La Caja de Granada ha pagado la vigilancia del domicilio particular del director general
La Caja General de Ahorros de Granada abona desde hace tiempo, por un importe mensual superior a las 800.000 pesetas, la vigilancia del domicilio particular de su director general Julio Abad Mata, que dimiti¨® el pasado lunes.Los consejeros generales de la lista alternativa a la presidencia de la caja, auspiciada por el PSOE, entregar¨¢n por requerimiento notarial un escrito a la comisi¨®n de control de la entidad para que revise los acuerdos del consejo de administraci¨®n relativos a una indemnizaci¨®n de 70 millones de pesetas para el director dimitido y a la participaci¨®n en la empresa de seguros Universal Compa?¨ªa, SA, (Ucisa).
En la ¨²ltima factura presentada por la empresa de seguridad Esabe Express, correspondiente al mes de noviembre, la caja de ahorros pag¨® 846.720 pesetas por la vigilancia del domicilio particular de Julio Abad. La factura lleva el visto bueno de la propia direcci¨®n general de la caja.
El servicio corresponde a la vigilancia de 30 d¨ªas y durante las 24 horas de la casa del director. Abad afirm¨® ante el consejo el d¨ªa de su dimisi¨®n, que su baja estaba relacionada con el cansancio y el env¨ªo de an¨®nimos.
Julio Abad dirigir¨¢ y presidir¨¢ desde enero la empresa Ucisa, creada hace unos siete meses por la Caja de Granada como principal accionista. El propio Julio Abad es accionista particular de la saciedad con 4.590.000 pesetas. Tambi¨¦n son accionistas particulares los subdirectores de la caja Jos¨¦ Mar¨ªa Hidalgo y Manuel Titos. La caja tiene el 20%. de las acciones de Universal Compa?¨ªa, unos 600 millones de pesetas. Seg¨²n la entidad, el pasado d¨ªa 7 el consejo vendi¨® la mitad de las acciones, sin especificar el comprador.
Seg¨²n los consejeros generales de la lista del PSOE, el nombramiento de Abad como director de Ucisa es "cuando menos sorprendente, ya que podr¨ªa implicar actuaciones que rozan la legalidad".
Estos consejeros reiteran en el escrito a la comisi¨®n de control de la caja, que los 70 millones de pesetas otorgados como indemnizaci¨®n a Abad por cesar voluntariamente, conculcan el Real Decreto de 1 de agosto de 1985, que regula las relaciones laborales para los altos cargos.
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