La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos propone una ley de protecci¨®n de datos en el uso de la inform¨¢tica

La regulaci¨®n del desarrollo y uso de la inform¨¢tica y las telecomunicaciones para la protecci¨®n del honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos y libertades es el objeto del texto articulado para una ley org¨¢nica remitido a todos los grupos parlamentarios por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH). Entre otras novedades, se crea una Comisi¨®n Nacional cuyos 15 miembros ser¨¢n independientes y no sometidos a ninguna autoridad en su funci¨®n protectora.

La iniciativa de colaborar a la elaboraci¨®n de la ley prevista en el art¨ªculo 18.4 de la Constituci¨®n, fue adoptada por la APDH, que preside el fiscal del Tribunal Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, con ocasi¨®n de las recientes jornadas sobre Inform¨¢tica y libertades, celebradas en Madrid (ve¨¢se EL PA?S del 26 de noviembre). Uno de los principales promotores del texto, el abogado y miembro de la junta directiva de la APDH Diego L¨®pez Garrido, explica que se pretende "encabezar, desde la sociedad civil, una respuesta jur¨ªdica al reto tecnol¨®gico".Para L¨®pez Garrido, "la idea fundamental es abordar en sentido positivo el proceso inform¨¢tico, no como ante un mostruo del que hay que defenderse, sino procurando orientarlo hacia el inter¨¦s p¨²blico, de modo que se garantice la defensa de los derechos y libertades". L¨®pez Garrido explica que el texto articulado se inspira en la ley franc¨¦sa sobre inform¨¢tica y libertades, de 1978, y que Espa?a, desde que en 1982 ratific¨® el Convenio Europeo sobre Protecci¨®n de Datos, tiene pendiente, en ejecuci¨®n del mismo, la promulgaci¨®n de una ley org¨¢nica, a la que se oponen los departamentos de Interior, Defensa y Hacienda.

Entre las novedades del texto de la APDH figura que la protecci¨®n de datos inform¨¢ticos se ampl¨ªa a los archivos manuales y a las nuevas posibilidades abiertas a la utilizaci¨®n de la imagen o identidad personal por las telecomunicaciones. Cualquier persona tendr¨¢ derecho a conocer la existencia y finalidad de los archivos o bancos de datos personales, as¨ª como la identidad de la autoridad que los controle. Asimismo, tendr¨¢ derecho a obtener informaci¨®n completa sobre el origen, contenido y uso de los datos que afecten a su intimidad o identidad y a obtener una indemnizaci¨®n o compensaci¨®n por los da?os sufridos.

Cuando se detecten errores o lagunas en los datos, se podr¨¢ requerir la rectificaci¨®n, que la entidad requerida deber¨¢ realizar. En caso de duda, la carga de la prueba recaer¨¢ sobre la entidad ante la que se efectua la rectificaci¨®n. En todo momento, la persona a cuya identidad se refieren los datos archivados podr¨¢ obtener la cancelaci¨®n de los mismos. En el caso de archivos reservados dependientes de Hacienda, Defensa e Interior, el acceso, rectificaci¨®n y cancelaci¨®n de datos se realizar¨¢ a trav¨¦s de la Comisi¨®n Nacional para la protecci¨®n de datos.

Organismo aut¨®nomo

La mencionada comisi¨®n se configura como un organismo aut¨®nomo para garantizar el honor y la intimidad personal en relaci¨®n con el uso de la inform¨¢tica y las telecomunicaciones cuyos reglamentos y actos ser¨¢n recurribles ante los ¨®rganos judiciales seg¨²n la vigente ley sobre Protecci¨®n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. La Comisi¨®n Nacional emitir¨¢ un informe anual p¨²blico a las Cortes y al Gobierno y su presupuesto se integrar¨¢ en el del Ministerio de Justicia.La composici¨®n que se propone para los 15 miembros de la Comisi¨®n Nacional que se crea es la siguiente: dos diputados y dos senadores elegidos por sus respectivas c¨¢maras, cuatro juristas de reconocida competencia designados por el Consejo General del Poder Judicial cuatro especialistas en materia de inform¨¢tica y telecomunicaciones designados por el Consejo de Universidades; dos representantes de los empresarios y trabajadores, designados por el Consejo Econ¨®mico y Social (cuando exista ¨¦ste ¨®rgano constitucional) y un representante de la Administraci¨®n, designado por el Gobierno a propuesta del ministro de Justicia.