El ex comandante rebelde Barreiro se entrega a las autoridades judiciales argentinas

Dos semanas despu¨¦s del inicio de la m¨¢s grave crisis militar de la democracia argentina, el que fuera el detonante de la misma, el ex comandante Ernesto Barreiro, se entreg¨® ayer a las autoridades judiciales civiles de la provincia de C¨®rdoba, quienes decretaron su ingreso en prisi¨®n preventiva. Barreiro, est¨¢ acusado de seis delitos de torturas y uno de muerte, cometidos entre 1976 y 1980 en el campo clandestino de detenci¨®n de La Perla.

El ex comandante lleg¨® a la C¨¢mara Federal de Apelaciones de C¨®rdoba vestido de paisano y a bordo de un autom¨®vil Ford Falleon, un modelo que se hizo tristemente c¨¦lebre en los a?os de la dictadura militar por ser el generalmente utilizado -sin placas de matr¨ªcula- por los represores 'para detener a los presuntos subversivos.El ex comandante Barreiro deb¨ªa haber comparecido ante la justicia el pasado 15 de abril, pero, en vez de hacerlo, se atrincher¨® en el Regimiento n¨²mero 14 de Infanter¨ªa Aerotransportada de C¨®rdoba, dando inicio as¨ª a la asonada militar, que continu¨® despu¨¦s con el alzamiento del coronel Aldo Rico en un cuartel de Campo de Mayo, cerca de Buenos Aires. El presunto torturador, que se encontraba huido hasta ahora, se neg¨® a responder a las preguntas de los jueces civiles y a nombrar abogado defensor, por lo que le fue designado uno de oficio. De momento permanece detenido en el. Comando del III Cuerpo de Ej¨¦rcito.

La comparecencia de Barreiro ante los jueces no obtuvo una reacci¨®n inmediata del Gobierno presidido por Ra¨²l Alfons¨ªn, que se enfrenta en estos momentos a dos cuestiones decisivas para la estabilidad democr¨¢tica del pa¨ªs: la firma de un pacto econ¨®mico-social entre: empresarios, sindicatos y Gobierno y la dificil regulaci¨®n de la obediencia debida, con la que se pretende poner un marco a los procesos contra militares acusados de violaciones de los derechos humanos.

El acuerdo para el pacto social estaba a punto de alcanzarse ayer, y su contenido ser¨¢ muy probablemente anunciado hoy, viernes, por Alfons¨ªn en su discurso ante el Congreso.

Este primer pacto social de la democracia argentina ser¨¢ firmado por la poderosa central sindical peronista Confederaci¨®n General de Trabajadores (CGT), por las organizaciones patronales y por los ministerios de Econom¨ªa y Trabajo. El acuerdo incluir¨¢ un aumento lineal de unos 40 australes (unas 3.200 pesetas al cambio oficial) para compensar la inflaci¨®n acumulada durante el primer trimestre del a?o.

La 'obediencia debida'

Pero el tema m¨¢s complejo que debe afrontar ahora el Gobierno es c¨®mo resolver el problema militar, que sigue peligrosamente latente a pesar del fracaso de la rebeli¨®n de la pasada Semana Santa. La redefinici¨®n del concepto de obediencia debida dentro de la escala militar de mando parece ser la f¨®rmula a que recurrir¨¢ el Gabinete, aunque su regulaci¨®n y puesta en pr¨¢ctica no se presenta nada f¨¢cil. El vicepresidente argentino, V¨ªctor Mart¨ªnez, descart¨® en unas declaraciones cualquier tipo de amnist¨ªa para los militares procesados, pero reconoci¨® la necesidad de una ley de obediencia debida.

Despu¨¦s de que la llamada ley de punto final, que pretend¨ªa poner t¨¦rmino a los procesos Contra los torturadores y asesinos de las Fuerzas Armadas, se convirtiera en un aut¨¦ntico bumer¨¢n para el Gobierno y contribuyera a desatar la crisis de Semana Santa, la ¨²nica v¨ªa de salida parece estar en una norma legal por la que s¨®lo se pueda incriminar por delitos de violaci¨®n de los derechos humanos a los comandantes en jefe, los de cuerpo o zona, y con una jerarqu¨ªa superior a la de teniente coronel o su equivalente en la Marina y en la Fuerza A¨¦rea.

Naturalmente, un proyecto de estas o similares caracter¨ªsticas ha levantado ya las protestas de los sectores m¨¢s radicalizados en la petici¨®n de "castigo a los culpables". En cambio, en los c¨ªrculos militares se ve con relativo agrado una ley de este tenor, que podr¨ªa suponer el fin de los procesos para muchos de los oficiales encausados. El presidente de la primera Junta Militar, Jorge Videla, que cumple condena a perpetuidad, se ha sumado a los defensores de la obediencia debida al enviar una nota al juez desde la c¨¢rcel en la que afirma asumir personalmente la total responsabilidad "hist¨®rica y pol¨ªtica" del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derroc¨® al Gobierno de Mar¨ªa Estela Mart¨ªnez de Per¨¢n e instaur¨® la dictadura militar.

El principal problema de la obediencia debida es qui¨¦n la regular¨¢, si la Corte Suprema o el Congreso; es decir, el poder judicial o el legislativo. De momento, tres de los cinco magistrados del alto tribunal son contrarios a esta normativa, lo que obligar¨¢ probablemente a presentar un proyecto de ley en el Parlamento donde se fijen los alcances de la obediencia debida para que posteriormente sean aplicados por los jueces.

Entre las hip¨®tesis que baraja el Gobierno para encarar este espinoso tema est¨¢ la suspensi¨®n por seis meses de todos los procesos, excepto los que se encuentran ante la Corte Suprema. Esto dar¨ªa tiempo al esperado fallo y retrasar¨ªa el problema hasta despu¨¦s de las elecciones del 6 de septiembre.

[El jefe del 14 Regimiento de Infanter¨ªa Aerotransportada, teniente coronel Luis Polo, fue relevado ayer de su cargo, informa Efe.]