Un tribunal declara degradante la colocaci¨®n de capuchas a los detenidos
La colocaci¨®n de capuchas a los detenidos sometidos a interrogatorio policial constituye un delito de "trato degradante", seg¨²n una sentencia dada a conocer ayer por la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n. En la sentencia, primera que sanciona en Espa?a este tipo de pr¨¢cticas seg¨²n fuentes judiciales, se condena a una pena de un mes y un d¨ªa de arresto mayor y dos meses de suspensi¨®n de funciones al capit¨¢n de la Guardia Civil Fidel del Hoyo Cepeda, que instruy¨® los interrogatorios a que fue sometido el autor de la denuncia, Ildefonso Salazar.La Audiencia donostiarra considera un hecho probado que en julio de 1984 Ildefonso Salazar, vecino de Renter¨ªa, permaneci¨® encapuchado en los interrogatorios a que fue sometido durante los cuatro d¨ªas en que estuvo arrestado en el cuartel de Intxaurrondo en San Sebasti¨¢n y estima que la conducta del oficial de la Guardia Civil condenado respond¨ªa al prop¨®sito de provocar desorientaci¨®n espacial, e impotencia al detenido para as¨ª obtener su confesi¨®n.
La colocaci¨®n de capuchas, bolsas de pl¨¢stico o cualquier prenda que impida la visi¨®n de los detenidos, una pr¨¢ctica admitida como habitual por algunos responsables de las fuerzas de seguridad del Estado y justificada en una ocasi¨®n por el propio ministro Jos¨¦ Barrionuevo, suscita desde hace a?os reacciones de censura en los medios judiciales vascos. En su fallo, el tribunal establece que el encapuchamiento de los detenidos en los interrogatorios "es una pr¨¢ctica degradante porque con ella se tiende a crear sentimientos de miedo, angustia e inferioridad y un envilecimiento y quebrantamiento, en su caso, de la resistencia f¨ªsica y moral del sujeto".
El tribunal fundamenta su fallo en la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos, que manifiesta que "nadie ser¨¢ sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes"; en la Constituci¨®n espa?ola, que proh¨ªbe expresamente esas mismas pr¨¢cticas, y en los acuerdos internacionales ratificados por Espa?a e incorporados al derecho interno espa?ol.
La condena al entonces teniente de la Guardia Civil Fidel del Hoyo Cepeda es la misma que solicitaba el ministerio fiscal.
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