ªa existir¨¢n m¨¢s de 70,000 que se realizar¨¢n clandestinamente.

Ello pone de manifiesto que en el mejor de los casos la ley de 1985 queda lejos de ajustarse a la realidad social; y es una pena que ello haya sido as¨ª, despu¨¦s de la audacia que supuso por parte del Gobierno socialista abordar un intento de soluci¨®n legal del problema, sacando a la superficie las resistencias y los prejuicios enraizados en sectores de la sociedad espanola. Sectores que se movilizaron para reducir al m¨¢ximo el alcance de la de spen aliz aci¨®n, hasta el punto de que el propio ministro de Justicia se vio obligado a reconocer, en agosto pasado, los obst¨¢culos espurios que se opon¨ªan a la pr¨¢ctica de la ley.

Consecuencia de la estrechez de esta legislaci¨®n, que tantas frustraciones genera, es el denigrante espect¨¢culo de las "redadas policiales por orden judicial en cl¨ªnicas privadas o en centros de planificaci¨®n que practican el aborto o asesoran sobre su pr¨¢ctica. La responsabilidad de tanto desaguisado y de tanto sufrimiento injustificado corresponde en primer lugar a un Gobierno insensible o inconsecuente con sus propios planteamientos, pero tambi¨¦n hay que referirse a las resistencias ideol¨®gicas de sectores judiciales m¨¢s atentos a sus ideolog¨ªas particulares que a la sensibilidad social sobre la que operan, o cuando menos esclavos en exceso de la letra de la ley. La consecuencia de todo ello, y concretamente de las redadas efectuadas contra centros abortistas en Salamanca, Madrid, M¨¢laga y Valencia, es provocar el aumento del flujo de espa?olas hacia las cl¨ªnicas abortistas de Londres, con el costo econ¨®mico y emocional que supone ese traslado. El trato riguroso dado a las detenidas recientemente en Madrid, el traslado de muchas de ellas esposadas, la sordidez agregada que voluntariamente la justicia ha dado en a?adir a un panorama ya s¨®rdido de por s¨ª, no deben ni pueden pasar desapercibidos al Consejo del Poder Judicial organismo que gobierna sobre una estructura hu¨¦rfana de credibilidad social.

En estas circunstancias, la medida que acaba de adoptar el Gobierno, removiendo las trabas burocr¨¢ticas y administrativas que reduc¨ªan la virtualidad de la ley, no es suficiente para atender la demanda social que realmente existe. Es, por el contrario, la promulgaci¨®n de una nueva ley que a?ada la despenalizaci¨®n del aborto por motivos econ¨®mico- sociales a los otros tres supuestos que se reconocen actualmente lo que podr¨ªa contribuir a atenuar el desajuste entre realidad y legalidad que se padece ahora. Por otra parte, de lo que se trata no es de imponer una normativa legal a nadie, ni de violentar las conciencias de grupos sensibles a la interrupci¨®n del embarazo en cualesquiera condiciones. La cuesti¨®n reside en ofrecer una opci¨®n legal a un problema que afecta a un amplio n¨²mero de ciudadanos y cuya mezquindad en su consideraci¨®n s¨®lo redunda en una multiplicaci¨®n de los da?os para las personas.

La responsabilidad de los gobernantes se acaba en evitar que por determinadas interrupciones del embarazo, justificadas por la medicina o la necesidad, los ciudadanos puedan acabar por ir a la c¨¢rcel. Entre sus competencias, desde luego, no se encuentra la potestad de protegerles en contra de su voluntad del infierno. Y la soluci¨®n del indulto que anuncia el Gobierno para los que hayan sido procesados y encarcelados por mor de la ley es tan mezquina como la ley misma. No es el perd¨®n de nadie, sino el reconocimiento de unos derechos lo que los individuos afectados han de obtener.