El privilegio del secreto

EL GOBIERNO se ha negado a facilitar al Parlamento los datos que sirvieron de base para elaborar el ¨ªndice de precios al consumo (IPC) de agosto, mes en que el incremento de precios, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), se situ¨® en el 0%. La respuesta del Ejecutivo a la pregunta planteada por un diputado del Centro Democr¨¢tico y Social (CDS) argumenta que "esta informaci¨®n primaria est¨¢ sometida al secreto estad¨ªstico".La ¨²nica regulaci¨®n del secreto estad¨ªstico se deriva de la ley de 31 de diciembre de 1945, cuyo art¨ªculo 11 dice: "El personal del INE que intervenga en la recolecci¨®n de datos y dem¨¢s operaciones del proceso estad¨ªstico guardar¨¢ sobre ellos absoluto secreto. Los datos estad¨ªsticos no podr¨¢n publicarse m¨¢s que en forma num¨¦rica, sin referencia alguna de car¨¢cter individual". Han pasado desde la promulgaci¨®n de esta ley casi 42 a?os. Pero su idea central es la misma que impera en las normas de otros pa¨ªses y que subyace en el origen, ya secular, de la defensa del secreto estad¨ªstico: salvaguardar el anonimato de los ciudadanos que colaboran con las instituciones encargadas de las estad¨ªsticas, a fin de facilitar su fiabilidad.

En este caso, quiz¨¢ los 14.000 informantes mensuales del INE, dependiente de la Direcci¨®n General del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, que toma de ellos cada mes unos 146.000 precios para elaborar el IPC, no tendr¨ªan inconveniente en que el Gobierno facilitara sus nombres y sus respuestas al Parlamento.

Pero si el anonimato debiera ser salvaguardado para evitar arbitrariedades en el literal cumplimiento de una ley, no es de recibo que el INE y el Gobierno se escuden en tal literalidad para negar "el cuestionario o, en su defecto, el soporte magn¨¦tico relativo a los datos de base utilizados".

Si es que este soporte magn¨¦tico incluye los nombres de los informantes, cosa que dudamos, una sencilla operaci¨®n inform¨¢tica bastar¨ªa para extraer del ordenador los precios sin especificar los nombres de quienes los han facilitado.

La experiencia de quienes deben recurrir al INE en busca de estad¨ªsticas, as¨ª como el entramado normativo en el que se refugia esta direcci¨®n general, indican que la presunta defensa del secreto se vuelve con frecuencia contra los administrados que tratan de ejercer su derecho a la informaci¨®n. La pr¨¢ctica m¨¢s habitual -para cuya defensa hay que remontarse al reglamento estad¨ªstico de febrero de 1948- es la de considerar secretos todos los datos y cifras "en tanto no reciban aprobaci¨®n superior y orden de difusi¨®n o publicaci¨®n".

Estas ¨®rdenes no tienen el mismo tiempo para la opini¨®n p¨²blica o para los usuarios de estad¨ªsticas que para el Gobierno, que goza del privilegio -por ejemplo- de conocer una estimaci¨®n confidencial del IPC de cada mes con al menos una semana de antelaci¨®n respecto a la fecha de publicaci¨®n de este ¨ªndice.

Detr¨¢s de la pregunta parlamentaria que el Gobierno se ha negado a atender parece latir una estrategia del CDS para poner de relieve la necesidad de que el INE dependa del Parlamento, como mejor garant¨ªa de la fiabilidad y el control de las estad¨ªsticas. El diputado centrista Rioboo Almanzor defendi¨® en septiembre pasado una proposici¨®n no de ley en esa direcci¨®n que cont¨® con el respaldo un¨¢nime del resto de los grupos de la oposici¨®n y que fue rechazada por la mayor¨ªa socialista con el argumento de que las Cortes ya disponen de suficientes mecanismos de control. Ahora, al dar a conocer la respuesta del Gobierno, Rioboo declar¨® que el asunto demuestra la carencia de controles, opini¨®n que han secundado otros partidos de la oposici¨®n.

Tal y como se?alan los socialistas, ninguno de los grandes pa¨ªses industrializados tiene la oficina central de estad¨ªsticas bajo la dependencia directa del Parlamento. Pero el secretismo at¨ªpico y un poco rid¨ªculo en el que se quiere envolver el INE no hace sino abonar las tesis de que es preciso modificar su dependencia y sistemas de funcionamiento. Es justa la pretensi¨®n de conocer c¨®mo se elabora el IPC, pues de otro modo se alimentar¨¢ la creciente sensaci¨®n ciudadana de que una cosa son las subidas de precios sufridas sobre los productos de consumo, y otra bien distinta, el ¨ªndice oficial de precios al consumo.