El Consejo de la Abogac¨ªa pide m¨¢s protecci¨®n jur¨ªdica para el contribuyente

Queremos evitar que el contribuyente espa?ol disfrute de menos garant¨ªas jur¨ªdicas que el delincuente com¨²n", declar¨® a este peri¨®dico Antonio Pedrol R¨ªus, presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa. Pedrol afirma que el organismo que preside entiende que las presunciones de delito fiscal establecidas en la reforma de la ley general Tributaria "est¨¢n muy por debajo de las directrices constitucionales" y que es necesario reforzar la protecci¨®n jur¨ªdica del contribuyente.

El Consejo va a iniciar negociaciones con Hacienda para garantizar la asistencia de letrado, incluso de oficio, cuando un inspector reclame informaci¨®n sobre cualquier presunta violaci¨®n de las normas tributarias.La legislaci¨®n en materia de delito fiscal no respeta ¨ªntegramente la presunci¨®n de inocencia establecida en el art¨ªculo 24 de la constituci¨®n, ni las garant¨ªas jur¨ªdicas del contribuyente, ni la prohibici¨®n constitucional de la pena infamante, ni tampoco el principio, de que no cabe la prisi¨®n por deudas. Las objeciones el presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa obedecen al objetivo de este organismo de reafirmar estas normas.

La ofensiva del Consejo General de la Abogac¨ªa est¨¢ basada ahora en la negociaci¨®n abierta con Hacienda, dejando a un lado la agria pol¨¦mica que sostuvo hace poco m¨¢s de dos meses Antonio Pedrol con el ministro Carlos Solchaga y con el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell. Pero Pedrol desmiente rotundamente que los inspectores de Hacienda est¨¦n tras sus pasos. Y afirma adem¨¢s que no tiene inconveniente en que se hagan p¨²blicas sus declaraciones y se comparen con las de cualquier responsable de Hacienda.

Seg¨²n informaciones seguras, Antonio Pedrol declar¨® este a?o una renta obtenida en 1986 de 145 millones de pesetas. La cuota ¨ªntegra a pagar super¨® los 66 millones, sin contar lo ingresado por su patrimonio, esencialmente integrado por obras de arte.

Las tesis del Consejo de la Abogac¨ªa se resumen en la situaci¨®n de desventaja que tiene el contribuyente para conocer las infracciones y delitos en que puede incurrir. La complejidad de la legislaci¨®n tributaria provoca una situaci¨®n excepcional, explica Pedrol, como es "tener que acudir a un experto para saber c¨®mo evitar caer en delito o en infracci¨®n, lo que puede afectar a millones de personas. El delincuente normal no necesita de un experto para saber cu¨¢ndo transgrede la ley". Si Hacienda necesita instruir continuamente a sus funcionarios "con circulares que no se publican en el BOE" en la aplicaci¨®n de las leyes y reglamentaciones fiscales, "menos sabe el ciudadano".

M¨¢s penas

Las reformas del C¨®digo Penal y de la ley general Tributaria, seg¨²n Pedrol, no s¨®lo han incrementado las penas del delito fiscal, sino que han extendido su ¨¢mbito. "Ya no se trata de algo reservado a los grandes capitalistas, porque se puede castigar a los directivos de empresas incluso por la obligaci¨®n que tienen de haber evitado lo que otro ha hecho. Y el c¨ªrculo se ampl¨ªa".Como ejemplos, cita que una desviaci¨®n del 1% en el IVA, en una empresa que facture 1.000 millones, puede hacer incurrir a su responsable en delito fiscal. Tambi¨¦n los incumplimientos formales de la obligaci¨®n de llevar las contabilidades y registros que la ley exige pueden acarrear arresto mayor a los contribuyentes sujetos a estimaci¨®n directa.