32 millones de embargo para cubrir 6.000 de indemnizaciones
El juzgado que investigaba el s¨ªndrome t¨®xico dict¨® auto de procesamiento el 15 de julio de 1981 contra los principales implicados, y les fij¨® una fianza solidaria de 6.000 millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles. A los siete acusados con supuesta mayor implicaci¨®n s¨®lo se les han conseguido embargar en total bienes por valor de 32 millones.El juzgado embarg¨® a Enric Salom¨® propiedades valoradas en 3.735.000 pesetas, que corresponden al apartamento de Cambrils donde fue asesinada su esposa y a 50 acciones de la empresa Tarrag¨® Dochs. El valor de lo embargado a los hermanos Juan Miguel y Fernando Bengoechea asciende a 15 millones de pesetas, 13 de los cuales corresponden a bienes inmobiliarios; el resto son acciones.
A Tom¨¢s Baviera Mu?oz se le embarg¨® una parte de una finca de Torrente (Valencia), una plaza de garaje y dos veh¨ªculos, valorado todo ello en 1.200.000 pesetas
El juzgado no embarg¨®, no obstante, las acciones de Envasadora Levantina, valoradas en 6.415.000, porque no cotizan en bolsa, ni un local comercial en Torrente que hab¨ªa vendido meses antes de que se dictara la providencia de embargo. A su hermano Agust¨ªn Baviera s¨®lo se le ha embargado un veh¨ªculo Mercedes Benz 280, valorado en 2.900.000 pesetas.
El juzgado embarg¨® a Ram¨®n Ferrero bienes mobiliarios valorados en 3.200.000 pesetas, una camioneta peritada en 400.000, y unos muebles cuyo valor no se especifica. A su hermano El¨ªas se le embarg¨® el piso y una parcela de Alcorc¨®n (Madrid), as¨ª como una planta baja situada en el barrio de Canillejas, tasado todo ello en 5.650.000 pesetas.
Los embargos de los bienes de los implicados en el sumario de la colza han provocado todo tipo de suspicacias, ya que se considera que las cantidades son rid¨ªculas si se tiene en cuenta la importancia econ¨®mica de las empresas afectadas.
Algunos acusadores consideran que la falta de celeridad con que actu¨® el juzgado al ejecutar los embargos permiti¨® que muchos implicados pudieran efectuar importantes modificaciones en su patrimonio.
Algunas de las operaciones realizadas por los implicados poco antes de dictarse los procesamientos y de ex¨ªg¨ªrseles fianza han sido ya investigadas, lleg¨¢ndose incluso a abrir en el caso del aceitero Ram¨®n Alabart, de Reus (Tarragona), un procedimiento penal por presumirse un alzamiento de bienes. Este sumario fue sobreseido recientemente.
El abogado querellante Ignacio Uriarte asegura que el problema de los embargos es una cuesti¨®n pendiente que "habr¨¢ que investigar con lupa".
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