Huelga de hambre de 500 presos pol¨ªticos o chilenos en protesta por la pena de muerte

Unos 500 prisioneros pol¨ªticos de Chile iniciaron ayer una huelga de hambre indefinida en 32 centros penitenciarios del pa¨ªs para pedir que no se aplique la pena de muerte solicitada por un fiscal militar contra 14 detenidos, tres de los cuales ya fueron sentenciados por un juez militar. Los presos piden tambi¨¦n mejores condiciones de encarcelamiento, el fin a los procesos secretos y que terminen las irregularidades de la justicia militar.

La huelga de hambre comenz¨® casi sin haberse declarado, el pasado lunes, cuando en Santiago los prisioneros se negaron a comer. Por la tarde, los detenidos en provincias se sumaron y se abstuvieron de cenar. La Agrupaci¨®n de Presos Pol¨ªticos de Santiago envi¨® una carta al obispo Bernardino Pi?era, presidente de la Conferencia Episcopal, en la que le ped¨ªan solidaridad con sus reivindicaciones y le dec¨ªan que Chile "no puede estar dividido entre un pueblo encarcelado y un pueblo libre" a cuatro meses de la visita del Papa.Cartas semejantes fueron enviadas a otros seis obispos, al Papa, a sacerdotes cat¨®licos, a dirigentes pol¨ªticos, sindicales, profesionales, a organismos internacionales y a las embajadas de pa¨ªses occidentales, entre ellos Espa?a.

La huelga de hambre es la m¨¢s numerosa realizada durante el r¨¦gimen militar. Se desencaden¨® como la primera medida de presi¨®n despu¨¦s de que el juez militar de la capital, general Samuel Rojas, condenara la semana pasada a la pena capital a Hugo Marchant, Jorge Palma y Carlos Araneda. Los tres procesados son militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y fueron acusados de asesinar al general Carol Urz¨²a, intendente (gobernador) de Santiago, y dos de sus escoltas, en un atentado perpetrado el 30 de agosto de 1983.

Aunque la Iglesia cat¨®lica rechaza las huelgas de hambre indefinidas porque atentan contra la vida de quienes las realizan, le resultar¨¢ dificil ignorar ¨¦sta, en momentos en que est¨¢ preparando la visita del Papa, prevista para abril pr¨®ximo. Al r¨¦gimen, este tipo de manifestaciones no le hacen mella. Huelgas anteriores de familiares de detenidos desaparecidos y de presos pol¨ªticos no han sido o¨ªdas.

Los diarios chilenos ignoraron el tema ayer, pero una autoridad lo tom¨® en cuenta. En Punta Arenas, 2.000 kil¨®metros al sur de Santiago, el intendente local, general Luis Dan¨²s, que debe abandonar el Ej¨¦rcito este mes, recibi¨® a familiares de tres detenidos pol¨ªticos en esa ciudad.

Las 14 personas sobre las cuales pesa una petici¨®n de pena de muerte -dos de ellas son mujeres- son militantes del MIR, y est¨¢n acusadas de participar en cuatro atentados entre 1980 y 1983. Abogados vinculados a la defensa de los derechos humanos creen que la justicia militar har¨¢ la misma petici¨®n contra los cinco acusados de participado en el ataque a Pinochet. Cerca de 40 personas est¨¢n detenidas en relaci¨®n con ese atentado y con el descubrimiento de seis arsenales clandestinos.

Los defensores critican a la justicia militar por carecer de independencia. "En el caso del atentado presidencial [el 7 de septiembre], Pinochet act¨²a como juez y parte. Como comandante en jefe, designa al juez militar, y ¨¦ste al fiscal, para llevar una causa en que el propio Pinochet es el afectado", dijo el abogado Salvador Zegers, quien defiende a uno de los condenados a muerte y a un acusado de participar en el ataque contra el presidente.

Otro abogado, Alfonso Insunza, denunci¨® que ni ellos ni sus defendidos pudieron conocer el texto ¨ªntegro del fallo que les. condena a muerte, que se basa en una ley promulgada con posterioridad a los hechos.

[La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a, ante las recientes condenas a muerte dictadas por el tribunal militar chileno, ha formulado un urgente llamamiento a la opini¨®n p¨²blica internacional y ha solicitado al Gobierno espa?ol que tome las medidas diplom¨¢ticas necesarias para evitar la ejecuci¨®n de las sentencias.]