La ley de las zonas territoriales

El proyecto de ley de la televisi¨®n privada de la Administraci¨®n socialista, junto con la iniciativa legislativa que pretende regular las telecomunicaciones, contribuye, seg¨²n el autor, a alejar la posibilidad de hacer efectiva una pol¨ªtica de comunicaci¨®n moderna, adecuada a los retos actuales.

Despu¨¦s de los fracasos sufridos por los sucesivos proyectos de ley de Ordenaci¨®n de las Comunicaciones (LOC), ante la incapacidad de dise?ar una pol¨ªtica global, el Gobierno ha optado finalmente por la legislaci¨®n sectorial, de riesgo calculado, en materia de pol¨ªticas de comunicaci¨®n.Las grandes decisiones se desgajan legislativamente. Por una parte, la ley de Organizaci¨®n de las Telecomunicaciones (LOT), y por otra, la ley de la Televisi¨®n Privada (LTVP). Se va alejando as¨ª la posibilidad de hacer efectiva una pol¨ªtica de comunicaci¨®n moderna que sea capaz de afrontar nuestros m¨¢s importantes retos: adaptaci¨®n del sistema comunicativo a un modelo de Estado democr¨¢tico y no centralista, defensa del pluralismo en las nuevas condiciones tecnol¨®gicas y econ¨®micas del sistema comunicativo, desarrollo cultural frente a la creciente invasi¨®n de las multinacionales de la cultura y articulaci¨®n de las inversiones en este sector con el desarrollo de la industria electr¨®nica y de las telecomunicaciones.

As¨ª las cosas, el debate social y la votaci¨®n parlamentaria sobre la televisi¨®n privada deber¨¢n hacerse ahora con los ojos vendados respecto de otros importantes aspectos del sistema comunicativo a¨²n pendientes de legislaci¨®n o planificaci¨®n: la recepci¨®n de la televisi¨®n v¨ªa sat¨¦lite, los servicios de cable distribuci¨®n (videotexto, televisi¨®n cable, servicios documentales), la pol¨ªtica de desconexi¨®n o ampliaci¨®n de los canales de las televisiones p¨²blicas, estatales y auton¨®micas, el futuro de otras formas posibles de televisi¨®n v¨ªa ¨¦ter (regionales, comarcales, municipales) que la LTVP parece recordar s¨®lo en uno de sus art¨ªculos, el 31..., que advierte de la incautaci¨®n y cierre inmediato.

Defensa del pluralismo

El principal argumento ideol¨®gico-pol¨ªtico del proyecto de ley es el freno a los oligopolios y la defensa del pluralismo. Pero las ¨²nicas soluciones que se proponen para alcanzar este objetivo -limitaci¨®n en la participaci¨®n del capital del 15% para las empresas de comunicaci¨®n y del 25% para otro tipo de empresas- no parece que puedan garantizar aquellos plausibles objetivos.

El proyecto de ley tambi¨¦n merece ser criticado por parte de aquellos que siempre nos hemos manifestado abiertamente partidarios de entender la televisi¨®n como un servicio p¨²blico.

Teniendo en cuenta las condiciones territoriales que la misma ley impone y que las tres concesiones que se anuncian se reservan para proyectos de car¨¢cter megatelevisivo -exigencia de una cobertura estatal, 32 horas de emisi¨®n semanal m¨ªnima, capital inicial de 1.000 millones de pesetas-, puede afirmarse que lo que se propone, m¨¢s que el pluralismo, es la debilitaci¨®n institucional y la fragmentaci¨®n de los sectores de capital capaces de afrontar las inversiones de la megacomunicaci¨®n, sectores que una vez aprobada la ley podr¨¢n alcanzar f¨¢cilmente el consenso y la coordinaci¨®n.

?Qu¨¦ pluralismo podr¨¢n a?adir a la actual oferta de las empresas de comunicaci¨®n los capitalistas para los que se reserva el 25%. de las acciones de las nuevas emisoras?

Por otra parte, la limitaci¨®n -15%- que se impone indiscriminadamente a todas las actuales empresas de comunicaci¨®n muestra un excesivo temor al fortalecimiento de las instituciones de comunicaci¨®n.

Debe distinguirse entre oligopolio y consolidaci¨®n institucional de las empresas de comunicaci¨®n. En la ret¨®rica democr¨¢tica todos coincidimos en la defensa de la Prensa, pero ahora debemos tener en cuenta que el futuro de las empresas period¨ªsticas, y no s¨®lo las de vocaci¨®n estatal, depender¨¢ cada vez m¨¢s de su capacidad de transformaci¨®n multimedia (radio, televisi¨®n, Prensa, bases de datos, etc¨¦tera).

