Carnaval paraguayo

El pasado domingo de carnaval, el Gobierno del general Stroessner convoc¨® a los ciudadanos paraguayos para participar en una representaci¨®n m¨¢s de la parodia electoral que se viene repitiendo peri¨®dicamente desde que logr¨® hacerse con el poder absoluto en su pa¨ªs. Las urnas, despojadas del simbolismo y valores que encarnan en una votaci¨®n democr¨¢tica, se convierten en piezas de un decorado que dif¨ªcilmente puede transmitir al espectador una sensaci¨®n de veracidad.El Partido Colorado, oficialista, intenta disfrazar su posici¨®n hegem¨®nica con el apoyo complaciente que le prestan dos partidos fantasmas, el Liberal y el Liberal-Radical, que desde hace unos a?os acceden gustosos a formar parte de una especie de tr¨ªpode con pies torcidos, que sirve de sustento al sistema totalitario que encama el general Stroessner; un general impuesto por la fuerza de las armas y asentado sobre una inicial represi¨®n sangrienta, que hoy ha descendido a cotas m¨¢s bajas que en sus momentos iniciales. El dominio absoluto que el partido oficialista ejerce sobre el patrimonio estad¨ªstico, obtenido de un calculado control del escrutinio electoral, le permite compartir cuotas proporcionales de su bot¨ªn (un 33%) con sus comparsas en el coro electoral.

De todo el ceremonial desplegado, s¨®lo las urnas y la papeleta mantienen, inanimadamente, la imagen de una confrontacion electoral. No falta, quiz¨¢ por influencia del gran vecino del Norte, el colorido indumentario y la algarab¨ªa musical y propia de los comicios estadounidenses. Sin un mensaje pol¨ªtico pluralista y renovado, el sufrido ciudadano paraguayo debe someter sus o¨ªdos a la audici¨®n ininterrumpida de polca con nombres tan originales como General Stro¨¨ssner y Partido Colorado.

La oposici¨®n pol¨ªtica, agru pada en tomo al acuerdo nacio nal que aglutina a cuatro partidos -Febrerista, Liberal-Radical Aut¨¦ntico, Democracia Cristiana y Mopoco-, se ve imposibilitada de participar en las elecciones ante la carencia de las m¨ªnimas garant¨ªas que deben presidir una contienda electoral.

Todo el sistema electoral paraguayo est¨¢ organizado para servir a la demostrada vocaci¨®n del general Stroessner para perpetuarse en el poder y transmitirlo, por v¨ªa sucesoria, a sus descendientes directos. La ley Electoral (886/81) establece un sistema de listas, confeccionadas con datos no contrastados, por lo que nadie puede tener un conocimiento m¨ªnimamente fiable del n¨²mero de electores reales y de sus se?as de identidad. Ninguna comisi¨®n no oficial puede tener acceso a las listas para depurarlas o impugnarlas. Si un ciudadano desea inscribirse, no podr¨¢ comprobar si su petici¨®n se ha llevado a efecto.

Carece Paraguay de una instancia electoral judicial que decida sobre las reclamaciones de los ciudadanos ante las irregularidades electorales. Los partidos o agrupaciones electorales que deseen participar tienen que recibir el visto bueno de la llamada Comisi¨®n Central Electoral. Esta omnipotente instituci¨®n concede el libre paso a la contienda a aquellos que voluntaria y graciosamente admite, pero nadie puede corregir o variar sus decisiones.

En este momento, la Democracia Cristiana est¨¢ todav¨ªa esperando, desde 1971, que la Corte Suprema de Justicia resuelva la reclamaci¨®n pendiente sobre la denegaci¨®n de su petici¨®n de inscribirse en el registre oficial.

La Conferencia Episcopal Paraguaya, que desde hace unos a?os ha llamado a todas las fuerzas pol¨ªticas y organizaciones sociales a un di¨¢logo nacional, ha exteriorizado su postura cr¨ªtica ante la maquinaria electoral que viene manejando la dictadura. Cualquier intento de ajustar la sociedad paraguaya a las corrientes pluralistas que vertebran la realidad del pa¨ªs tropieza con la censura, la coacci¨®n y hasta la c¨¢rcel de aquellos que arbitraria y selectivamente eligen los ¨®rganos de represi¨®n del Gobierno. La posibilidad de expresar y transmitir opciones distintas a las del Partido Colorado oficialista se reducen al silencio por decisiones revestidas de formalidades pseudojur¨ªdicas que har¨ªan enrojecer o quiz¨¢ sonre¨ªr al menos avezado constitucionalista. La Prensa y los medios de comunicaci¨®n, ha dicho el fiscal general del Estado, no son sino servicios p¨²blicos, cuyo funcionamiento y vigencia pueden ser afectados por una simple resoluci¨®n administrativa del mismo rango que un decreto ordenando retirar la ropa tendida de los balcones.

