Una oportunidad de oro

La mara?a burocr¨¢tica espa?ola requiere una reforma sustancial e inmediata para impedir que siga creciendo la monstruosa situaci¨®n actual, en la que los funcionarios se debaten en medio de colecciones reglamentarias que comprenden varios miles de p¨¢ginas. Seg¨²n el autor, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional brinda una oportunidad de oro para acometer esa reforma.

En los juicios pol¨ªticos, aunque no sea corriente, a veces se logra la unanimidad. Por ejemplo, todo el mundo est¨¢ de acuerdo en que la reforma de la funci¨®n p¨²blica, encabezada por la ley de 2 de agosto de 1984, fue un desacierto total, que no s¨®lo frustr¨® las esperanzas de los bur¨®cratas espa?oles, sino que adem¨¢s -y esto es lo importante- priv¨® al Gobierno de un instrumento capaz de desarrollar sus pol¨ªticas m¨¢s sustanciales. Porque las decisiones pol¨ªticas, buenas o malas, necesitan de un aparato administrativo que las lleve a la realidad; y es el caso que el Estado espa?ol carece de brazos para actuar, de tal manera que la energ¨ªa pol¨ªtica se pierde en el interior del mecanismo administrativo -y no precisamente por culpa de los funcionarios- sin lograr llegar a los ciudadanos.Confesemos que la cosa ya estaba mal en 1983 y que la herencia era deplorable; pero exist¨ªa, al menos, la esperanza del remedio, y ahora ya ni ¨¦sta queda, puesto que la ley de 1984 acert¨® a arrasar todas las ilusiones. El propio Gobierno se percat¨® de ello de inmediato y casi desde el primer momento hizo caso omiso de buena parte de la ley, obrando a su gusto y no siempre dentro de la legalidad. Pero el mal ya estaba hecho. Qui¨¦rase o no, la aprobaci¨®n de una ley genera inevitablemente una serie de normas y de actos administrativos que de ordinario son irreversibles.

En lo que a funcionarios se refiere, las recientes colecciones reglamentarias comprenden varios miles de p¨¢ginas de disposiciones generales, y los actos individuales de aplicaci¨®n alcanzan cifras millonarias. A nada y a nadie se ha dejado en su sitio, jur¨ªdica y econ¨®micamente hablando, y se han agitado fren¨¦ticamente las aguas burocr¨¢ticas, revolviendo una pecina en la que nada se percibe con claridad, salvo la buena fortuna de quienes han acertado a colocarse arriba aprovech¨¢ndose de la confusi¨®n.

Prescindiendo de los miles de recursos contencioso- administrativos que -para gozo de abogados y tormento de jueces- desde la fecha se han interpuesto, la ley de 1984 fue impugnada directamente ante el Tribunal Constitucional, quien ha dictado, al fin, sentencia el 11 de junio de 1987, estimando en parte el recurso y anulando algunos art¨ªculos de la ley, al mismo tiempo que precisando el alcance de otros. Pero no es mi intenci¨®n analizar aqu¨ª el contenido de esta sentencia, puesto que s¨®lo importa directamente a los funcionarios, y todav¨ªa quedan algunos espa?oles que no lo son; por lo que me voy a limitar a exponer unas reflexiones m¨¢s profundas y m¨¢s generales.

1. Por lo pronto, cabe preguntarse por la trascendencia de una resoluci¨®n judicial dictada al cabo de m¨¢s de tres a?os de haberse planteado la cuesti¨®n. Porque si la sentencia se hubiera dictado de inmediato, a¨²n hubiera habido tiempo de evitar las consecuencias de unos preceptos que ahora sabemos que son inconstitucionales. Pero con el transcurso del tiempo los efectos inconstitucionales ya se han producido, y mal se puede a estas alturas dar marcha atr¨¢s. De sobra sabemos que de estos retrasos no tiene la culpa el Tribunal Constitucional; pero si las sentencias no se dictan a tiempo, s¨®los valen para complicar m¨¢s las cosas y para entretener a abogados y profesores de Derecho.

2. Si, por otro lado, tambi¨¦n sabemos que con harta frecuencia la Administraci¨®n condenada no se da por enterada de las sentencias y prescinde de las declaraciones y ¨®rdenes de los tribunales, con mayor raz¨®n lo har¨¢ cuando la ejecuci¨®n de la sentencia es realmente complicada, cuando no imposible. Parece ser que el Gobierno est¨¢ estudiando febrilmente lo que ahora ha de hacer para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y para que las Cortes adapten a la Constituci¨®n lo que ya se ha declarado viciado. Pero, por muy buena que sea la intenci¨®n del legislativo y del ejecutivo, dudo mucho que a estas alturas puedan remediarse los hechos consumados. Nos hemos metido en un juego costoso de hacer y deshacer las piezas de la m¨¢quina y, al final, nunca termina saliendo harina limpia de las tolvas del molino, que es lo que, en definitiva, importa. A ojo de buen cubero puede calcularse, y desde luego me quedo corto, que el remedio de los entuertos producidos ya por los art¨ªculos declarados inconstitucionales ha de costar cuatro o cinco a?os, si es que a la faena se dedican 200 o 300 funcionarios con plena dedicaci¨®n y capacidad sobresaliente; y sin contar, desde luego, los recursos contencioso-administrativos que por ello han de venir.

