Hacienda reforzar¨¢ el control sobre otros ministerios al poder valorar su gesti¨®n econ¨®mica tras auditarles

El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda reforzar¨¢ el control que ejerce sobre otros departamentos a trav¨¦s de la Intervenci¨®n General del Estado porque emitir¨¢ juicios de valor sobre la gesti¨®n econ¨®mica de los mismos despu¨¦s de someterlos a auditor¨ªa. La autorizaci¨®n necesaria para este y otros cambios en los sistemas de control y gesti¨®n del gasto p¨²blico ha sido incluida en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1988.

Las principales novedades del proyecto, en cierto modo anticipadas por Hacienda a los restantes ministerios a finales del pasado mes de julio, consisten en que, a cambio de eliminar la fiscalizaci¨®n previa ejercida por los interventores desde el siglo XIX para la generalidad del gasto p¨²blico, se a?adir¨¢n valoraciones sobre la gesti¨®n econ¨®mica.Este cambio, si bien ha sido precedido por la introducci¨®n paulatina de t¨¦cnicas de muestreo en los sistemas de intervenci¨®n, no parece ser del agrado de algunos aparatos ministeriales, que tambi¨¦n se sol¨ªan sentir molestos con los controles vigentes. Tradicionalmente el papel de los interventores ha sido visto con recelo por los centros afectados por su actuaci¨®n. En determinados casos se les ha llegado a considerar verdaderos caciques. Pero lo cierto es que, seg¨²n fuentes de Hacienda, el Consejo de Ministros no ha puesto reparos al proyecto.

Seg¨²n ¨¦ste, el Gobierno podr¨¢ acordar que la intervenci¨®n previa, legalizada hasta ahora con car¨¢cter extensivo, se limite a comprobar una serie de requisitos esenciales sobre la legalidad del gasto. Los departamentos afectados ser¨¢n luego objeto de otra intervenci¨®n plena a posteriori ejercida con t¨¦cnicas de muestreo o auditor¨ªa. Los interventores encargados de esto "deber¨¢n emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan".

Alegaciones

Estos informes se remitir¨¢n al ministro jefe del departamento para que formule en su caso, y en el plazo de 15 d¨ªas, las alegaciones que considere oportunas, elev¨¢ndolos posteriormente a la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado, que dar¨¢ cuenta al Consejo de Ministros y a los centros directivos que resulten afectados de los resultados m¨¢s importantes de la fiscalizaci¨®n realizada a posteriori y propondr¨¢ las actuaciones aconsejables.

Fuentes de la Intervenci¨®n General del Estado, encargada del control interno del gasto p¨²blico, han confirmado este proyecto, aunque negaron que pretenda aumentar el poder del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda. Las mismas fuentes a?adieron que el objetivo se centra en modernizar y racionalizar las t¨¦cnicas de control del gasto p¨²blico y adecuarlas a las disponibilidades de personal y medios, l¨ªnea en la que se trabaja desde hace varios a?os, porque las t¨¦cnicas de control previo entra?an el riesgo de diluir su efectividad.

Por lo dem¨¢s, el proyecto de ley mantiene que podr¨¢n ser excluidas de intervenci¨®n previa las subvenciones con asignaci¨®n nominativa, como ocurre, por ejemplo, en los casos de Hunosa o Renfe.