La oposici¨®n anuncia que recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional contra la ley de televisi¨®n privada

JUAN G. IB??EZEl Congreso de los Diputados aprob¨® ayer de forma definitiva el proyecto de ley de televisi¨®n privada, tras un a?o de tramitaci¨®n parlamentaria, con los ¨²nicos votos del Grupo Socialista. Para que empiecen a funcionar los tres canales autorizados es necesaria todav¨ªa la elaboraci¨®n del Plan T¨¦cnico Nacional, cuya aprobaci¨®n en Consejo de Ministros est¨¢ prevista "hacia el verano", seg¨²n manifest¨® a este diario el ministro de Cultura, Javier Solana. Todos los grupos parlamentarios, a excepci¨®n del CDS, anunciaron iniciativas para presentar recursos de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley, que de este modo se convierte en una de las propuestas legislativas del Gobierno que ha concitado m¨¢s sospechas de vulnerar la Constituci¨®n.

El portavoz del Gobierno, Javier Solana, reiter¨® su creencia de que la televisi¨®n privada podr¨¢ funcionar de hecho, al menos en un 50% del territorio nacional, en el plazo de un a?o y medio a partir de la entrada en vigor de la ley, que se producir¨¢ a los 20 d¨ªas de su pr¨®xima publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Solana coment¨® que "el que acudan o no a solicitar la concesi¨®n de canales los empresarios es cosa suya", si bien agreg¨® que los datos de que dispone el Gobierno indican que hay empresas dispuestas a realizar las solicitudes.No obstante, para que puedan hacerlo las sociedades todav¨ªa tendr¨¢n que esperar a la aprobaci¨®n del Plan T¨¦cnico Nacional, cuya elaboraci¨®n est¨¢ reservada al Ministerio de Transportes, y a la convocatoria de un concurso p¨²blico, con los consiguientes plazos de presentaci¨®n de solicitudes y de interposici¨®n de recursos. Solana matiz¨® que, desde su punto de vista, es factible que los tres canales privados de televisi¨®n entren en funcionamiento antes de las pr¨®ximas elecciones legislativas, previstas para la primavera de 1990, "siempre que por causas externas no se produzca un retraso".

Todos los portavoces de la oposici¨®n, excepto el del CDS, Federico Ysart, coincidieron en apreciar rasgos de inconstitucionalidad en el proyecto de ley aprobado ayer de forma definitiva tras las reformas t¨¦cnicas realizadas en el Senado. Luis Ramallo anunci¨® que Alianza Popular presentar¨¢ un recurso de inconstitucionalidad e invit¨® a los dem¨¢s grupos a que compartan las argumentaciones aliancistas para promover conjuntamente, esta iniciativa. Los grupos que re¨²nan m¨¢s de 50 firmas de diputados para suscribir el recurso disponen de un plazo de tres meses para solicitar la sentencia del Tribunal Constitucional.

Recurso de amparo

El representante centrista adelant¨® que el CDS estudia la posibilidad de promover recurso de amparo ante el alto tribunal, lo que exige una previa aplicaci¨®n de la ley que se considere que vulnera la Constituci¨®n.

En el debate celebrado en el pleno del Congreso, los portavoces de Alianza Popular (Luis Ramallo), del CDS (Federico Ysart), de la Minor¨ªa Catalana (Josep Mar¨ªa L¨®pez de Lerma), de la Democracia Cristiana (Juan Jos¨¦ P¨¦rez Dob¨®n), del PNV (Emilio Olabarr¨ªa), de Eusko Alkartasuna (Joseba Azc¨¢rraga) y del Partido Liberal (Jos¨¦ Antonio Segurado) coincidieron en reprochar al Gobierno que, en vez de presentar el proyecto, de ley de televisi¨®n privada como desarrollo del art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, que consagra la libertad de expresi¨®n, lo haya vinculado al art¨ªculo 128, que permite reservar al sector p¨²blico "recursos o servicios esenciales".

Una cr¨ªtica ¨ªntimamente relacionada con la definici¨®n de la televis¨ª¨®n privada como servicio p¨²blico -si bien en esta tesis el PSOE cuenta con el apoyo del CDS, PNV e Izquierda Unida- y con la limitaci¨®n a tres del n¨²mero de canales permitidos, ya que el Gobierno considera que existe una limitaci¨®n del espacio para la difusi¨®n de las se?ales televisivas.

El representante socialista en el debate, Pedro Bofill, insisti¨® en que esta limitaci¨®n, as¨ª como otras de ¨ªndole tecnol¨®gica, del mercado publicitario y de la viabilidad econ¨®mica y financiera de las empresas concesionarias justifican plenamente la limitaci¨®n del n¨²mero de canales. A su juicio, el Gobierno ha hecho 'la televisi¨®n privada m¨¢s abierta m¨¢s avanzada del entorno europeo".

Por el contrario, el portavoz aliancista consider¨® una contradicci¨®n aludir a limitaciones t¨¦cnicas cuando todav¨ªa no ha sido elaborado el Plan T¨¦cnico Nacional previsto en la propia ley, que, desde su punto de vista, "regula, en definitiva, una televisi¨®n intervenida, restrictiva, discriminatoria, obsoleta, incompleta y falta de garant¨ªas".

Ram¨®n Espasa (Izquierda Unida) y L¨®pez de Lerma (CiU) coincidieron con los portavoces del PNV y de EA en acusar al proyecto gubernamental de invadir competencias espec¨ªficas de las comunidades aut¨®nomas. Izquierda Unida negociar¨¢ con Converg¨¨ncia i Uni¨® la presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento catal¨¢n. EA anunci¨® que propondr¨¢ una iniciativa semejante en el Parlamento vasco, mientras que el PNV, obligado por el pacto de gobierno a negociar una decisi¨®n de este tipo con el PSOE, adelant¨® que se sumar¨¢ en el Congreso a cualquier recurso que recoja sus motivos para apelar, al Tribunal Constitucional.

La DC juzg¨® que el proyecto de ley aprobado ayer instaura "un oligopolio televisivo controlado y tutelado", y adelant¨® que estudiar¨¢ la posibilidad de negociar con AP la presentaci¨®n con junta de un recurso de inconstitucionalidad.

Coincidente con estas tesis, Jos¨¦ Antonio Segurado (PL) calific¨® la ley de "mediocre artificio para hacer ver como liberalizaci¨®n televisiva lo que en realidad no es m¨¢s que un conjunto de normas restrictivas".