La ruta del Brasil

CON LA firma, por primera vez en su historia, de un tratado de extradici¨®n, Espa?a y Brasil se han dotado del instrumento jur¨ªdico indispensable para dificultar la utilizaci¨®n de sus territorios como refugio impune de pr¨®fugos de la justicia. Para Espa?a, esto no s¨®lo representa un paso m¨¢s en la pol¨ªtica que viene desarrollando de reforzamiento y modernizaci¨®n de su entramado de auxilio judicial con otros pa¨ªses, sustentado en la mayor¨ªa de los casos en viejos convenios suscritos en pleno siglo XIX. La firma de un tratado de extradici¨®n con Brasil se hab¨ªa convertido tambi¨¦n en un objetivo de pol¨ªtica interior, dado el constante goteo de fugados de la justicia hacia la gran rep¨²blica latinoamericana.Ser¨ªa ingenuo echar las campanas al vuelo como si con la firma del tratado Espa?a tuviese ya al alcance de su mano a toda la cohorte de pr¨®fugos de la m¨¢s variada condici¨®n que en los ¨²ltimos a?os pasaron tan f¨¢cilmente de uno al otro lado del Atl¨¢ntico. El convenio suscrito es una condici¨®n necesaria, pero ni mucho menos suficiente, para obligar a estos burladores de la justicia espa?ola a que respondan de sus actos. El nuevo tratado no tiene efectos retroactivos directos sobre las personas huidas con anterioridad a su firma a los territorios de los dos pa¨ªses firmantes. Sin embargo, su entrada en vigor puede obligarles a levantar el vuelo en busca de otros lugares o a adaptar sus vidas a condiciones de rigurosa clandestinidad. Porque uno de los art¨ªculos establece una especie de retroactividad inducida al considerarlo aplicable "a las personas que se encontraren en el territorio del Estado requerido 45 d¨ªas despu¨¦s de su entrada en vigor cualquiera que sea la fecha en que se hubiere cometido el delito".

La eficacia del acuerdo depender¨¢ de la voluntad de los pa¨ªses firmantes y del cariz que quieran imprimir a sus relaciones. Esto es algo obvio en la cooperaci¨®n jur¨ªdica entre los Estados, pero se va a hacer sentir con m¨¢s fuerza el nuevo marco de auxilio judicial en el que acaban de entrar Espa?a y Brasil. Este ¨²ltimo pa¨ªs tiene una vieja y generosa tradici¨®n de tierra de asilo. Mantener esta tradici¨®n e impedir, al mismo tiempo, que se convierta en cobertura del asesinato, la estafa o la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, no es ni mucho menos contradictorio. En todo caso, Brasil ha dado un paso positivo en este terreno en relaci¨®n con Espa?a.

En lo que respecta a nuestro pa¨ªs, para que tenga alguna efectividad, los aparatos judicial, policial y diplom¨¢tico del Estado deber¨¢n ser mucho m¨¢s diligentes de lo que vienen si¨¦ndolo hasta ahora en la acreditaci¨®n documental de las solicitudes de extradici¨®n presentadas. Tambi¨¦n deber¨¢n coordinarse mucho mejor entre ellos. Entre 1983 y 1986, Espa?a solicit¨® 141 extradiciones a diversos pa¨ªses, pero apenas consigui¨® que se verificaran 50. En el pasado, la extradici¨®n de terroristas de ETA se plante¨® en m¨¢s de una ocasi¨®n sin acreditar el lugar donde se encontraban, lo cual facilitaba al Estado requerido su denegaci¨®n.

Tras la firma del tratado con Brasil, Espa?a mantiene convenios de extradici¨®n con todos los pa¨ªses latinoamericanos, salvo con Bolivia, Per¨², Honduras y Nicaragua. Ello no es obst¨¢culo para que algunos de estos pa¨ªses sirvan hoy de refugio a los procesados del sumario de la colza huidos, a ultraderechistas condenados por viles asesinatos o a estafadores de toda laya. Lo cual demuestra que no basta con disponer del adecuado instrumento jur¨ªdico.