Un formulario llamado MSI-02

G. M. Entre las preguntas del llamado Formulario MSI-02 que han de contestar los trabajadores de empresas que deseen obtener el acuerdo de seguridad figura, con el n¨²mero trece, la de "organizaciones o asociaciones con las que tiene o ha tenido relaci¨®n". Quienes respondan a esta pregunta -bajo la que, desde hace cerca de tres a?os, aparece la advertencia de que "la contestaci¨®n a este apartado es voluntaria"-, han de especificar el nombre, clase o tipo de asociaci¨®n, se?as, el tipo de relaci¨®n mantenida, el desde cuando y el hasta cuando.

La voluntariedad de las respuestas, introducida a ra¨ªz de las numerosas denuncias sobre la presunta inconstitucionalidad del cuestionario -realizadas por Comisiones Obreras, el PCE, el Defensor del Pueblo, la Junta Directiva de Abogados J¨®venes de Madrid y la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos-, fue esgrimida por el Gobierno para responder a una pregunta parlamentaria que efectu¨® a mediados de 1985 el diputado comunista Fernando P¨¦rez Royo.

El Ejecutivo justificaba la redacci¨®n y distribucci¨®n del citado cuestionario entre diversas empresas p¨²blicas en el cumplimiento de la ley de secretos oficiales, "cuyo art¨ªculo ocho limita el conocimiento de las materias clasificadas a las personas debidamente facultadas para ello" (v¨¦ase EL PA?S del d¨ªa 13-10-1985).

Otras preguntas incluidas en el cuestionario se refieren a la relaci¨®n cronol¨®gica de todos los antiguos lugares de residencia y el tiempo de permanencia en los mismos y el detalle de todos los viajes al extranjero (incluidas las ciudades visitadas y las fechas de entrada y salida de Espa?a).

Tambi¨¦n se pide la reconstrucci¨®n del expediente profesional (con referencia a los empleos ocupados) y las eventuales condenas civiles y militares que le hayan sido impuestas (con detalle de la causa, fecha, delito y pena correspondiente).

Las explicaciones dadas por el Gobierno fueron consideradas insuficientes por Comisiones Obreras, que expres¨® el temor de que tales cuestionarios abrieran las puertas, bajo el pretexto de la seguridad nacional, a investigaciones anticonstitucionales sobre la vida privada y la ideolog¨ªa que condicionen perspectivas de promoci¨®n y de estabilidad en el empleo de los colectivos de izquierdas.

Esta preocupaci¨®n enlaza con la creencia de que en determinadas empresas multinacionales norteamericanas se proyecta imponer un sofisticado y pr¨¢cticamente indemostrable veto a la contrataci¨®n de comunistas o de personas que, al margen de razones ideol¨®gicas, no se ajusten en su vida privada a los c¨¢nones de comportamiento que las empresas consideran acertados por mayoritarios.