Los obispos y el Gobierno

LA DECISI?N del Gobierno de exonerar a la Iglesia cat¨®lica del pago del impuesto sobre el valor a?adido (IVA) de las obras de construcci¨®n de lugares de culto y, por otra parte, la destituci¨®n de Gonzalo Puente Ojea como embajador ante el Vaticano parecen indicar la voluntad del Ejecutivo de cerrar paso a cualquier resurgimiento de conflictos en las relaciones Iglesia-Estado. El Gobierno ha apostado decididamente, siguiendo criterios de un pragmatismo notable, por adelantarse a cualquier eventual apertura de ese potencial frente de desestabilizaci¨®n que siempre ha sido la cuesti¨®n religiosa en Espa?a.Si se tiene en cuenta el papel jugado por cuesti¨®n tan propensa a suscitar reacciones de intolerancia en nuestra historia contempor¨¢nea, se comprende la prudencia de los socialistas, una de cuyas primeras iniciativas, nada m¨¢s tomar posesi¨®n Felipe Gonz¨¢lez, fue la de crear, en enero de 1983, una comisi¨®n mixta Gobierno-Conferencia Episcopal para el estudio y resoluci¨®n de los problemas planteados por las relaciones Iglesia-Estado. Las dos decisiones que comentamos son, con probabilidad, resultado de acuerdos alcanzados en la ¨²ltima reuni¨®n celebrada por dicha comisi¨®n, en julio pasado.

Pero ambas decisiones reavivan las sospechas sobre los sistemas empleados en Espa?a por la jerarqu¨ªa cat¨®lica de signo m¨¢s conservador, que se aprovechar¨ªa de su autoridad sobre las conciencias, y del temor que tal influencia suscita en el poder civil, para obtener privilegios espec¨ªficos. Y esa sospecha alimenta la sim¨¦trica: la de que el Estado, aconfesional, ceda a los requerimientos de un credo religioso que, por muy entra?ado que est¨¦ en la historia y cultura del pa¨ªs, no deja de representar solo a un sector -y de ninguna manera un¨ªvoco- de la propia sociedad.

La Constituci¨®n de 1978, fruto de un complicado consenso, rechaz¨® tanto el anticlericalismo impl¨ªcito de la Constituci¨®n de la II Rep¨²blica como el confesionalismo expl¨ªcito del franquismo. El art¨ªculo 16 proclama que "ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal", pero en el mismo p¨¢rrafo se ordena a los poderes p¨²blicos "tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa?ola" y mantener "las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia cat¨®lica y las dem¨¢s confesiones". Dicho art¨ªculo suscit¨® apasionados debates durante la discusi¨®n constitucional. Hay que reconocer, a punto de cumplirse una d¨¦cada de vigencia de nuestra Carta Magna, que fue un m¨¦rito de los constituyentes evitar que la naciente democracia viera frustrado su desarrollo por querellas religiosas como las que tantas veces ensombrecieron y ensangrentaron a este pa¨ªs. La Iglesia misma hab¨ªa facilitado el camino: los obispos, en una iniciativa in¨¦dita en nuestra historia y digna de todo encomio, reconocieron colectivamente los errores cometidos durante su larga colaboraci¨®n con el franquismo, y pidieron p¨²blicamente perd¨®n por ello.

La voluntad de concordia y la filosof¨ªa pactista que han presidido la acci¨®n de los sucesivos Gobiernos democr¨¢ticos est¨¢ por ello justificada. -Pero no es evidente, a la vista de acontecimientos recientes, que la pol¨ªtica de guante blanco practicada por la comisi¨®n Iglesia-Estado haya servido para moderar las ansias confesionalistas de algunos obispos espa?oles que reverdecen sus nostalgias al hilo de los nuevos vientos del Vaticano. Es a ellos, y a los cat¨®licos espa?oles en general, a quienes toca demostrar con hechos que no quieren ninguna situaci¨®n de privilegio y que est¨¢n dispuestos a participar en la construcci¨®n de una sociedad civil pluralista en condiciones de igualdad respecto al resto de los ciudadanos.