La venta de aceite a granel mantiene el peligro de un nuevo envenenamiento masivo

La venta de aceite se sigue realizando en Espa?a sin etiquetado y a granel, seis a?os despu¨¦s de ocurrir el s¨ªndrome t¨®xico y cuando quedan tres d¨ªas para que comience el juicio de la colza. As¨ª lo ha comprobado EL PA?S en diversos puntos. El aceite t¨®xico supuestamente causante del envenamiento masivo se vendi¨® frecuentemente de igual forma. Los responsables de los departamentos estatales de control de alimentos admiten que un envenenamiento de ese tipo puede volver a ocurrir, aunque precisan que ahora es mucho m¨¢s dif¨ªcil por las medidas de control desplegadas, que en materia de inspecci¨®n y sanci¨®n de venta fraudulenta corresponden a las autonom¨ªas y los Ayuntamientos. Oposici¨®n y consumidores juzgan escasa y descoordinada la vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes y apuntan diversos focos de riesgo (venta ambulante, quesos frescos y mezclas de aceite).

Dos redactores de EL PA?S han podido comprobar la venta a granel y sin etiquetado de aceite en tres pueblos de Toledo. El incumplimiento de las normas de precintado, envasado y venta de aceites se extiende a otros pueblos y otras provincias, seg¨²n numerosos testimonios. Sin embargo, en la Administraci¨®n se ensalza la obra realizada desde el s¨ªndrome t¨®xico para prevenir una nueva cat¨¢strofe por intoxicaci¨®n alimentaria.Los d¨ªas 8 y 9 de junio de 1982 el Congreso debati¨® las conclusiones de la comisi¨®n parlamentaria que investig¨® el proceso t¨®xico. Entre otras medidas, se pidi¨® al Gobierno de UCD un plan de mataderos; la refundici¨®n y actualizaci¨®n de las sanciones, y una relaci¨®n de las plantas de refinado y de las de esterificaci¨®n -producci¨®n mediante reacciones qu¨ªmicas- de aceites, as¨ª como de los organismos con competencias sobre control de alimentos. Tambi¨¦n se reclam¨® la divulgaci¨®n de la normativa sobre etiquetado y que las licencias para importar productos no alimentarios desviables a consumo humano -competencia de Hacienda- se concediesen s¨®lo al destinatario final. Los socialistas, desde la oposici¨®n, defendieron con ardor tales exigencias. El PSOE lleg¨® al Gobierno apenas cinco meses despu¨¦s.

El plan de mataderos y la refundici¨®n de sanciones son ya realidades. Hacienda se limita a explicar que apenas se importa colza -"s¨®lo un poco a Canarias"- y que aplica la normativa comunitaria en lo referente a controles previos o posteriores, pero ning¨²n responsable se presta a detallarlos.Competencias repartidas

Ning¨²n departamento sabe recitar los organismos estatales con competencia sobre control de alimentos, repartidos, al menos, entre Sanidad, Agricultura y Hacienda. Resulta imposible no s¨®lo averiguar cu¨¢ntas plantas hay de esterificaci¨®n, consideradas la principal fuente de fraude del aceite cuando se debati¨® el s¨ªndrome t¨®xico, sino qu¨¦ ministerio debe controlarlas: Sanidad, Industria y Agricultura se acusan entre s¨ª. Agricultura s¨ª ofrece el dato de que existen 120 plantas de refino. Y la divulgaci¨®n de las normas de etiquetado ofrece lagunas: al menos en tres pueblos toledanos el aceite se vende sin ella.

En Sanidad y Consumo, los altos cargos consultados coinciden en que desde 1982 se ha realizado un ¨ªmprobo esfuerzo legislativo para regular el control de alimentos y la protecci¨®n del consumidor.

En 1984 se aprueba la, ley General de Protecci¨®n a los Consumidores y Usuarios, que "sit¨²a a Espa?a en el mejor nivel de protecci¨®n". El C¨®digo Alimentario de 1967 se ha "desarrollado desde 1982 en un 80%". Y en un decreto de 1983 se refunden las sanciones. Su cuant¨ªa se eleva a 100 millones o 10 veces el valor de los bienes y servicios objeto de multa, y se posibilita el cierre del establecimiento. Para mostrar la eficacia de esta labor, un alto cargo de Sanidad afirma: "En 1983, el 80% de las reclamaciones era sobre alimentos; ahora s¨®lo es el 12%".

