El Gobierno act¨²a con negligencia para adaptar la normativa espa?ola
CONCHA MART?N ENVIADA ESPECIAL, El Gobierno espa?ol act¨²a con negligencia a la hora de adaptar la normativa espa?ola a la comunitaria y de garantizar a particulares y empresas espa?olas el ejercicio de sus derechos derivados de la integraci¨®n a la Comunidad Europea (CE). Esta falta de reflejos se extiende a los tribunales de justicia espa?oles, que, a un a?o y medio de la adhesi¨®n, no han resuelto a¨²n ning¨²n recurso en el que se ha invocado el derecho comunitario. ?stas son las principales conclusiones de la intervenci¨®n del ahogado Rodrigo Ur¨ªa, director del curso sobre La empresa espa?ola y el ordenamiento jur¨ªdico de la CE, que se inaugur¨® ayer en la Universidad Internacional Men¨¦ndez Pelayo.
La negligencia del Gobierno espa?ol se concreta, seg¨²n Rodrigo Ur¨ªa, en que a¨²n quedan 14 leyes por reformar en adaptaci¨®n al derecho comunitario. Ello provoca una confusi¨®n legal, dado que desde la adhesi¨®n la normativa de la CE puede ser invocada por particulares y empresas en su favor. Los tribunales de justicia y los propios profesionales de la abogac¨ªa parecen, sin embargo, ignorar esta circunstancia debido tambi¨¦n a la lentitud de la justicia espa?ola y a una falta de preparaci¨®n t¨¦cnica.Para Rodrigo Ur¨ªa, el derecho comunitario es una herramienta bastante importante en manos de las empresas "para defenderse de las agresiones exteriores y, sobre todo, en el nuevo contexto de la empresa espa?ola, que es la libertad de mercado". Las instituciones comunitarias, agreg¨®, tienen el m¨¢ximo inter¨¦s en que la Administraci¨®n espa?ola sea lo m¨¢s diligente posible en la adaptaci¨®n de nuestro sistema jur¨ªdico al comunitario, aunque, en opini¨®n de Ur¨ªa, los ciudadanos y las empresas deben presionar para que este objetivo se lleve a cabo.
Respecto a los recursos directamente planteados por el Reino de Espa?a ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, hasta la fecha se han producido cinco, se ha intervenido en otros cuatro recursos emitidos por particulares o empresas y se han presentado observaciones en ocho cuestiones prejudiciales. Las empresas espa?olas, por su parte, han presentado hasta la fecha un total de ocho recursos. Mientras en Espa?a los tribunales pueden tardar hasta cinco a?os en emitir una sentencia, en Europa la media es de dos a?os.
Mayores dificultades
El secretario de Estado de Econom¨ªa, Guillermo de la Dehesa, por su parte, vaticin¨® para Espa?a el inicio de una nueva etapa de mayores dificultades en su integraci¨®n europea. En su opini¨®n, hasta ahora factores como la ca¨ªda del d¨®lar y de los precios del petr¨®leo han suavizado el primer impacto y las consecuencias negativas s¨®lo se han padecido en el comercio exterior.
Al cambiar la tendencia de estos dos factores, y ante la apertura del proceso de creaci¨®n de un mercado ¨²nico europeo, Espa?a deber¨¢ duplicar sus esfuerzos de liberalizaci¨®n econ¨®mica. A pesar de ello, las consecuencias de este proceso ser¨¢n positivas para Espa?a porque supondr¨¢ acceder a un mercado m¨¢s amplio.
Para que este mercado ¨²nico sea posible es necesario una mayor coordinaci¨®n de las pol¨ªticas econ¨®micas de los pa¨ªses miembros de la CE, de forma que la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas, servicios y capitales no se traduzca en un mayor desequilibrio regional, seg¨²n De la Dehesa. Ello deber¨ªa complementarse con una reforma del presupuesto comunitario que disminuya los gastos agr¨ªcolas y aumente los fondos estructurales. Todo ello se traducir¨¢ en un mayor crecimiento econ¨®mico, una mayor racionalizaci¨®n productiva y una disminuci¨®n de los precios, factores que tendr¨¢n como consecuencia el descenso del paro.
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