Canal 10, el detonante de la investigaci¨®n

EL PA?S Alianza Popular present¨® en el Congreso de los Diputados, en noviembre de 1987, una proposici¨®n no de ley para evitar el tr¨¢fico de influencias y la utilizaci¨®n de informaciones privilegiadas por parte de quienes hab¨ªan desempe?ado responsabilidades p¨²blicas.

Los aliancistas, que solicitaron entonces la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Congreso, propugnaban que se ampliara el r¨¦gimen de incompatibilidades y que se prohibiera a quienes hab¨ªan desempe?ado cargos p¨²blicos el ejercicio del tr¨¢fico de influencias o su pertenencia a consejos de administraci¨®n de empresas p¨²blicas o privadas, relacionadas econ¨®micamente con la Administraci¨®n, durante los tres a?os siguientes al t¨¦rmino de su mandato.

Jos¨¦ Mar¨ªa Calvi?o, ex director general de RTVE, constituye el ¨¦xito profesional m¨¢s r¨¢pido tras el abandono de su cargo. A menos de un a?o del forzado abandono de su despacho de Prado del Rey, Calvi?o hab¨ªa promovido un canal de televisi¨®n, al margen de la legislaci¨®n que pudiera adoptar el Parlamento sobre televisi¨®n privada, y hab¨ªa intervenido en sustanciosas operaciones ininobiliarias, representando a la multinacional Heron International.

A finales de enero de 1988 el presidente nacional de AP, Antonio Hern¨¢ndez Mancha, anunci¨® que su grupo parlamentario preparaba un dictamen jur¨ªdico sobre la puesta en marcha del Canal 10 de televisi¨®n, al apreciar algunas presuntas irregularidades en el sistema aplicado para el enganche de los usuarios.

Tras muchas dudas sobre la actitud a adoptar, el Gobierno se mostr¨® dispuesto a modificar la ley de incompatibilidades de altos cargos, as¨ª como a proponer al Parlamento un estudio sobre "la actuaci¨®n de los pol¨ªticos desde 1977". El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Mart¨ªn Toval, aseguraba que su grupo iba a abordar la propuesta popular "de una manera positiva". Mart¨ªn Toval, que se mostraba convencido de la honestidad, en general, de toda la clase pol¨ªtica espa?ola, recalcaba la necesidad de extender cualquier estudio sobre estos temas a todo el per¨ªodo democr¨¢tico y no s¨®lo al per¨ªodo de gesti¨®n del partido socialista.

El pleno del Congreso de los Diputados dio el visto bueno, el pasado 15 de marzo, a la creaci¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n propugnada por Alianza Popular, con una nueva redacci¨®n de los objetivos de la misma, introducida por el PSOE y apoyada por la mayor¨ªa de las fuerzas parlamentarias. El Grupo Popular renunci¨® entonces a denunciar los casos concretos de personas que hubieran podido beneficiarse en sus actividades privadas por tener informaci¨®n privilegiada de la Administraci¨®n.