No faltan, pues, normas ni sanciones. Su cumplimiento y aplicaci¨®n corresponde a las administraciones aut¨®nomicas y municipales. Los Ayuntamientos centran su vigilancia en el comercio minorista; y las comunidades aut¨®nomas, en las f¨¢bricas, el transporte o los mayoristas. No hay datos globales sobre el n¨²mero de inspectores -en Sanidad s¨®lo indican que son m¨¢s de 800- o de acciones realizadas. En la Subdirecci¨®n de Defensa Contra Fraudes, de Agricultura, se asegura que ¨¦ste es el ¨²nico organismo estatal con competencias inspectoras y sancionadoras (en 1986 mult¨® por valor de 163 millones de pesetas). Este departamento lo dirige actualmente Antonio Bard¨®n, el mismo que era responsable del servicio contra fraudes en 1981, bajo UCD, cuando sobrevino el s¨ªndrome t¨®xico. Es uno de los 10 cargos de aquella Administraci¨®n que son investigados en un sumario aparte para esclarecer sus responsabilidades en el envenenamiento masivo. En 1983 eran 76 los inspectores; ahora son 175. Vigilan las industrias alimentarias -preferentemente, las de ¨¢mbito supracomunitario-, y los productos que emplean agricultores y ganaderos (piensos, sennillas o fertilizantes).

En esta subdirecci¨®n se asegura que, por la v¨ªa de hecho -inmovilizar todas las existencias de una industria-, se ha logrado cerrar varias f¨¢bricas, dada la compleji.dad para hacerlo de rnodo oficial.

La Administraci¨®n central, afirman en Sanidad, dedica especial atenci¨®n a la vigilancia mediante inspecciones y an¨¢lisis de unos determinados productos por creer que un nuevo s¨ªndrome t¨®xico s¨®lo podr¨ªa sobrevenir a trav¨¦s de ellos: aceites, alcoholes, alimentos infantiles y productos l¨¢cteos. El riesgo de estos productos estriba en que tienen una amplia difusi¨®n y son susceptibles de adulteraci¨®n o transformaci¨®n en laboratorios. En consecuencia, cualquier otra v¨ªa de intoxicaci¨®n -conservas en mal estado, jamones con botulismo o partida de carne- siempre tendr¨ªa un alcance mucho m¨¢s restringido, seg¨²n afirman.

Espa?a, por otro lado, se ha enganchado a la red de alerta de fraudes y proyectos peligrosos de la CE, que agiliza el intercambio de informaciones sobre irregularidades en alimentos. Autonom¨ªas y ayuntamientos ser¨¢n conectados en el futuro a la red.

"Descoordinaci¨®n sobre importaciones no hay, lo que existe es una multiplicidad de acciones administrativas", dice un alto cargo de Sanidad. El control estatal sobre alimentos se diversifica as¨ª: si es un animal vivo corresponde a Agricultura; si est¨¢ muerto o es un producto ya elaborado, le compete a Sanidad; y Comercio vigila que se cumplan las normas de calidad.

El optimismo de la Administraci¨®n no es cornpartido por la oposici¨®n y los consumidores. Miguel Ram¨ªrez, diputado de AP, precisa tres puntos cr¨ªticos: "El 60% de los quesos frescos no cumple los requisitos de pasteurizaci¨®n de la leche o envejecimiento, para garantizar que no den brucelosis; convendr¨ªa reducir el nivel de radiactividad admisible en la leche fresca importada, como han hecho Austria y Suecia a ra¨ªz del accidente de Chernobil; y no autorizar que se comercialice carne congelada durante m¨¢s de tres meses, como ha hecho el Gobierno para contener los precios".

Ram¨®n Espasa, diputado de Izquierda Unida, tambi¨¦n ve dificil que se produzca una colza-bis, pero opina, no obstante: "Espa?a tiene un bajo nivel de normativa y de vigilancia, que no alcanza la mitad de lo que es normal en los pa¨ªses de la Comunidad Europea. Y, por ejemplo, sigue habiendo productos sin fecha de caducidad".

Jes¨²s Sancho Rof, que fue ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, con UCD, de marzo de 1981 a noviembre de 1982, y que actualmente es diputado del PDP, opina que s¨ªerripre que haya un desaprensivo se puede producir un fraude alimentar¨ªo. "Es incontrolable, aunque haya unos filtros al 100%". "B¨¢sicamente, en estos momentos el tema es la venta ambulante de alimentos sin control sanitario. La normativa es buena, pero los ayuntamientos deben vigilar eso", afirma.

Al menos tres ayuntamientos de Toledo no parecen darse por aludidos.