El profesor Luis Enrique de la Villa coordinar¨¢ el equipo jur¨ªdico que defender¨¢ a los 133 despedidos de Al¨²mina-Aluminio
El catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo de la universidad de Madrid, Luis Enrique de la Villa, a requerimiento de la UGT, coordinar¨¢ el equipo de abogados que defender¨¢ a los 110 trabajadores y a los 23 miembros del comit¨¦ de Al¨²mina-Aluminio despedidos a ra¨ªz del hundimiento del buque Cason.El profesor De la Villa expuso ayer los argumentos en los que se basar¨¢ la defensa, partiendo de que el desalojo de la factor¨ªa de San Cipri¨¢n se produjo tras un acuerdo entre la direcci¨®n y el comit¨¦ de empresa, roto posteriormente. En consecuencia, a juicio del letrado, no hubo actuaci¨®n unilateral del comit¨¦. Adem¨¢s sostiene que la direcci¨®n de la factor¨ªa, durante bastantes horas, se opuso al paso del convoy cargado con bidones en cuyas etiquetas pon¨ªa "M¨¢s peligrosos", hasta que en un momento determinado cambiaron de criterio los responsables de la empresa, no el comit¨¦.
Fuentes consultadas en la empresa, por otra parte, han declinado comentar los argumentos del equipo jur¨ªdico, indicando que "la ¨²ltima palabra sobre las responsablidades del episodio corresponde a la justicia".
Imputaciones de la empresa
Las imputaciones que la empresa ha hecho contra los trabajadores son que han intervenido en una huelga ilegal, no han respetado los servicios m¨ªnimos y han transgredido la buena fe contractual. A juicio del coordinador de la defensa, no parece que la primera acusaci¨®n pueda prosperar porque para ser ?legal debe haber huelga. Para que exista se requiere una cesaci¨®n en el trabajo en reivindicaci¨®n de una mejora laboral, y en este caso el paro pretend¨ªa salvar la integridad f¨ªsica y la vida de los trabajadores.Asimismo, Luis Enrique de la Villa argumenta que ninguna autoridad estableci¨® servicios m¨ªnimos, por lo cual no se puede hablar de incumplimiento. Ni siquiera la empresa los concret¨® y tan- s¨®lo se limit¨® a requerir la aplicaci¨®n de los establecidos en conflictos anteriores.
La imputaci¨®n de la transgresi¨®n de la buena fe contractual, que los jueces vienen interpretando como abuso de confianza de actuaci¨®n dolosa, pero nunca la relacionan con el perjuicio econ¨®mico, en opini¨®n de De la Villa, en este caso se tiene que valorar que los hechos no se producen en una situaci¨®n neutra.
Para De la Villa, buena parte de la jurisprudencia tampoco vale porque entiende que aqu¨ª se dio una "situaci¨®n de emergencia p¨²blica, con las emisoras hablando de caos y mientras se produc¨ªa el desalojo de pueblos".
El catedr¨¢tico reconoce que es una valoraci¨®n muy dificil dellevar a cabo, pero entiende que el comit¨¦ no actu¨® con imprudencia. Asimismo afirma que el primer esfuerzo a realizar es el esclarecimiento de los hechos, dado que existen dos versiones contradictorias de lo sucedido: la de la direcci¨®n y la del comit¨¦ y los trabajadores.
Comisi¨®n neutral
Por otra parte, los dirigentes de UGT han pedido la constituci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n que act¨²e de manera neutral y consideran injusto que las consecuencias hayan reca¨ªdo ¨²nicamente sobre los trabajadores despedidos. Entre las pruebas que obran en su poder figuran los telegramas enviados a los trabajadores responsables de los servicios m¨ªnimos, con fecha 16 de diciembre, requiri¨¦ndoles su reincorporaci¨®n al trabajo el d¨ªa 15, de acuerdo con lo se?alado por el propio comit¨¦.
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