Los sindicatos de abogados y jueces de Francia critican la redada contra refugiados vascos

La redada policial en el Pa¨ªs Vasco franc¨¦s del 3 de octubre pasado, en la que fueron detenidas alrededor de 200 personas, refugiados vasco espa?oles en su mayor¨ªa, y algunos, presuntos miembros de ETA, seg¨²n la polic¨ªa espa?ola, signific¨® "un cuestionamiento de excepcional gravedad del Estado de derecho", seg¨²n un amplio informe preparado por el Sindicato de Abogados de Francia (SAF) y el Sindicato de la Magistratura (SM), que agrupa a la mayor¨ªa de los jueces del pa¨ªs vecino. El informe, de 50 p¨¢ginas, concluye que se produjo "un ataque flagrante y considerable a la independencia del poder judicial".El informe analiza los fundamentos legales de la intervenci¨®n judicial y policial que sigui¨® a la detenci¨®n de Santiago Arr¨®spide e I?aki Pikabea, el 30 de septiembre, en Bayona y Saint Pee-sur-Nivelle, respectivamente, y asegura que durante la operaci¨®n policial "la legalidad del Estado franc¨¦s fue violada".

Los autores se?alan que la comisi¨®n rogatoria del juez Legrand, de Par¨ªs, autorizando la redada, no fue el origen sino el pretexto judicial de la operaci¨®n, y a?aden que los medios de comunicaci¨®n franceses invitados por el Ministerio del Interior a seguir las operaciones gozaron de un tratamiento de favor en comparaci¨®n con las autoridades judiciales y policiales.

El informe califica los hechos de redada "en el sentido de las que realizan todos los reg¨ªmenes pol¨ªticos m¨¢s favorables a las operaciones policiacas que a la legalidad". Entre otras irregularidades, los sindicatos citan la detenci¨®n de menores de edad en centros policiales, la prolongaci¨®n de los per¨ªodos de detenci¨®n por el juez de Par¨ªs y no por el juez local, la expulsi¨®n a Espa?a de menores y la expulsi¨®n de padres con hijos de nacionalidad francesa.

Tambi¨¦n critica el informe la entrega a la polic¨ªa espa?ola de un exiliado cuya extradici¨®n hab¨ªa sido rechazada por un tribunal de Aix-en-Provence en 1979. Seg¨²n los autores del trabajo, Mart¨ªn Apaolaza, de acuerdo con los datos suministrados por su abogado en Espa?a, est¨¢ siendo objeto de acciones judiciales por los mismos delitos que se le atribuyeron en la demanda de extradici¨®n, lo cual es ilegal, seg¨²n la normativa francesa.

El informe destaca el hecho de que la mayor¨ªa de las 55 personas entregadas a la polic¨ªa espa?ola se encontraban en situaci¨®n regular en Francia, con su documentaci¨®n en regla, y considera incomprensibles los criterios que permitieron a 15 expulsados escoger puntos de destino distintos a Espa?a, mientras los dem¨¢s eran directamente entregados a la polic¨ªa espa?ola.

La investigaci¨®n por cuenta de las dos organizaciones fue efectuada por la magistrada Simone Gaboriau, de Burdeos, y los abogados Jean Louis Brochen, de Lille, y, Jean Danet, de Nantes, que se trasladaron a mediados de octubre a Biarritz y Bayona y recogieron las declaraciones de numerosos testigos.