La ley de Costas s¨®lo afectar¨¢ a una m¨ªnima parte de las comunicaciones ya existentes

La nueva ley de Costas, cuyo anteproyecto fue aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, no afectar¨¢ a las edificaciones ya existentes en suelo urbano con plan parcial aprobado (el 60% de la costa). Las edificaciones restantes (el 40%) se dividir¨¢n entre legales e ilegales. Las primeras se mantendr¨¢n, y las ilegales s¨®lo ser¨¢n demolidas "cuando, no preceda su legalizaci¨®n". El ministro de Obras P¨²blicas y Urbanismo, Javier S¨¢enz Cosculluela, dijo ayer que la ley "no va a impedir la construcci¨®n ni afectar¨¢ a los derechos obtenidos leg¨ªtimamente".

Espa?a tiene 7.880 kil¨®metros de costa, de los que 2.000 son playas. El 40% de la costa ya est¨¢ urbanizado, el 7% depende de instituciones portuarias, el 3% est¨¢ dedicado a actividades industriales, y el 8%, a usos agr¨ªcolas. Queda, por tanto, alrededor de un 42% sin usos claramente definidos o irreversibles.El proyecto de ley de Costas, cuya elaboraci¨®n ha durado dos a?os y medio, se aplicar¨¢, esencialmente, a las zonas a¨²n no urbanizadas y sin usos definidos. La ley pretende, seg¨²n afirm¨® ayer Javier S¨¢enz Cosculluela, "salvar ese espacio mar¨ªtimo sin urbanizar y mantener un uso racional del que ya ha sido ocupado". Esa ocupaci¨®n se ha hecho de tal forma que, afirma el propio anteproyecto, "se ha producido un doble fen¨®meno de degradaci¨®n y privatizaci¨®n del litoral que, de hecho, hace irreconocible el paisaje de no hace m¨¢s de 30 a?os". Ese 40% de costa ya urbanizada necesita de unos 6.000 millones de pesetas de inversi¨®n para su regeneraci¨®n.

La nueva ley, sin embargo, poco podr¨¢ hacer con los kil¨®metros de playa destrozados por la especulaci¨®n o por el puro mal uso de un terreno. Lo que s¨ª pretende es, atendiendo al mandato de la Constituci¨®n, reafirmar el car¨¢cter de "dominio p¨²blico de la zona mar¨ªtimo-terrestre". Para ello, el proyecto determina una zona de protecci¨®n de 100 metros, en la que, en el futuro, no se permitir¨¢ la construcci¨®n.

Los derechos adquiridos

Sin embargo. la ley, que tras ser objeto de ocho redacciones sucesivas ha sido ahora rem¨ªtida al Congreso, "no atenta contra los derechos legales adquiridos, ni va a suponer un obst¨¢culo para las actividades econ¨®micas en las zonas costeras". O sea, que los edificios legalmente construidos y las inversiones previstas no se ver¨¢n afectados por la nueva normativa.Los efectos de esta ley sobre lo ya edificado, aunque haya contribuido a deteriorar las costas espa?olas, ser¨¢ escaso. El 60% de las edificaciones existentes se encuentra en suelo urbano o urbanizable, con plan parcial aprobado. Esa mayor¨ªa de edificaciones no se ve afectada en absoluto por el proyecto, "salvo por las servidumbres de tr¨¢nsito y de protecci¨®n que ya exist¨ªan".

Para el 40% de las edificaciones restantes, que est¨¢ sobre suelo no programado como urbano, en dominio p¨²blico o en servidumbres de tr¨¢nsito y protecci¨®n, se establecen dos categor¨ªas: las construcciones legales y las ilegales.

Las edificaciones legales se mantienen en su totalidad. Y en muchas de ellas -las que tengan licencia y se encuentren en servidumbres- se podr¨¢n incluso realizar obras de recuperaci¨®n y conservaci¨®n para impedir su deterioro.

Las edificaciones ilegales ser¨¢n demolidas "cuando no proceda su legalizaci¨®n por razones de inter¨¦s p¨²blico". O sea, que algunas de ellas podr¨¢n ser legalizadas. Para S¨¢enz Cosculluela, "las actuaciones ilegales s¨®lo una minor¨ªa, proque la gente no se arriesga a construir in permiso".

La futura normativa, afirm¨® el ministro, "va a facilitar la modernizaci¨®n de la oferta tur¨ªstica y garantizar¨¢ los derechos de los ciudadanos de acceder a todos los lugares p¨²blicos e la ribera del mar". La reglamentaci¨®n ha sido redactada or el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo tras realizar numerosos contactos con agrupaciones hoteleras, municipales, ecologistas y de constructores, a la vez que se ha tenido en cuenta la opini¨®n de las comunidades aut¨®nomas.