El anuncio de los presupuestos

AL FIN, el Gobierno se ha decidido a dar a conocer sus intenciones presupuestarias para el pr¨®ximo a?o. El anuncio de las nuevas escalas impositivas ha venido precedido de toda una serie de filtraciones sobre la reducci¨®n de algunas desgravaciones de tanta significaci¨®n como la correspondiente a la vivienda o al leasing, que podr¨ªan incidir de manera estable en el comportamiento de amplios colectivos y afectar a algunas variables macroecon¨®micas de gran importancia para el desarrollo del pa¨ªs, como la inversi¨®n. Tal vez s¨®lo se trate de rumores, pero cuanto antes se disipen las dudas a este respecto, mejor ser¨¢ para todos. Tambi¨¦n se han anunciado medidas cuya justificaci¨®n en t¨¦rminos de funcionalidad recaudatoria rozan lo que muchos ciudadanos entienden que son los l¨ªmites del Estado de derecho. Tal es el caso de la publicaci¨®n de las listas de contribuyentes, en las que, al parecer, se sabr¨¢ si la declaraci¨®n fue positiva: se trata de una medida que, de aplicarse, no har¨ªa sino contribuir a la inseguridad de los ciudadanos, algo que en principio debe rechazarse. La persecuci¨®n del fraude fiscal no debe llevarse a cabo a costa de la seguridad de ciudadanos que pagan regularmente sus impuestos y que aparecen por ello en las listas de Hacienda. Igualmente parece rechazable la idea de exigir a los ciudadanos que deseen utilizar una cuenta corriente en una instituci¨®n financiera el n¨²mero de identificaci¨®n fiscal; se trata de una deriva por un terreno peligroso desde la perspectiva de las libertades individuales. La necesidad de luchar contra el fraude fiscal es algo que nadie discute, pero esta lucha no debe realizarse por cualquier procedimiento.En cuanto a las propuestas del Gobierno, conviene distinguir la que corresponde al a?o actual y la que se refiere a 1988. La primera se trata de una disminuci¨®n del 5% del conjunto de la escala impositiva, que vendr¨¢ a compensar el efecto de la inflaci¨®n sobre las cantidades que deber¨¢n pagar los contribuyentes por las rentas obtenidas este a?o. La segunda, de mucho mayor alcance, se refiere a la escala correspondiente a 1988, y tendr¨¢ efectos inmediatos sobre las retenciones a partir de enero pr¨®ximo. Es una profunda reordenaci¨®n de la escala impositiva que contiene novedades fundamentales; entre ellas, la simplificaci¨®n de la tarifa, la exoneraci¨®n tributaria de las primeras 600.000 pesetas ganadas y la supresi¨®n del l¨ªmite del 46% para rentas superiores a 12 millones.

La simplificaci¨®n de la escala permite racionalizar la progresividad del impuesto para todas las categor¨ªas de renta, lo cual representa un paso adelante en la l¨ªnea de una mejor justicia redistributiva. Por su parte, la exoneraci¨®n de tributar otorgada a las rentas menores de 600.000 pesetas tendr¨¢ un impacto considerable sobre las rentas m¨¢s bajas, que para ingresos de un mill¨®n de pesetas supera el 5%. Se trata de una reducci¨®n de la carga fiscal que podr¨ªa inducir cierta moderaci¨®n a la hora de las negociaciones salariales, resultando dif¨ªcilmente comprensible que este punto no se haya situado en el eje mismo de la concertaci¨®n social. Por ¨²ltimo, la supresi¨®n del l¨ªmite del 46% implicar¨¢ una mayor tributaci¨®n para las rentas m¨¢s altas. Se trata en este caso de una medida demag¨®gica que afectar¨¢ a profesionales, asalariados o no, que no tienen patrimonio, por cuanto que se mantiene el l¨ªmite conjunto del 70% para el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. Lo aconsejable habr¨ªa sido dise?ar una escala en la que todos los contribuyentes pagaran menos o, alternativamente, dar un trato general favorable a las rentas procedentes del trabajo. Puestos a suprimir l¨ªmites, no resulta comprensible el que no se haya suprimido el que se refiere a la tributaci¨®n conjunta de los matrimonios.

Los nuevos impuestos favorecer¨¢n el consumo privado y penalizar¨¢n el ahorro y la financiaci¨®n de la inversi¨®n. Este aspecto del problema tiene cierta relevancia a la hora de evaluar las l¨ªneas generales de la pol¨ªtica econ¨®mica para el pr¨®ximo a?o, por ahora insuficientemente explicadas por el Gobierno. La desconexi¨®n entre la negociaci¨®n salarial y el anuncio de las nuevas tarifas hace que desde ahora pueda plantearse el problema del equilibrio externo de la econom¨ªa. El problema se complicar¨ªa a¨²n m¨¢s si se reduce el apoyo a la inversi¨®n mediante una modificaci¨®n sustancial del r¨¦gimen tributario del leasing. La conveniencia de avanzar por la senda de una mejor justicia fiscal es incuestionable, pero tambi¨¦n lo son las realidades econ¨®micas, y, en este caso, lo que en definitiva se penalizar¨ªa ser¨ªa la creaci¨®n de empleo.

La ¨²nica forma de escapar de este dilema consiste en reducir el desmedido aumento del gasto p¨²blico, para que sea posible un crecimiento paralelo del consumo y del ahorro privados. Desde esta perspectiva, el aumento previsto de los gastos del Estado (un 10,5%) no parece razonable, pues excede con mucho el crecimiento nominal previsto de la econom¨ªa. El Parlamento tiene la ¨²ltima palabra en este asunto.