Tri¨¢ngulos de armas

CONTRA LAS pruebas presentadas por el diputado de Izquierda Unida Enrique Curiel, que han venido a sumarse a evidencias ya conocidas por la opini¨®n p¨²blica, el Gobierno, en esta ocasi¨®n por boca del secretario de Estado de Comercio, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, sigue manteniendo que Espa?a respeta escrupulosamente la normativa internacional sobre venta de armamento. Dicha normativa, apoyada en resoluciones de la ONU y de la CE, impide la venta de armas a Sur¨¢frica, Chile y Paraguay, por una parte; a Libia y Siria, por otra, y a todos los pa¨ªses en guerra, finalmente.Izquierda Unida tiene en su poder documentos seg¨²n los cuales empresas espa?olas han vendido, a lo largo de 1985 y primeros meses de 1986, diverso material militar -proyectiles para ca?ones, granadas, cargas propulsoras- oficialmente destinado a las fuerzas armadas sirias y libias, respectivamente, pero cuyo destino final fue, seg¨²n las propias firmas vendedoras, el Ej¨¦rcito iran¨ª. El hecho de que la compa?¨ªa contratante del transporte tuviera esta ¨²ltima nacionalidad ser¨ªa un dato complementario en favor de la hip¨®tesis de la triangulaci¨®n: las armas destinadas a pa¨ªses en guerra, como Ir¨¢n, ser¨ªan vendidas a trav¨¦s de terceros, a fin de obtener el visto bueno de la junta interministerial que debe autorizar tales operaciones.

Esta pr¨¢ctica es habitual en todo el mundo. Los pa¨ªses fabricantes de armas necesitan, para que ese sector resulte viable desde el punto de vista de la dimensi¨®n de las empresas, desviar una parte de la producci¨®n al mercado internacional, una parte sustancial del cual est¨¢ formada por los pa¨ªses en guerra. El propio presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, reconoci¨® impl¨ªcitamente, en el debate sobre el estado de la naci¨®n celebrado en febrero, que el objetivo de aumentar la independencia de Espa?a en materia de armamento exig¨ªa exportar parte de la producci¨®n, insinuando al respecto la conveniencia de modificar la actual normativa, demasiado restrictiva en su opini¨®n. Tambi¨¦n admiti¨® la posibilidad de que determinadas partidas sean desviadas, a trav¨¦s de terceros pa¨ªses, hacia algunos de los incluidos en la lista de prohibidos, pero neg¨® rotundamente, en respuesta a una acusaci¨®n de Gerardo Iglesias, que Espa?a hubiera quebrantado la legalidad autorizando operaciones en las que el destino conocido de las ventas fuera Ir¨¢n.

Poco despu¨¦s, y haci¨¦ndose eco de la misma inquietud, el diputado del Centro Democr¨¢tico y Social Agust¨ªn Rodr¨ªguez Sahag¨²n solicit¨® las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Armas. El Gobierno respondi¨® que tales actas figuran entre las materias clasificadas con categor¨ªa de secreto. De esta manera, el reconocimiento impl¨ªcito se torn¨® pr¨¢cticamente expl¨ªcito. Pues si realmente la normativa hab¨ªa sido respetada, ninguna dificultad habr¨ªa para hacer p¨²blica la documentaci¨®n relativa a las ventas autorizadas, siempre que se reservase la confidencialidad, seguramente exigida por los compradores, respecto a las caracter¨ªsticas t¨¦cnicas del material.

En realidad, se trata de una cuesti¨®n en torno a la que todo el mundo, y en casi todo el mundo, la verdad de las declaraciones no es precisamente una cuesti¨®n especialmente valorada. Por eso pudo afirmar Gonz¨¢lez, en la mencionada ocasi¨®n, que "nadie, cualquiera que sea su ideolog¨ªa, puede darnos lecciones de moral en esta materia". Pero si ello es gen¨¦ricamente cierto respecto al hecho de la venta en s¨ª -incluido el truco de las triangulaciones para burlar la letra de la ley-, dista de ser evidente que la hipocres¨ªa sea obligatoria. El presidente de la mayor potencia industrial y militar del mundo, Ronald Reagan, est¨¢ siendo objeto de investigaci¨®n por haber presuntamente ocultado al legislativo norteamericano informaci¨®n sobre ventas de armas a Ir¨¢n, pa¨ªs sometido a embargo. En Espa?a, el control del Parlamento sobre la cuesti¨®n no s¨®lo ser¨ªa imposible, sino, te¨®ricamente, ilegal, dado que la ley de secretos oficiales impide indagar sobre el contenido de las materias consideradas como tales.

El secretario de Estado de Comercio declar¨® en el Congreso que el Gobierno est¨¢ preparando "diversas medidas para perfeccionar el sistema de autorizaciones". No estar¨ªa de m¨¢s que entre esas medidas, imprescindibles si se quiere evitar la generalizada sospecha de que la actual legalidad se vulnera permanentemente, figurasen las relativas al efectivo control parlamentario de cuantas operaciones en relaci¨®n al asunto sean autorizadas, tal y como insistentemente vienen reclamando varios diputados.