AP recurre la ley catalana del comercio por atentar contra la libre empresa y romper la unidad de mercado

Una cierta sorpresa ha causado en el propio Gobierno de la Generalitat el recurso interpuesto por 56 diputados de Alianza Popular contra la ley de Equipamientos Comerciales, aprobada en febrero ¨²ltimo por el Parlament con el voto a favor de todos los grupos que componen la C¨¢mara catalana, con excepci¨®n del Grupo Popular, que present¨® una enmienda a la totalidad, antes de dar su voto negativo. El recurso establece que la ley podr¨ªa atentar contra la libertad de empresa y romper la unidad de mercado en el territorio espa?ol.

La ley de Equipamientos Comerciales fue justificada por el conseller Joaquim Molins como un instrumento serio para mejorar las estructuras comerciales y racionalizarlas en beneficio del propio sector y de los consumidores. El nudo gordiano de la ley es el car¨¢cter vinculante del informe de la Comisi¨®n Territorial de Equipamiento Comercial en cuatro casos: en poblaciones de menos de 25.000 habitantes cuando se quiera abrir un establecimiento edificado superior a los 2.000 metros cuadrados (o superficie neta de venta superior a 1.500); en poblaciones de m¨¢s de 25.000 habitantes cuando esta superficie sea superior a los 3.000 (o neta de 2.500); cuando se trate de lonjas o centros de contrataci¨®n, y en los cambios de actividad en establecimientos de m¨¢s de 2.500 metros.

"Argumentos arbitrarios"

La citada comisi¨®n, que debe dar el visto bueno a la apertura de estos establecimientos de gran superficie, est¨¢ compuesta por el director general de Comercio, cuatro altos cargos de la Generalitat y dos vocales elegidos por el conseller, cinco representantes de los ayuntamientos, dos representantes de las organizaciones de consumidores y cinco vocales propuestos por las c¨¢maras de comercio y organizaciones de comerciantes representativas.El recurso de AP, redactado por el abogado Federico Trillo, resalta que la ley cuestiona la libertad de empresa y puede comportar actuaciones arbitrarias. A su juicio, las condiciones que la normativa prev¨¦ para la licencia de la apertura municipal y para el informe, que ser¨ªa preceptivo y vinculante, en los establecimientos de grandes superficies "suponen que se conceden o deniegan por mera oportunidad, con evaporaci¨®n total de todo derecho previo que pretendan ostentar los ciudadanos". Entre las condiciones figuran los planes municipales, la accesibilidad, las cargas para la colectividad, los efectos sobre la ocupaci¨®n, la aportaci¨®n de mejoras a las estructuras comerciales y los criterios del programa de orientaci¨®n para equipamiento.

El total de art¨ªculos de la ley recurridos es de nueve, lo que equivale a pr¨¢cticamente dejarla sin efecto. AP ha recogido buena parte de los argumentos que en su d¨ªa esgrimi¨® la Asociaci¨®n Nacional de Grandes Empresas de Distribuci¨®n, que mostr¨® su disgusto "por no haber participado ni estar informados" de la ley, "por responder a las presiones de los peque?os comerciantes contra las grandes superficies" y "por poner en desigualdad a Catalu?a respecto a otras comunidades en la creaci¨®n de hipermercados y grandes almacenes".