Una reacci¨®n inexplicable

El signo m¨¢s claro de la recuperaci¨®n de Espa?a por los espa?oles, venturosamente lograda en los ¨²ltimos a?os, ha sido, sin duda, la fijaci¨®n inequ¨ªvoca de la clave del poder en la soberan¨ªa nacional a trav¨¦s de una afirmaci¨®n civilista. El momento decisivo para la transici¨®n fue el fracaso del ¨²ltimo golpe militar (el famoso 23-F); su colof¨®n, el resonante juicio que liquid¨® una dial¨¦ctica vinculada a aqu¨¦l, la que, a lo largo de un siglo y medio, enfrent¨® en Espa?a el poder civil con el supuesto poder militar. En torno al famoso proceso dieron la batalla todas las Fuerzas atenidas nost¨¢lgicamente a la lamentable tradici¨®n espa?ola de los pronunciamientos militares, tradici¨®n s¨®lo interrumpida, durante un cuarto de siglo, por el civilismo de la restauraci¨®n canovista. En el juicio por antonomasia sali¨® a colaci¨®n un argumento agitado por, algunos de los defensores: cada pronunciamiento se justific¨® siempre en la cadena interminable de los pronunciamientos anteriores; si el 18 de julio de 1936 constitu¨ªa una ef¨¦ meride consagrada por la historia, el 23-F., suscitado como r¨¦plica a un panorama de l¨¢stimas similar (?) al que provoc¨® el 184, deb¨ªa merecer tambi¨¦n honores paralelos, y convertir a los golpistas en benem¨¦ritos de la patria. Por supuesto, salvo los beneficiarios directos de nuestra lamentable guerra civil, nadie pod¨ªa aceptar semejante argumentaci¨®n, basada en un retorno al mito del franquismo; la gran virtud de la Monarqu¨ªa democr¨¢tica ha sido precisamente acabar con la dolorosa dicotom¨ªa Espa?a anti-Espa?a, abrazando en una reconciliaci¨®n sin condiciones a todos los espa?oles. Qued¨®, sin embargo, incluso despu¨¦s de cerrado el proceso, un reducto al que siguieron aferr¨¢ndose los nost¨¢lgicos de la dictadura: la exaltaci¨®n de un concepto del Ej¨¦rcito entendido como instancia aut¨®noma, por encima de las parcialidades pol¨ªticas, y que, en cuanto depositario de la virtud objetiva, deb¨ªa conservar la suprema funci¨®n de "corregir y decidir", si es que un Gobierno no discurr¨ªa por el buen camino. (Este argumento, utilizado all¨¢ en los a?os cincuenta del pasado siglo por el isabelino general Dulce, volvi¨® a hallar cauce no hace mucho en la tesis doctoral de uno de los golpistas del 23-F.) Era la ant¨ªtesis de la actitud mantenida por el general De Gaulle -precisamente un estadista de uniforme-, que, apenas lograda la "reconducci¨®n" del "golpe blando" amagado contra la IV Rep¨²blica por el duro Ej¨¦rcito colonial en Argel, interpel¨® a quienes le hablaban del "poder militar": "?Poder militar? ?Qu¨¦ es eso? En Francia no hay m¨¢s que tres tipos de poder: el ejecutivo, el legislativo y el judicial". La madurez del Estado democr¨¢tico espa?ol se ha puesto de manifiesto en el cambio de mentalidad y de conceptos, cada vez m¨¢s evidente en nuestro Ej¨¦rcito (quiero decir, en la oficialidad y en los jefes de nuestro Ej¨¦rcito). Desde mi modest¨ªsimo rinc¨®n, algo contribu¨ª a clarificar las cosas en un libro que hace dos a?os produjo cierto ruido, y que se titulaba, precisamente, Militarismo y civilismo en la Espa?a contempor¨¢nea. Se cerraba con esta frase: "No se trata de decidir en pugna entre un poder civil y un poder militar, sino de que todos los espa?oles, civiles y militares, acaten el ¨²nico poder del que nace toda legitimidad: el que tiene su expresi¨®n en la soberan¨ªa nacional, tal como se refleja en las Cortes democr¨¢ticas".Por eso he de confesar que me ha dejado estupefacto la destituci¨®n del general Losada, precisamente por proclamar de forma inequ¨ªvoca la asimilaci¨®n del principio en que se basa la ortodoxia democr¨¢tica. Es evi dente que el general Losada no ha hecho, en modo alguno, una afirmaci¨®n a favor de lo que presenta ¨¦l mismo como caso extremo e impensable; se ha li mitado a manifestar que, aun llegados a tal supuesto, el deber del Ej¨¦rcito es acatar las decisiones adoptadas por las altas instituciones civiles. Si esta clar¨ªsima -y ortodoxa- postura es la que se sanciona, ?quiere decirse que el papel del Ej¨¦rcito ha de ser otro? Cualquiera de ducir¨ªa, en efecto, de la fulminante reacci¨®n del ministro, el siguiente corolario: si un militar es castigado porque afirma que se atendr¨¢ siempre a las decisiones del poder civil, ha de en tenderse que los militares deben buscar por otro lado el "punto de referencia": y desembocamos en los planteamientos del general Dulce (una cosa son las decisiones de las altas instituciones democr¨¢ticas, y otra el deber de las fuerzas armadas). ?Que es inoportuna la decla raci¨®n del general sancionado? ?Por qu¨¦? Lo que en todo caso ser¨ªa preciso y justo es que el poder civil clar¨ªficase los t¨¦rminos en que el supuesto extremo a que aqu¨¦l se refer¨ªa pudiera producirse, o plantearse; pero no adoptar la actitud del aves truz haciendo callar abrupta mente la formulaci¨®n de un piro blema que ah¨ª est¨¢. Y, desde luego, no puede ser lo mismo llamar al orden a aquel inifitar que intenta pronunciarse verbal mente frente a las dec¨ªsiones o las orientaciones del poder civil, que castigar a quien discurre en. t¨¦rminos perfectamente ade cuados a la ortodoxia constitucional. Hasta ahora ninguna ley proh¨ªbe a un militar contestar a un cuestionario de prensa; quiz¨¢ quepa legislar en este sentido y aplicar esa legislaci¨®n con efectos retroactivos. Pero tedo tiene sus l¨ªmites.

Por mi parte, sigo entendiendo que s¨®lo cabr¨ªa felicitairse por los t¨¦rminos en que el general Losada expres¨® su acatamiento a la ortodoxia democr¨¢tica, si ellos reflejan una nueva mentalidad por fin incorporada a los rangos de nuestro Ej¨¦rc¨ªto. Ser¨ªa lamentable que la reacci¨®n del ministerio suscitase de nuevo confasionismos doride todo estaba ya muy claro.