3. La sentencia, in¨²til y hasta perjudicial por s¨ª misma, podr¨ªa producir, sin embargo, unos efectos saludabil¨ªsimos si el Gobierno aprovechase la ocasi¨®n para no limitarse a cumplirla estrictamente sino para rectificar su pol¨ªtica anterior. Lo cual nada tiene que ver obviamente con el Derecho, pero s¨ª, y mucho, con la pol¨ªtica.

Tal como he dicho, los responsables de la funci¨®n p¨²blica son los primeros que se percataron del disparate cometido al aprobarse la ley de 1984, de la que, en honor de la verdad, no fueron del todo culpables, puesto que hay que dar a las Cortes lo que a ellas corresponde y no atribuir a un ministro, ni mucho menos a un subsecretario o a un equipo de expertos, la paternidad de un reto?o legislativo. Lo que sucede es que por verg¨¹enza pol¨ªtica (y quiz¨¢ tambi¨¦n por respeto al legislador) no se atrevieron a confesar el pecado e insistieron tercamente en el error. De tal manera que, prescindiendo de algunos art¨ªculos de la ley que han sido elegantemente olvidados, se fue -cayese quien cayese y con beneficio, tambi¨¦n es verdad, de algunos agraciados desarrollando y ejecutando la mayor¨ªa de sus preceptos. Esta realidad parece una incongruencia, pero desde el punto de vista pol¨ªtico no lo es, y m¨¢s si tenemos en cuenta las rentas que de tal honestidad hubiera obtenido la oposici¨®n: que a veces quien yerra y no enmienda lo hace forzado por la actitud de los que tiene enfrente.

Rectificar

Pues bien, la sentencia del Tribunal Constitucional est¨¢ brindando al Gobierno una oportunidad de oro, como dicen los cronistas deportivos, para rectificar su anterior pol¨ªtica funcionarial -con la que, al parecer, no est¨¢ de acuerdo- y establecer otra algo mejor fundada. Porque el Tribunal Constitucional permite replantearse la cuesti¨®n de nuevo sin necesidad de perder la cara.

A mi modesto juicio -que es, pr¨¢cticamente sin excepciones, el de todos los sindicatos y organizaciones representativas de los funcionarios- ¨¦ste es el momento de volver a reflexionar sobre el sistema funcionarial que necesitan la Administraci¨®n y la sociedad espa?ola de 1987, o, si se quiere, del a?o 2000. Si en estos d¨ªas se pretende enderezar la econom¨ªa espa?ola llamando a concierto a determinados agentes sociales (algunos de ellos, por cierto, muy poco representantivos de aquellos a quienes se quiere ordenar), no hay ninguna raz¨®n para no hacer lo "sino con este sector, singularmente importante, de la vida p¨²blica, que a todos afecta.

Claro es que para ello, y adem¨¢s de tiempo, se exige un pulso y una sinceridad pol¨ªtica que no son habituales en nuestro mundo; pero de no hacerlo as¨ª y aparte de la incongruencia que representa utilizar una f¨®rmula en unos medios y rechazarla, sin m¨¢s, en otros relativamente pr¨®ximos ser¨¢ perder el tiempo. Tan es as¨ª que me atrevo a hacer una afirmaci¨®n dram¨¢tica: si el Gobierno y las Cortes se limitan a cumplir estrictamente la sentencia del Tribunal Constitucional y a sustituir unos art¨ªculos por otros mejor redactados, perder¨¢n una oportunidad hist¨®rica y volver¨¢n a defraudar, ahora definitivamente, a quienes a¨²n tenemos confianza en ellos y creemos que, ciertamente con muchas dificultades, la cosa tiene remedio. Ll¨¢mese pacto institucional, como antes se dec¨ªa, o ll¨¢mese concertaci¨®n, si queremos ponernos a la moda, la idea es factible y la coyuntura pol¨ªtica, por las razones indicadas y algunas otras no menos obvias que me callo, muy favorable. Porque hoy resulta la operaci¨®n m¨¢s dif¨ªcil que hace dos a?os era, pero ma?ana ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil todav¨ªa.