AP pide que comparezcan en el Congreso empresarios interesados en la TV privada

El Grupo Popular solicitar¨¢ la pr¨®xima semana la comparecencia en comisi¨®n de todos aquellos particulares, sobre todo empresarios period¨ªsticos, que est¨¦n interesados en la concesi¨®n de un canal de televisi¨®n privada para que expongan sus puntos de vista t¨¦cnicos, financieros y de comunicaci¨®n. La direcci¨®n del Grupo Popular present¨® ayer en el Congreso un proyecto de ley de televisi¨®n privada alternativo al del Gobierno, que se caracteriza por carecer de cualquier aspecto de intervenci¨®n del Estado. El proyecto de AP no pone l¨ªmites de participaci¨®n a ninguna empresa, sea del sector que fuere, si desea un canal de televisi¨®n y cumple los requisitos. Aunque no se se?ala, se coincide con el proyecto gubernamental en que t¨¦cnicamente la existencia de tres canales nacionales es lo id¨®neo para Espa?a.

Miembros de la direcci¨®n de AP.expresaron ayer a este peri¨®dico su prop¨®sito de pedir la comparecencia en comisi¨®n de los empresarios interesados en un canal de televisi¨®n para escuchar de ellos sus puntos de vista. En esta ocasi¨®n estiman que la Mesa del Congreso no puede oponerse porque la comparecencia de estos particulares tiene inter¨¦s para la C¨¢mara, ya que sus opiniones versar¨¢n sobre un proyecto de ley que discute el Congreso.El Grupo Popular vio desestimado su prop¨®sito de que comparecieran representantes de sectores agr¨ªcolas, ganaderos y sanitarios, entre otros, por entender el ¨®rgano de gobierno de la C¨¢mara que su presencia en el Congreso no tiene relaci¨®n con ning¨²n proyecto legislativo.

"En esta ocasi¨®n no pueden decirnos lo mismo, dado que la presencia de estos se?ores en la C¨¢mara coincidir¨¢ con la discusi¨®n de la ley", dijeron estos portavoces, que consideran "fundamental" para los grupos pol¨ªticos escuchar la opini¨®n de los empresarios period¨ªsticos. "Tenemos como precedente la discusi¨®n del PEN, que fue precedida de la presencia en comisi¨®n de numerosas personas implicadas en ese sector".

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Luis Ramallo, comenz¨® la presentaci¨®n del proyecto afirmando que el principio filos¨®fico inspirador es totalmente diferente al del Gobiemo. "El Gobierno socialista establece que la televisi¨®n privada es un servicio p¨²blico m¨¢s. Si es un servicio p¨²blico es un monopolio del Estado; el r¨¦gimen es concesional y, por tanto, hay numerus clausus y se facilita el r¨¦gimen intervencionista",'dijo como conclusi¨®n. Por el contrario, en ¨¦l proyecto de AP "persiste el derecho del particular; no hay concesiones, sino autorizaciones administrativas para ver la capacidad financiera de los solicitantes".

El proyecto aliancista consta de 20 art¨ªculos, una disposici¨®n transitoria y una final. AP renuncia al sistema de concesiones y se acoge a las autorizaciones administrativas. "Se otorgar¨¢n tantas autorizaciones administrativas como permitan las condiciones t¨¦cnicas y los acuerdos internacionales suscritos por Espa?a", dice el art¨ªculo cuarto, bajo el ep¨ªgrafe "Principio general de libertad".

Las sociedades autorizadas para optar a un canal tendr¨¢n que revestirse en forma de an¨®nimas, tener nacionalidad espa?ola y estar domiciliadas en Espa?a. "Las acciones ser¨¢n nominativas, y obligatoriamente al menos un 51% del capital social pertenecer¨¢ a titulares de nacionalidad espa?ola y residentes en Espa?a".

Aquel titular de un canal que quiera adem¨¢s participar en otro s¨®lo podr¨¢ hacerlo en un 5%.

El Grupo Popular ha establecido en 20 a?os el per¨ªodo de autorizaci¨®n, y ¨¦stas pueden ser renovadas sucesivamente por per¨ªodos de 10 a?os.

1.000 millones inmediatos

Los promotores que aspiren a una autorizaci¨®n deber¨¢n presentar un proyecto t¨¦cnico que garantice el cumplimiento de las condiciones de la concesi¨®n, as¨ª como un proyecto de estatutos de la sociedad con relaci¨®n completa de promotores y accionistas, con un aval bancario que garantice la inmediata constituci¨®n de la sociedad. El capital m¨ªnimo para un canal nacional es de 1.000 millones de pesetas; 300 millones para uno regional y 100 millones para uno local, a desembolsar en un plazo de 30 d¨ªas a partir de la autorizaci¨®n.