El diario Abc Color permanece silenciado por una resoluci¨®n del ministro del Interior que ha entendido que su contenido afectaba gravemente a la "salubridad p¨²blica". Ninguna instancia judicial se ha dignado amparar a sus propietarios y redactores. S¨®lo la graciable decisi¨®n de las autoridades podr¨¢ restablecerles en la posesi¨®n de sus instalaciones, que no as¨ª en el pleno disfrute de sus derechos y, sobre todo, de la libertad de informar. La televisi¨®n oficial es impermeable a cualquier presencia no grata al palacio presidencial, y, lejos de mantener un calculado y t¨¢ctico distanciamiento, participa con decidido fervor en la propaganda de la postura oficial y en la constante denigraci¨®n de los opositores pol¨ªticos, a los que con frecuencia vitupera con el sambenito de "vendepatrias" por tratar de introducir modas tan perniciosas y for¨¢neas como la libertad de expresi¨®n, el pluralismo pol¨ªtico y el derecho a unas elecciones libres y aut¨¦nticas.

El cerco a Radio ?anduti ha sido m¨¢s sofisticado y, despu¨¦s de numerosas irrupciones de la polic¨ªa en su sede y la interferencia constante de sus emisiones, fue cercada econ¨®micamente, chantajeando a los comerciantes y empresarios que hab¨ªan contratado la inclusi¨®n de espacios publicitarios. Me refiero exclusivamente a estos dos casos por haber alcanzado mayor relevancia internacional, pero el cat¨¢logo de medios cerrados y periodistas encarcelados por el simple ejercicio de su profesi¨®n ha llenado las p¨¢ginas de los informes redactados por la Organizaci¨®n de Estados Americanos, las Naciones Unidas y la Unesco.

El respeto al Estado de derecho a?ora en cualquiera de las decisiones diarias que emanan del general presidente. El 20 de diciembre pasado se produjo la excarcelaci¨®n del capit¨¢n Napole¨®n Ortigoza, despu¨¦s de cumplir, d¨ªa a d¨ªa, 25 a?os de reclusi¨®n por el delito de conspiraci¨®n y por la muerte de un cadete cuya identidad y causas nunca fueron suficientemente explicadas por los tribunales paraguayos. Extinguida la pena, ha ca¨ªdo sobre ¨¦l la discrecionalidad administrativa en forma de confinamiento en el poblado de San Estanislao, sin que ninguna norma legal lo autorice. Nadie ha fijado un plazo preciso para la duraci¨®n del confinamiento: el coronel director de la prisi¨®n de Asunci¨®n dijo que 15 d¨ªas; el capit¨¢n que lo traslad¨¦, 30, y sus abogados piensan que puede prolongarse indefinidamente, sin que tenga posibilidad de acudir a instancias judiciales para demandar protecci¨®n.

Con una oposici¨®n amordazada y sin posibilidad de participar libremente en la vida p¨²blica, parece aventurado tratar de apuntarse a esta representaci¨®n electoral que van a presenciar los paraguayos.

Si alguna opci¨®n pol¨ªtica opositora considerase t¨¢cticamente oportuno forzar el juego electoral y presentarse a los comicios, todav¨ªa tendr¨ªa que soportar, impotente, los tr¨¢mites de fiscalizaci¨®n del proceso electoral, tanto en el momento de emitir el voto como en la realizaci¨®n del escrutinio electoral. Los colegios electorales est¨¢n controlados y absolutamente dominados por el partido oficial, que ostensiblemente, sobre todo en las zonas rurales, hace ver a los electores la posibilidad de conocer su voto, violentando el secreto del sufragio. Si alg¨²n partido designase interventores, la ley Electoral (art¨ªculos 53 y 66) los despoja de toda facultad de control, y ni siquiera pueden exigir que se hagan constar sus protestas a la hora de emitir el voto o de verificar el resultado final.

Al d¨ªa siguiente de la ceremonia democr¨¢tica, Paraguay sigue enfrentado a su aplazado dilema. La raz¨®n y la justicia est¨¢n del lado de los opositores y de las fuerzas sociales que luchan por restablecer la dignidad y las libertades de todos los paraguayos; corresponde a la comunidad internacional el deber de presionar al Gobierno y a las potencias que dominan la zona -Brasil y Estados Unidos- para restablecer la democracia y resta?ar los sufrimientos y, heridas del pueblo paraguayo.

es presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnist¨ªa y la Democracia en Paraguay (SIJADEP).