La fiscal¨ªa de Barcelona investiga a 30 personas, due?as de 2.000 millones en pagar¨¦s, por delito fiscal

La fiscal¨ªa de la Audiencia de Barcelona estudia una denuncia, presentada a principios del actual mes de junio por la Delegaci¨®n de Hacienda, que afecta a m¨¢s de 30 personas f¨ªsicas, titulares de un total de 2.000 millones de pesetas en pagar¨¦s bancarios y que no declaraban las rentas obtenidas. El pase al fiscal de este tipo de expedientes, acompa?ados ahora de una serie de informes y pruebas, constituye un cambio cualitativo en la persecuci¨®n del delito fiscal en Espa?a. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, en la relaci¨®n presentada ante la fiscal¨ªa de Barcelona hay m¨¢s de 20 personas cuya actuaci¨®n presuntamente incurre en los supuestos de delito fiscal. Las sanciones penales previstas podr¨ªan alcanzar los 1.000 millones de pesetas, con independencia de las penas de prisi¨®n, que para estos supuestos pueden alcanzar hasta los cuatro a?os.

Entre los nombres de los afectados que han trascendido se encuentran los de ?ngel Montero Brusell, Mar¨ªa Dolores Modolell Guti¨¦rrez y un tercero apellidado Castell¨® Vila. Todos ellos son titulares de pagar¨¦s bancarios, los dos primeros por un valor de 40 millones de pesetas, y el tercero por 95 millones.La denuncia que estudia la fiscal¨ªa presume que los afectados no declararon los rendimientos obtenidos con estos capitales en forma de incrementos de patrimonio. Las sanciones penales de tipo econ¨®mico tipificadas para el delito fiscal pueden ascender hasta el 600% de lo defraudado.

Expediente de 1985

La formaci¨®n de este expediente se remonta a mediados de 1985, en que un particular present¨® una. denuncia en la Delegaci¨®n de Hacienda de Barcelona citando a un centenar de personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas titulares de pagar¨¦s bancarios depositados en una entidad bancaria. Seg¨²n fuentes financieras, podr¨ªan ser tres las entidades depositarias. El denunciante, con ¨¢nimo de lograr la recompensa legal prevista para estos casos, requiri¨® a las autoridades para que investigasen las declaraciones de renta de las personas relacionadas, por entender que exist¨ªan indicios de que no declaraban los rendimientos obtenidos.A partir de entonces Hacienda requiri¨® a los titulares y al banco o bancos para aclarar la situaci¨®n. Se desconocen los datos concretos que emergieron en la investigaci¨®n efectuada as¨ª como la solidez de las pruebas obtenidas por los inspectores de Hacienda, pero finalmente ¨¦stos decidieron presentar el expediente al fiscal.

En todos los casos se trataba de rentas generadas entre 1982 y 1985 por dep¨®sitos en forma de pagar¨¦s bancarios, conocidos entonces como dinero negro, sujeto hasta mayo de 1985 a una compleja regulaci¨®n fiscal. Por una parte, los titulares de estos fondos tienen la obligaci¨®n de declarar todas renta obtenidas, mientras por otra las entidades financieras s¨®lo ten¨ªan la obligaci¨®n de facilitar informaci¨®n sobre determinados dep¨®sitos.

Evitar chantajes

Algunos aprovechaban la opacidad legal de estos dep¨®sitos para eludir la obligaci¨®n de declarar y tributar la renta obtenida. Desde mayo de 1985, la Ley de activos financieros permite la opacidad en los t¨ªtulos llamados afros (a los que se aplica una retenci¨®n del 45% de sus rendimientos) y en los pagar¨¦s del Tesoro. Pero en cualquier caso, sea el tipo de dep¨®sito que sea, existe la obligaci¨®n de declarar -y pagar- por todas las rentas obtenidas.La decisi¨®n de remitir las actuaciones al fiscal podr¨ªa estar relacionada con el prop¨®sito de Hacienda de evitar posibles chantajes. En el momento en que se sucedieron los hechos, la legislaci¨®n fijaba una recompensa para los denunciantes del 30% del valor de las sanciones administrativas que resultasen pertinentes en cada caso. Sin embargo, al trasladar el expediente a la v¨ªa judicial desaparecen las recompensas, ya que ¨¦stas s¨®lo est¨¢n previstas para las sanciones administrativas. Por otra parte, la ley de presupuestos del Estado de 1987 anul¨® este tipo de compensaciones, incluso para las sanciones administrativas, para evitar coaaciones y chantajes.