Por esto, y en mi opini¨®n, los principales l¨ªmites -al pluralismo y al desarrollo cultural- del proyecto que nos ocupa se derivan de sus opciones territoriales. El proyecto limita las iniciativas de televisi¨®n privadas a las emisoras -instituciones- de ¨¢mbito estatal.

As¨ª las cosas, marginadas las iniciativas de ¨¢mbito auton¨®mico y municipal, no se da un nuevo paso adelante, sino un paso en falso al establecer la obligatoriedad de emitir algunas horas para unas indefinidas "zonas territoriales".

Los ¨²ltimos 10 a?os de debates sobre el nuevo modelo de Estado, sobre las autonom¨ªas, los derechos culturales y ling¨¹¨ªsticos de los pueblos, no parecen haber llegado hasta el legislador. Parece imposible encontrar un concepto m¨¢s aberrante para definir el espacio audiovisual de Espa?a en la ¨¦poca de las nuevas tecnolog¨ªas que el de "zona territorial", concepto m¨¢s propio de las gu¨ªas horarias de Renfe (Noreste, Sureste, Norte, etc¨¦tera) que de cualquier pol¨ªtica inoderna, democr¨¢tica, descentralizada, de comunicaci¨®n.

Debemos insistir: los espacios de comunicaci¨®n son ex?genc¨ªas derivadas de la defensa de los espacios culturales y pol¨ªticos. La tecnolog¨ªa debe y puede ponerse al servicio de esta delimitaci¨®n y no al rev¨¦s.

Podr¨¢ arg¨¹irse que el Plan T¨¦cnico Nacional de Televisi¨®n Privada que debe delimitar estas "zonas territoriales" podr¨¢ hacerlas coincidir con las comunidades pol¨ªticas, culturales y ling¨¹¨ªsticas del Estado. Pero una ley no debe dar posibilidades sino garant¨ªas y la ley que ha aprobado el Gobierno no las da ni a los vascos, ni a los gallegos, ni a los andaluces, ni a los catalanes... Una cuesti¨®n de esta trascendencia en ning¨²n caso deber¨ªa dejarse a una libre decisi¨®n del Gobierno a propuesta del ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones de turno.

Siguiendo los pasos que en su d¨ªa dio certeramente el ministro socialista franc¨¦s J. Lang, consciente de la creciente influencia de las multinacionales de la industria audiovisual sobre nuestras culturas, el proyecto de ley incluye en su articulado una serie de medidas tendentes a defender la industria cultural propia: el 40% de la emisi¨®n debe corresponder a producci¨®n audiovisual espa?ola, cada emisora debe garantizar un m¨ªnimo del 10% de producci¨®n propia, incluso se avanza en la defensa del espacio cultural europeo obligando a la emisi¨®n de un 50% de pel¨ªculas producidas en Europa.

Pero estas buenas intenciones de protecci¨®n de la producci¨®n cultural propia tambi¨¦n est¨¢n destinadas a fracasar ante la homogeneidad -estatalizaci¨®n- que se impone a nuestro espacio audiovisual.

Con el modelo de televisi¨®n que subyace en el proyecto de ley de la televisi¨®n privada s¨®lo se promueve el desarrollo de una nueva industria de la producci¨®n audiovisual de car¨¢cter megacomunicativa, al servicio doblemente de las televisiones p¨²blicas y privadas, pero esta vez -recu¨¦rdese la operaci¨®n de Berlusconi adquiriendo unos estudios cinematogr¨¢ficos en Madrid- sin control de calidad ni l¨ªmites a la interposici¨®n de capital.

El desarrollo cultural hoy ya es inseparable de la multiplicaci¨®n de la producci¨®n audiovisual en todos los ¨¢mbitos, incluidos los de las culturas locales. La defensa de la cultura europea deja de tener sentido cuando se obstaculiza el desarrollo espont¨¢neo de cada cultura. Con esta ley, si as¨ª se aprueba, el Gobierno socialista habr¨¢ perdido una nueva posibilidad de articular una pol¨ªtica de comunicaci¨®n global, para la democracia y el desarrollo cultural. En estas condiciones hubiera sido mejor que nos dejaran abandonados a la dura realidad de las leyes del mercado, que por este camino, tarde o temprano, terminar¨¢ por imponerse.