El Ejecutivo no cubrir¨¢ en 1987 las necesidades inaplazables expuestas por el poder judicial

El Gobierno no atender¨¢ en 1987 las "exigencias m¨ªnimas y urgentes" de la Administraci¨®n de justicia, expuestas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al ministro de Justicia, Fernando Ledesma. La expresi¨®n de buenas intenciones o los t¨¦rminos vagos, dilatorios o insuficientes de la respuesta gubernamental decepcionaron a algunos vocales del consejo, partidarios de su difusi¨®n a la opini¨®n p¨²blica, aunque la mayor¨ªa opt¨® por silenciarla, en evitaci¨®n de que trascienda una nueva fricci¨®n con el poder ejecutivo.

A diferentes cuestiones planteadas por el consejo sobre la dimensi¨®n excesiva de algunos tribunales colegiados, la creaci¨®n de nuevos ¨®rganos judiciales o la ampliaci¨®n de sus plantillas, el Ejecutivo se remiti¨® a la futura ley de Planta y Demarcaci¨®n [por la que se adecuar¨¢n los ¨®rganos judiciales a la actual distribuci¨®n territorial y poblacional de Espa?a]. Seg¨²n c¨¢lculos ministeriales, esta ley entrar¨¢ en vigor en el primer semestre de 1989. La ley org¨¢nica del Poder Judicial fij¨® su env¨ªo a las Cortes para antes del 3 de julio de 1986.El ministro prometi¨® que todos los ¨®rganos judiciales creados entrar¨¢n en funcionamiento "antes de que finalice el primer semestre de 1987". En cambio, sobre la creaci¨®n de nuevos juzgados y tribunales, indic¨® que el presupuesto para 1987 alcanzaba ¨²nicamente para 30 nuevos juzgados.

A prop¨®sito de los tribunales tutelares de menores, el consejo denunci¨® que la titularidad de algunos de estos ¨®rganos jurisdiccionales corresponde a personas ajenas a la carrera judicial o que compatibilizan esta funci¨®n con otro destino judicial y propuso arbitrar alguna f¨®rmula urgente, advirtiendo que la situaci¨®n actual incurre en "posible inconstitucionalidad". La respuesta ministerial fue que "ser¨ªa aconse able" anticipar la adecuada regulaci¨®n de su funcionamiento, hasta que se apruebe la ley de Planta.

Dep¨®sitos de detenidos

El consejo plante¨® al Gobierno que en muchas poblaciones, especialmente en las zonas rurales y alrededores de las grandes ciudades, los dep¨®sitos municipales de detenidos "mantienen un deficiente estado de conservaci¨®n". Igualmente se?al¨® que "se han detectado situaciones de permanencia excesiva de los presos preventivos en tales dependencias por la falta de agilidad de los mecanismos de traslado a las prisiones provinciales", que en muchos juzgados no hay salas adecuadas "para la estancia de los detenidos durante el tiempo que han de permanecer en el juzgado para la pr¨¢ctica de las correspondientes diligencias procesales" y que "hay quejas sobre la insuficiente dotaci¨®n para manutenci¨®n de presos y detenidos". S¨®lo este ¨²ltimo punto mereci¨® respuesta gubernamental, en el sentido de que la manutenci¨®n "quedar¨¢ seguramente establecida en la cantidad de 1.150 pesetas por preso y d¨ªa".

El consejo censur¨® la insuficiente dotaci¨®n presupuestaria para indemnizaciones a testigos en procesos penales, as¨ª como la ausencia de int¨¦rpretes y peritos adscritos permanentemente a los ¨®rganos judiciales, y se?al¨® que estas carencias producen indefensi¨®n, demora o paralizaci¨®n de procesos penales. Propuso un r¨¦gimen de contratos laborales, similar al utilizado para psic¨®logos y asistentes sociales en los juzgados de familia. El Ejecutivo contest¨® que se van a contratar 15 int¨¦rpretes de lenguas auton¨®micas y que para 1987 hay 20 millones de pesetas para pagar int¨¦rpretes de lenguas extranjeras, as¨ª como 40 millones ampliables para testigos y peritos.

Tambi¨¦n se expusieron al Gobierno la falta de libros adecuados y suficientes para el trabajo judicial y la conveniencia de un programa de creaci¨®n de bibliotecas de obras doctrinales y de jurisprudencia en los ¨®rganos colegiados territoriales y en los decanatos. La respuesta fue que se ha aumentado el presupuesto por este concepto de cinco millones para 1986 a 75 millones para 1987 y que "es voluntad del ministerio que en cada Audiencia Provincial exista una buena biblioteca, dada la imposibilidad de que exista en cada ¨®rgano judicial".

El consejo calific¨® como de muy deficientes" las instalaciones para la pr¨¢ctica de diligencias de medicina legal (reconocimiento de lesionados u otras v¨ªctimas de delitos y pr¨¢ctica de autopsias) y denunci¨® la falta de medios e instalaciones para el tratamiento inmediato de personas necesitadas de atenci¨®n m¨¦dica, especialmente adictas a drogas t¨®xicas en situaci¨®n de abstinencia.

Justicia reconoci¨® estas deficiencias y acept¨®, para el futuro, la propuesta de creaci¨®n de institutos regionales y provinciales de medicina legal y dio cuenta de la elaboraci¨®n del reglamehto de m¨¦dicos forenses. Los consejeros del poder judicial echaron en falta soluciones r¨¢pidas y concretas. "No se nos indic¨®", dijeron, "la cobertura presupuestaria de este cap¨ªtulo para el pr¨®ximo ejercicio". Algunos vocales del consejo estimaron igualmente propio de un "di¨¢logo de sordos" la falta de una respuesta m¨¢s concreta del Gobierno sobre la propuesta de acometer un plan de dotaci¨®n de medios materiales para los juzgados de paz, que fue despachada con la manifestaci¨®n ministerial de "la preocupaci¨®n por su ftincionamiento".

A la denuncia del consejo, recogiendo las quejas de algunos titulares de ¨®rganos judiciales sobre la carencia de medios de transporte y la conveniencia de su adscripci¨®n a la funci¨®n judicial en poblaciones populosas atendidas por una pluralidad de ¨®rganos judiciales, el ministerio se limit¨® a decir que deber¨¢ verificarse "que la utilizaci¨®n de los veh¨ªculos es eficaz, dado el alto coste anual que supone este servicio".

Medios de transporte

Justicia reconoci¨® que no env¨ªa a los ¨®rganos judiciales con la debida puntualidad los fondos correspondientes a consignaciones dinerarias por salidas y otras actuaciones judiciales, as¨ª como dietas y otros gastos y manifest¨® su prop¨®sito de solucionar este problema para 1987. En cambio, no se pronunci¨® sobre la afirmaci¨®n del consejo de que, desde que se suprimieron las indemnizaciones por salidas pagadas por el justiciable, los asuntos se paralizan frecuentemente por "la resistencia en muchos casos ejercida por los funcionarios que ahora carecen de incentivo". La potestad disciplinaria sobre estos funcionarios corresponde al Ministerio de Justicia.