Inventemos nosotros

CON LA presentaci¨®n solemne del primer Plan Nacional de Investigaci¨®n Cient¨ªfica y Desarrollo Tecnol¨®gico, los poderes p¨²blicos intentan poner en marcha el instrumento que haga posible que la sociedad espa?ola salde su hist¨®rica y vergonzante deuda con el progreso cient¨ªfico. A su favor tienen que, afortunadamente, Espa?a ya no es hoy aquel pa¨ªs que aliment¨® una tradici¨®n de ensimismamiento y autocomplacencia ignorante y desde?osa para con lo innovador.La inversi¨®n prevista por el plan para los pr¨®ximos cuatro a?os es de 634.171 millones de pesetas. Se pretende en este tiempo aumentar en 10.000 el n¨²mero de investigadores sobre los 20.000 ya existentes. Con ello Espa?a pasar¨ªa del 0,72% del producto interior bruto (PIB) que actualmente dedica a investigaci¨®n y desarrollo al 1,2% a finales de 1991, y de una tasa de investigadores del 1,4 por 1.000 habitantes al 2,2 por 1.000. Si se logran estos objetivos, Espa?a se acercar¨ªa a la media de los pa¨ªses de la OCDE, que dedican actualmente el 1'6 %, de su PIB a investigaci¨®n y desarrollo y que cuentan con 2,8 investigadores por 1.000 habitantes.

Pero por debajo de las grandes cifras y de los prop¨®sitos grandilocuentes pueden esconderse viejas actitudes que, aunque no invaliden el plan presentado, s¨ª recorten considerablemente su alcance. Es ya m¨¢s que dudoso que el camino adecuado para impulsar el desarrollo cient¨ªfico tenga que pasar por la f¨®rmula, at¨ªpica en otros pa¨ªses occidentales, de una ley de la Ciencia como la aprobada en Espa?a en abril de 1986 y a cuyo amparo nace el plan ahora puesto en marcha. Pero, aun dando por bueno este marco legal, no cabe duda de que son enormes los peligros de burocratizaci¨®n, dirigismo, centralizaci¨®n y, en definitiva, despilfarro que un plan tan mastod¨®ntico encierra. Su elaboraci¨®n tecnocr¨¢tica a manos de funcionarios, cuya capacidad no se pone en cuesti¨®n, pero que trabajan en muchos casos a espaldas del universo cient¨ªfico, multiplica las sospechas de que nos encontremos m¨¢s ante una mera yuxtaposici¨®n de programas que ante un verdadero plan de investigaci¨®n. Por otra parte, la ausencia de mecanismos de mercado que aseguren la viabilidad de los posibles productos tecnol¨®gicos derivados del plan es especialmente grave en un pa¨ªs como Espa?a, que cuenta con sectores p¨²blicos -sanidad, vivienda, educaci¨®n y transportes- tan necesitados de renovaci¨®n.

Habr¨¢ que ver tambi¨¦n c¨®mo se compagina la indispensable iniciativa de la comunidad cient¨ªfica en los proyectos con la carga arbitrista e ideol¨®gica que inevitablemente conlleva dictaminar desde las alturas del poder pol¨ªtico las prioridades en este terreno. En encontrar el adecuado equilibrio entre la espontaneidad del investigador y las prioridades oficialmente establecidas puede estar precisamente la clave del ¨¦xito. Esto vale sobre todo para la Universidad espa?ola, en la que se concentra el 60%. de los investigadores y cuya contribuci¨®n a la producci¨®n cient¨ªfica supera el 50% en varias ¨¢reas. La situaci¨®n de incuria y desidia en que se encuentra la Universidad espa?ola, donde el mantenimiento de privilegios del pasado y el imperio del nepotismo y del corporativismo han prevalecido sobre una mayor adecuaci¨®n de los equipos ense?antes a los nuevos tiempos, no es precisamente una garant¨ªa para que pueda ejercer de motor del plan.

El reto que tienen por delante y la responsabilidad que asumen ante la sociedad espa?ola los gestores del plan y los miembros de la comunidad cient¨ªfica son hist¨®ricos. El dinero que el contribuyente pone a su disposici¨®n responde por primera vez a la importancia de la apuesta. Si la ineficacia, el despilfarro y el sectarismo se imponen entre los primeros, y los peque?os intereses de escuela dominan en los segundos, Espa?a habr¨¢ perdido, quiz¨¢ irremediablemente, el desaf¨ªo que tambi¨¦n en este campo supone la entrada en vigor del Acta ?nica Europea en 1992.