Alcal¨¢-Meco

Los firmantes queremos realizar las siguientes puntualizaciones a la carta publicada en EL PA?S con fecha 8 de mayo de 1987, y firmada por don L. Pardo, presidente de Abogados J¨®venes:1. Conocemos sobradamente las maniobras ejercidas por el

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colectivo que el se?or Pardo preside para minar soterradamente los cimientos de este centro, instigando a cierto n¨²mero de internos a realizar denuncias constantes, de las cuales ni una sola ha prosperado judicialmente, por lo cual entendemos que el concepto del Estado de derecho que usted y su grupo tienen se circunscribe exclusivamente a la ley del embudo, no admitiendo en absoluto las resoluciones judiciales contrarias a sus intereses y ejerciendo su derecho al pataleo desde los medios de comunicaci¨®n.

2. Podr¨ªamos relatar muchas actuaciones faltas de ¨¦tica profesional de miembros de su colectivo. Entendemos, se?or Pardo, que facilitar el trabajo de los letrados no significa tenemos que poner a su disposici¨®n para tareas subterr¨¢neas. Lo que de verdad les duele, y sentimos decirlo, es que en otros centros, en nombre del progresismo, consigan, llegado el caso, bordear la legislaci¨®n vigente en aras de sus intereses particulares, cosa que no nan conseguido en Alcal¨¢-Meco gracias a la decisi¨®n de la direcci¨®n del centro, y eso les empuja a atacarla con los argumentos m¨¢s peregrinos (torturas, malos tratos, etc¨¦tera).

3. Reiteramos una vez m¨¢s al se?or Pardo que la ley org¨¢nica General Penitenciaria, aprobada por mayor¨ªa absoluta en el Parlamento -el cual usted reconocer¨¢, suponemos, como ¨®rgano superior de la voluntad popular-, en su art¨ªculo 45 regula la utilizaci¨®n de los m¨¦todos coercitivos, y, por tanto, par nosotros, es tan legal el art¨ªculo 1? como el 45 de dicha ley. Por otra parte, recordarle que en este centro penitenciario hay un n¨²mero elevado de internos calificados como muy conflictivos y muy peligrosos, los cuales est¨¢n acusados de secuestros, extorsiones, violaciones, fugas, asesinatos y otros hechos cometidos en el interior de los centros penitenciarios.

4. Queremos manifestar nuestro absoluto descontento por el silencio de la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias (DGIP), manifiestamente acobardada ante el Colectivo de Abogados J¨®venes, ya que entendemos que todas y cada una, de las decisiones de nuestro director no son otra cosa que el cumplimiento de las ¨®rdenes que emanan (o que deber¨ªan emanar) de la DGIP, la cual sigue actuando con la dejadez que le caracter¨ªza y no saliendo al paso en la defensa de sus funcionarios. Por ¨²ltimo, reiteramos nuestro apoyo a la gesti¨®n de don Santiago Mart¨ªnez Cadarso, en la seguridad de que en su nuevo puesto seguir¨¢ defendiendo la legislaci¨®n vigente por encima de todo.- Trabajadores del centro penitenciario