Huelga la justicia

YA NO caben casi sorpresas para los ciudadanos en lo que respecta al funcionamiento -por decir algo- de la Administraci¨®n de justicia en Espa?a. Los ciudadanos tienen derecho a pasar de la irritaci¨®n a la inhibici¨®n, y viceversa, ante el espect¨¢culo de la huelga de funcionarios de juzgados. Pues haya sido su seguimiento escaso, como afirma el Ministerio de Justicia, o masivo, como aseguran los sindicatos convocantes, es dif¨ªcil creer que ¨¦sta haya podido agravar m¨¢s de lo que ya est¨¢ el normal funcionamiento de la justicia en Espa?a.Ni el justiciable ha podido sentirse en real?dad en estos dos d¨ªas peor atendido que de costumbre, ni los asuntos se han acumulado m¨¢s de lo que ya est¨¢n, ni el retraso en la pr¨¢ctica de diligencias se ha hecho notar de una manera especial. Es imposible que esta huelga haya sido capaz de deteriorar a¨²n m¨¢s una situaci¨®n que ha vuelto a ser descrita de manera expresiva y certera -¨¦sta vez, por un cualificado miembro del Poder Judicial- como de "cachondeo".

Determinar con exactitud las funciones que corresponden a cada una de las categor¨ªas de los funcionarios judiciales y fijar su adecuada retribuci¨®n econ¨®mica es una de la condiciones indispensables para que comience a funcionar correctamente la justicia. La dejaci¨®n hist¨®rica de algunas de las funciones propias de los jueces en manos de los oficiales y secretarios lleg¨® a crear una situaci¨®n de hecho que antes era sobrellevada merced a las corruptelas econ¨®micas que posibilitaban o por simples razones de consideraci¨®n social. Ahora esta situaci¨®n ha cambiado felizmente tras la campa?a contra la corrupci¨®n auspiciada desde las ¨¢reas del Ministerio de Justicia. Por eso, tienen toda la raz¨®n los sindicatos de funcionarios al exigir la m¨¢xima clarificaci¨®n en las funciones que legalmente les corresponden, aunque la actitud diligente que ahora muestran en sus reivindicaciones de tipo profesional y econ¨®mico se haya echado en falta en el pasado para denunciar las pr¨¢cticas corruptas de algunos de sus afiliados.

Por lo que parece, el ministerio se muestra conforme con clarificar qui¨¦n es qui¨¦n enla Administraci¨®n de justicia y en asumir el coste econ¨®mico que ello conlleva, aunque alega la imposibilidad presupuestaria de que surta efecto a partir de junio de este a?o como pretenden los sindicatos. Causa verdadero asombro que las partes negociadoras hayan sido incapaces de superar este escollo eminentemente formal y no se haya evitado la huelga que, si bien es cierto que no ha causado a los ciudadanos m¨¢s desatenciones graves que las de costumbre, no deja de causar nuevos da?os a la imagen p¨²blica de la justicia.

El ministerio argumenta que las retribuciones medias de los funcionarios judiciales superan las que perciben los del resto de la Administraci¨®n p¨²blica. Es verdad, pero no lo es menos que el ritmo y el volumen de trabajo de los ¨®rganos judiciales son infinitamente mayores, que los que existen en el ¨¢mbito administrativo normal. Y la naturaleza del trabajo judicial conlleva con frecuencia la necesidad de sustituciones, habilitaciones o prolongaciones de jornada laboral que, hasta ahora, o no son retribuidas en muchos casos o lo son insuficientemente.

Es cierto que los males de la justicia son en muy buena parte imputables a la desidia de los jueces y a la falta de diligencia de los funcionarios. Pero en los ¨²ltimos a?os muchos de estos defectos se han corregido. La responsabilidad fundamental es de quien tiene en su poder la llave de los presupuestos y acapara celosamente las competencias sobre los planes del futuro de la justicia, es decir, el Gobierno. Y desde hace alg¨²n tiempo, la pol¨ªtica judicial de ¨¦ste brilla por su ausencia, incapaz como es de impulsar hasta sus ¨²ltimas consecuencias el desarrollo del nuevo marco alumbrado por ley org¨¢nica del Poder Judicial.