Publicidad para la colza

AL JUICIO de la colza o del s¨ªndrome t¨®xico, cuyo inicio ha sido fijado para el 30 de marzo, se le califica ya como el m¨¢s importante de la historia de la justicia espa?ola o como el juicio del siglo. Tambi¨¦n es un banco de pruebas para la endeble estructura de la justicia espa?ola.Indudablemente es un desaf¨ªo para los jueces discernir la verdad judicial entre tantas hip¨®tesis cient¨ªficas sobre las causas del envenenamiento masivo y entre los intereses antag¨®nicos de procesados y v¨ªctimas. En el banquillo de los acusados se sentar¨¢n 38 empresarios y qu¨ªmicos de la industria aceitera (otros dos se encuentran en rebeld¨ªa fuera de Espa?a), y en estrados llevar¨¢ la defensa o la acusaci¨®n privada casi un centenar de abogados. En la sala del juicio -el auditorio del recinto ferial de la Casa de Campo, habilitado a estos efectos- podr¨¢n seguir el desarrollo de las sesiones unas 700 personas. Aforo, sin embargo, a todas luces insuficiente para dar cabida a los 25.000 afectados si todos ellos estuvieran en condiciones f¨ªsicas y an¨ªmicas para asistir al juicio. Porque 6.000 de ellos todav¨ªa sufren en estos momentos secuelas irreversibles.

Mientras tanto, en el recuerdo de todos -dentro y fuera de la sala- estar¨¢n las 386 v¨ªctimas mortales oficialmente censadas hasta ahora, que seg¨²n otras cifras alcanzan a m¨¢s de 600.

Los jueces tendr¨¢n que enfrentarse a la enrevesada prosa de los 250.000 folios del sumario; deber¨¢n escuchar la deposici¨®n de cerca de 2.500 testigos y atender a los informes t¨¦cnicos que han elaborado unos 250 peritos, parte de ellos extranjeros. Trabajo ingente que exigir¨¢ por lo menos cinco o seis meses de sesiones. Como se ve, datos todos ellos abultados e ins¨®litos en la historia judicial espa?ola, a pesar de que no han sido infrecuentes en ella los procesos de fuerte repercusi¨®n social.

Si hasta ahora no ha sido posible determinar la causa de tantos da?os, a pesar de la ingente investigaci¨®n cient¨ªfica realizada, menos va a ser esto posible, evidentemente, en el acto del juicio. Tampoco es ¨¦sta la misi¨®n de los juzgadores. Su misi¨®n es valorar las pruebas que se aporten al juicio y dictar la sentencia que corresponda. Aunque entre todas ellas destaca por su probabilidad la de que el aceite de colza industrial destinado fraudulentamente al consumo humano fue el veh¨ªculo que llev¨® la tragedia a miles de hogares modestos en un amplio espacio de la geograf¨ªa espa?ola. Y por eso se dilucida ahora la responsabilidad penal de quienes aparecen como culpables de este macabro mercadeo.

Es probable que en un posterior proceso se contemple la responsabilidad penal de quienes a nivel pol¨ªtico y administrativo hicieron posible, en una mezcla de omisiones, negligencias y consentimientos, el desarrollo de ese tr¨¢fico homicida bajo las mismas narices de la Administraci¨®n p¨²blica. Y es en este proceso donde podr¨ªa tener soluci¨®n el grave problema de las cuantiosas indemnizaciones a favor de las v¨ªctimas y de los afectados, endosando al Estado el pago de las mismas. Seg¨²n han dejado entrever fuentes judiciales, esta obligada satisfacci¨®n a las v¨ªctimas no podr¨¢ ser asumida por los actuales procesados, en el supuesto de que fueran condenados, dada la insuficiencia de los bienes de sus empresas.

Pero si el juicio de la colza tiene un objetivo delimitado y, por lo que parece, escasos efectos indemnizatorios a favor de las v¨ªctimas, s¨ª puede tener un importante efecto pedag¨®gico o terap¨¦utico positivo sobre la sociedad espa?ola. Un atento seguimiento del mismo deber¨ªa servir para que la ciudadan¨ªa de este pa¨ªs, y sobre todo los grupos sociales dirigentes y los responsables pol¨ªticos, tomen conciencia de que un hecho de consecuencias tan desvastadoras sobre el entramado social no puede tener cabida en una sociedad medianamente organizada. Por eso es indispensable que la vista oral y p¨²blica del juicio de la colza tenga la m¨¢xima publicidad. Ser¨ªa deseable que las c¨¢maras de la televisi¨®n aprovecharan este caso para estrenarse en el interior de una sala de juicio. La sociedad espa?ola en su conjunto, destinataria indiscriminada de la acci¨®n criminal, tiene derecho a estar presente en la vista.