Retraso en los impulsos a la construcci¨®n europea

La construcci¨®n europea tendr¨ªa que recibir a lo largo de este a?o dos nuevos impulsos con la entrada en vigor del Acta ¨²nica Europea, que modifica y completa en parte el Tratado de Roma, y la adopci¨®n de un nuevo sistema de financiaci¨®n. Pero la puesta en pr¨¢ctica del primero se demora, y el segundo suscita numerosas reservas y acabar¨¢ probablemente por ser vaciado en parte de su contenido, seg¨²n opinan fuentes diplom¨¢ticas.

El Acta ¨²nica, la mayor reforma desde que hace 30 a?os fue concluido el Tratado de Roma que dio lugar a la CE, deber¨ªa haber sido puesta en pr¨¢ctica el 1 de enero de este a?o, pero la tardanza, primero, del Parlamento griego en ratificarla y la batalla jur¨ªdica entablada despu¨¦s en Irlanda sobre su constitucionalidad han aplazado su aplicaci¨®n.Aprobada por los doce en la cumbre de Luxemburgo de 1986, el objetivo del Acta ¨²nica consiste en ampliar las competencias comunitarias a una serie de materias que abarcan desde el me dio ambiente hasta la investigaci¨®n, pasando por la cooperaci¨®n en pol¨ªtica exterior, y agilizar el funcionamiento de la CE, limitando a cuatro campos las decisiones que requerir¨¢n la unanimidad de sus miembros, mientras todas las dem¨¢s podr¨¢n ser adoptadas por mayor¨ªa cualificada.

Esta modificaci¨®n del procedimiento de votaci¨®n, as¨ª como la extensi¨®n de unas competencias para las que no vislumbra l¨ªmites, incitaron al economista irland¨¦s Raymond Crotty a interponer un recurso por inconstitucionalidad que fue desestimado a mediados de febrero por la Divisional Court de Dubl¨ªn y sobre el que debe pronunciarse ahora el Tribunal Supremo. En el mejor de los casos, el Acta podr¨ªa entrar en vigor el 1 de abril, pero, seg¨²n el informe sobre la cuesti¨®n elaborado por el eurodiputado socialista alem¨¢n Joachim Seelr, una sentencia del Tribunal Supremo irland¨¦s contraria a Crotty podr¨ªa ser nuevamente re currida ante el Tribunal de Justicia de la CE, lo que aplazar¨ªa su puesta en pr¨¢ctica hasta junio o julio.

Antes incluso de ser aplicada, la reforma suscita diferencias de apreciaci¨®n entre los Estados miembros. En el ¨²ltimo Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, celebrado la semana pasada en Bruselas, los participantes se enfrentaron, por ejemplo, sobre la concesi¨®n a la Comisi¨®n Europea de mayores poderes ejecutivos que el Reino Unido, Alemania Occidental y Dinamarca se resisten a otorgarle.

M¨¢s graves a¨²n son las divergencias entre los doce sobre la subsistencia del llamado compromiso de Luxemburgo, una regla no escrita que desde 1966 autoriza a un Estado a bloquear una decisi¨®n supuestamente contraria a sus intereses vitales y que en la pr¨¢ctica equivale a un derecho de veto que puede vaciar de con tenido las votaciones. por mayo r¨ªa cualificada.

Para conseguir acaso la aprobaci¨®n del Acta ¨²nica por la Asamblea Nacional Francesa, el jefe de la diplomacia gala, Jean Bernard Raimond, asegur¨® en su d¨ªa que el "compromiso segu¨ªa siendo v¨¢lido", y m¨¢s reciente mente el representante espa?ol ante la CE, Carlos Westendorp, se?alaba que Espa?a podr¨ªa echar mano de esa f¨®rmula si la Comunidad suprimiese alg¨²n d¨ªa sus ayudas al sector, vital para Espa?a, de los aceites y materias grasas vegetales.

La entrada en vigor del Acta y la creaci¨®n de aqu¨ª a 1992 de ese gran mercado interior en el que todas las fronteras entre los doce quedar¨¢n abolidas conlleva, seg¨²n el presidente de la Comisi¨®n Europea, el franc¨¦s Jacques De lors, una reforma en profundidad del sistema de financiaci¨®n de la CE, que ahora se encuentra al borde de la bancarrota.

A mediados de febrero pasado, Delors expuso ante el Parlamento Europeo las l¨ªneas maestras de su ambicioso proyecto, que prev¨¦ a?adir, por lo menos, un nuevo recurso a los tradicionales de la CE -aranceles y una parte del impuesto sobre el valor a?adido recaudado en cada Estado-, consistente en un porcentaje de la diferencia entre el producto nacional bruto (PNB) y el IVA. Tambi¨¦n preconiz¨® en su discurso duplicar la dotaci¨®n presupuestaria de los llamados fondos estructurales destinados a atenuar las diferencias de desarrollo entre regiones ricas y pobres.

La acogida reservada a su plan ha sido tibia. En la reuni¨®n que celebraron a finales de febrero, en las afueras de Bruselas, para debatir del tema, los ministros de Exteriores de los pa¨ªses septentrionales discrepan de los meridionales, generalmente algo m¨¢s favorables al proyecto que sus hom¨®logos de los Estados del Norte. Ni siquiera entre sus principales beneficiarios la adhesi¨®n a las tesis de Delors es incondicional. El ministro espa?ol de Asuntos Exteriores, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, reconoc¨ªa el mes pasado que "nuestros objetivos coinciden con los suyos", pero el comisario espa?ol Manuel Mar¨ªn lamentaba que en el seno de la Administraci¨®n espa?ola algunos responsables se opongan a, por ejemplo, la duplicaci¨®n de los fondos estructurales bajo el pretexto de que muchos de sus programas de desarrollo son cofinanciados por la Comunidad Europea y el Estado beneficiario, y contribuyen, por tanto, a agravar el d¨¦ficit p¨²blico espa?ol.