La oposici¨®n considera restrictivo discriminatorio el proyecto de ley de televisi¨®n privada

JUAN G. IB??EZTodos los grupos parlamentarios de la oposici¨®n, a excepci¨®n del formado por el Partido Nacionalista Vasco, coincidieron ayer en censurar severamente el proyecto de ley de televisi¨®n privada por considerarle "restrictivo, discriminatorio, intervencionista y obsoleto", seg¨²n la expresi¨®n mayoritaria de los portavoces que intervinieron en el Pleno del Congreso para defender seis enmiendas a la totalidad del proyecto gubernamental y su devoluci¨®n al Gabinete -solicitada por Minor¨ªa Catalana, Izquierda Unida, Partido Liberal, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerral y Partido Dem¨®crata- as¨ª como otras tres con textos alternativos al del Gobierno, elaborados por Coalici¨®n Popular, CDS y Partido Dem¨®crata Popular. En el Pleno, que dur¨® seis horas, fueron rechazadas todas las enmiendas y los textos alternativos.

Los representantes de Coalici¨®n Popular, Minor¨ªa Catalana e Izquierda Unida anunciaron su intenci¨®n de presentar por separado recursos de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley.Javier Solana, portavoz del Gobierno y defensor ante el Pleno del Congreso del proyecto de televisi¨®n privada aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril, confirm¨® al t¨¦rmino del debate parlamentario que los propietarios de empresas period¨ªsticas en otros pa¨ªses de la Comunidad Europea ver¨¢n restringida al 15% su participaci¨®n en el capital de las emisoras privadas de televisi¨®n, homolog¨¢ndoles as¨ª las restricciones ya impuestas los empresarios de Prensa espa?oles.

Miquel Roca advirti¨® en el proyecto de ley de televisi¨®n privada hasta ocho motivos de inconstitucionalidad, lo que convierte a este texto, seg¨²n dijo, en el que m¨¢s contradicciones incurre con la Constituci¨®n desde la ley org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA).

Tanto el portavoz de la Minor¨ªa Catalana como el del CDS, Federico Ysart, y el de Izquierda Unida, Rafael Espasa, aceptaron la concepci¨®n de la televisi¨®n como servicio p¨²blico, pero discreparon de las consecuencias que de ello extrae el Gobierno en cuanto que "de dicha concepci¨®n de servicio p¨²blico no se deriva que la titularidad sea exclusivamente estatal", en expresi¨®n de Miquel Roca.

Espasa precis¨® que la discrepancia de Izquierda Unida est¨¢ relacionada adem¨¢s con la extensi¨®n del servicio p¨²blico de televisi¨®n "a tres canales comerciales, a lo cual se sacrifica la posible ampliaci¨®n de los canales p¨²blicos, auton¨®micos, y la creaci¨®n de emisoras locales y de canales institucionales no lucrativos".

El portavoz de Coalici¨®n Popular, Luis Ramallo; el del Partido Dem¨®crata Popular, Jos¨¦, Ignacio Wert, y el del Partido Liberal, Antonio Jim¨¦nez Blanco, defendieron que la televisi¨®n no puede ser catalogada como un servicio p¨²blico esencial, sino como el ejercicio de un derecho fundamental amparado por la Constituci¨®n, y que, por tanto, debe estar sometido a las m¨ªnimas restricciones.

Todos los portavoces de la oposici¨®n coincidieron en interpretar como una "gubemamentalizaci¨®n" de la televisi¨®n privada el que la ley con que los socialistas quieren regular su funcionamiento ponga en manos de un organismo aut¨®nomo -dependiente, por tanto, de la Administraci¨®n y no del Parlamento- la elaboraci¨®n del plan t¨¦cnico nacional de la televisi¨®n privada -que adem¨¢s aprobar¨¢ el Gobierno mediante un decreto-, la propuesta de extinci¨®n de las concesiones a las emisoras- y el control e inspecci¨®n del cumplimiento de las condiciones impuestas a las sociedades propietarias de cada uno de los tres canales.

Tanto los representantes de la derecha -como del centro y la izquierda reprocharon al Gobierno la limitaci¨®n a tres del n¨²mero de canales autorizados a coexistir con la televisi¨®n p¨²blica, y varios portavoces defendieron la existencia de emisoras locales, cuyo funcionamiento no aparece contemplado en el modelo de televisi¨®n privada dise?ado por el Gobierno. A este respecto, Miquel Roca y Ram¨®n Espasa acusaron al Ejecutivo de apropiarse de facultades propias de la Administraci¨®n de justicia al advertir en su proyecto de ley que las emisiones televisivas realizadas sin la preceptiva concesi¨®n "dar¨¢n lugar a que por la autoridad gubernativa se proceda al cierre inmediato de las emisoras y a la incautaci¨®n de equipos y aparatos utilizados en la emisi¨®n".

Luis Ramallo (AP), Miquel Roca (CiU), Federico Ysart (CDS)'y Jos¨¦ Ignacio Wert (PDP) criticaron duramente la decisi¨®n del Gobierno de restringir a los propietarios de empresas period¨ªsticas su participaci¨®n en el capital de las emisoras privadas de televisi¨®n, que no puede superar el 15%, en relaci¨®n con la limitaci¨®n establecida para cualquier otro ciudadano, que puede ostentar hasta el 25% del capital de uno de los canales.

Tanto el portavoz de Coalici¨®n Popular como el de la Minor¨ªa Catalana y los del CDS, el PDP y el PL censuraron que la f¨®rmula utilizada para autorizar a las empresas privadas las emisiones de televisi¨®n sea la de la concesi¨®n administrativa en vez de la de una mera autorizaci¨®n, como la que basta para abrir un centro de ense?anza, Mientras que Roca se mostr¨® dispuesto a apoyar una ley antitruste con validez para todos los sectores econ¨®micos y no estrictamente en la regulaci¨®n del acceso de los particulares a la televisi¨®n privada, los representantes de AP, PDP, PL y CDS defendieron que no existan limitaciones al capital de una emisora de televisi¨®n que pueda concentrar un socio espa?ol en sus manos.