Las atribuciones del Consejo Social sobre el profesorado violan la autonom¨ªa acad¨¦mica

El Tribunal Constitucional declar¨® ayer, por mayor¨ªa de seis magistrados y con los votos particulares de los cuatro restantes, la inconstitucionalidad parcial de la ley de Reforma Universitaria (LRU), de 25 de agosto de 1983, as¨ª como la obligada interpretaci¨®n de algunos de sus preceptos seg¨²n los fundamentos jur¨ªdicos de la sentencia. El alto tribunal anula las atribuciones del Consejo Social, de mayor¨ªa extra acad¨¦mica, sobre el profesorado, por estimar que atentan contra la autonom¨ªa universitaria, entendida como derecho fundamental colectivo.

En concreto, el m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n anula las competencias del Consejo Social de cada universidad para decidir si procede o no la minoraci¨®n o el cambio de denominaci¨®n o categor¨ªa de determinados catedr¨¢ticos y profesores y para modificar la plantilla del profesorado de la universidad respectiva. La sentencia estima que tales atribuciones del Consejo Social, ¨®rgano de participaci¨®n de la sociedad en las universidades, en el que es minoritaria la representaci¨®n universitaria, vulnera el art¨ªculo 27. 10 de la Constituci¨®n, que establece: "se reconoce la autonom¨ªa de las universidades, en los t¨¦rminos que la ley establezca".El alto tribunal razona que esta habilitaci¨®n a la ley no permite al legislador violar el contenido esencial del derecho fundamental reconocido, de acuerdo con lo que exige el art¨ªculo 53.1 de la Constituci¨®n. Y las atribuciones citadas afectan, dice la sentencia, al contenido esencial de la autonom¨ªa universitaria, que entendida en su "vertiente colectiva o institucional" -como la libertad de c¨¢tedra y de ense?anza en su vertiente individual- "no puede quedar desvirtuada mediante la atribuci¨®n de facultades decisorias, en materia estrictamente acad¨¦mica, a un ¨®rgano con la composici¨®n" del Consejo Social.

Por lo dem¨¢s, la sentencia, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado en noviembre de 1983 por el Gobierno vasco, desestima la mayor parte de los motivos de inconstitucionalidad planteados, especialmente los que se fundamentaban en la violaci¨®n de las competencias atribu¨ªdas a la comunidad aut¨®noma vasca por el art¨ªculo 16 del Estatuto de Guernica. El Tribunal Constitucional reconoce que las referencias a la ley que se hacen en numerosas materias deben remitirse no s¨®lo a la LRU, sino tambi¨¦n a las normas legales dictadas por la comunidad aut¨®noma.

Corporativismo

La sentencia, de la que ha sido ponente Fernando Garc¨ªa-M¨®n, consta de 75 folios y ha sido interpretada en fuentes gubernamentales -que recordaron que nueve de los 12 magistrados son catedr¨¢ticos- como excesivamente corporativista, ya que recorta las funciones de los Consejos Sociales en beneficio del sector acad¨¦mico. Fuentes del Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia resaltaron que el alto tribunal ha respaldado la LRU en 33 de los 36 puntos impugnados.

Los votos particulares reprochan a la mayor¨ªa, entre otras cosas, la inutilidad y obviedad de algunas declaraciones interpretativas, que consideran impropias de la funci¨®n del alto tribunal. As¨ª lo expresa, en concreto, Francisco Rubio Llorente, con la adhesi¨®n de Eugenio D¨ªaz Eimil. Este voto particular discrepa de que la autonom¨ªa universitaria se configure como un derecho fundamental, en lugar de como una garant¨ªa institucional y disiente "radicalmente" de que como sujeto de ese supuesto derecho se sustituya a la universidad por la comunidad universitaria.

Luis D¨ªez-Picazo a?ade que una vez que se reconoce la legitimidad del Consejo Social, como hace la sentencia, "no creo", dice, "que puedan declararse inconstitucionales los preceptos que le atribuyen funciones, por el hecho de que ¨¦stas entren en colisi¨®n con un hipot¨¦tico derecho de la comunidad universitaria". Por ¨²ltimo, ?ngel Latorre recuerda que la concepci¨®n de la autonom¨ªau niversitaria como un derecho fundamental tiene como consecuencia, entre otras, que cada universidad puede interponer recurso de amparo.