El pacto entre la Generalitat y sus funcionarios supone una partida adicional de 2.300 millones

La Generalitat de Catalu?a ha podido sortear la conflictividad de sus funcionarios en plena empa?a electoral -a diferencia del Ayuntamiento de Barcelona- mediante un acuerdo de aumento del 19,6% para 13.000 de sus 86.000 empleados. La diferencia entre el aumento del 4% fijado por los Presupuestos del Estado, y el aumento real es la resultante de la aplicaci¨®n de una serie de complementos que permiten a estos funcionarios recuperar la p¨¦rdida relativa que sufr¨ªa respecto a otras administraciones desde la aplicaci¨®n de la ley estatal de Reforma de la Administraci¨®n P¨²blica, aprobada en 1984. El aumento supone un montante adicional de 2.300 millones para este a?o.

Los aumentos acordados el pasado d¨ªa 9 de mayo son consecuencia del desarrollo de la ley de la Funci¨®n P¨²blica (17 /1985), aprobada por el Parlamento de Catalu?a el 17 de julio de aquel a?o, cuya aplicaci¨®n ha venido sufriendo sucesivas demoras y ha sido objeto de una dilatada negociaci¨®n con los principales sindicatos de la administraci¨®n catalana (CC OO, UGT y CSC) durante un a?o y medio.El desarrollo de esta ley obligaba a aplicar un nuevo sistema, retributivo basado en la valoraci¨®n y clasificaci¨®n de los puestos de trabajo, en paralelo a la ley de Reforma de la Administraci¨®n P¨²blica (30 /84), aprobada por las Cortes Generales para los funcionarios dependientes de la administraci¨®n del Estado. A juicio de los sindicatos, la ley del parlamento catal¨¢n fue, en su momento, casi un calco a la de la reforma de la administraci¨®n central. Por ello, los funcionarios dependientes de la Generalitat reclamaron desde su aprobaci¨®n la homologaci¨®n de las retribuciones con relaci¨®n a las dem¨¢s administraciones que ya hab¨ªan efectuado su reforma.

La confluencia de funcionarios en la Administraci¨®n catalana de or¨ªgenes y procedencias diversas hab¨ªa conducido a sistemas de sueldos y retribuciones muy diferenciadas. Para proceder a una homogeneizaci¨®n, la administraci¨®n catalana encarg¨® a la empresa Hay Ib¨¦rica que ya hab¨ªa realizado trabajos similares para la Administraci¨®n central- un cat¨¢logo de puestos de trabajo. Sobre la base de este cat¨¢logo se realiz¨® posteriormente la negociaci¨®n, entre la Generalitat y los sindicatos, de las retribuciones y complementos que se deb¨ªan aplicar a los 30 niveles y 5 grupos del funcionariado.

Los sindicatos, sin embargo, no se responsabilizan del cat¨¢logo de puestos de trabajo, sino ¨²nicamente del acuerdo sobre retribuciones, puesto que a pesar de haberlo solicitado en diversas ocasiones no fueron invitados a la elaboraci¨®n del cat¨¢logo y ni siquiera conocen con exactitud c¨®mo afectar¨¢ y a qui¨¦n el reparto de las 30 categor¨ªas.

Normalizaci¨®n

Un posterior decreto de Integraci¨®n 59 / 1988 normaliz¨® finalmente a todos los funcionarios dentro de los cuerpos y escalas de la Generalitat y el acuerdo del d¨ªa 9 de mayo homogeneiza as¨ªmismo las retribuciones del personal funcionario de la Generalitat. Este acuerdo es exclusivo para el personal que ejerce funciones administrativas y / o t¨¦cnicas, y exceptua al personal laboral, docente, penitenciario, bomberos, cuerpos de seguridad y personal sanitario asistencial, con lo que su aplicaci¨®n afectar¨¢ solo a 13.000 funcionarios de un colectivo global de 86.000 personas que dependen de la administraci¨®n auton¨®mica catalana.

La directora general de la Funci¨®n P¨²blica, Maria Luisa Florensa, dependiente del Departamento de Gobernaci¨®n -cuyo titular es Agust¨ª Bassols- ha insistido en dejar claro que el aumento salarial aprobado respeta el 4% regalado por los presupuestos generales del Estado y que el resto de aumentos, hasta el promedio de un 19,6%, es consecuencia de la aplicaci¨®n de las nuevas valoraciones de complementos de destino, complementos espec¨ªficos por niveles y dedicaci¨®n y complementos de productividad.

Por otra parte, los complementos por productividad aceptados en el acuerdo suscrito deben entenderse -y as¨ª consta en el documento suscrito- "con independencia y sin perjuicio de la cuant¨ªa que por este mismo concepto se reparta una vez al a?o en los t¨¦rminos previstos a en el art¨ªculo 9 de la ley 25 / 87 de Presupuestos de la Generalitat". Este art¨ªculo hace referencia a una partida no superior al 2% del presupuesto de cada departamento que ¨¦ste puede destinar a complementos de productividad y que en el argot de la administraci¨®n ha venido a denominarse "bufandas", y que dado el car¨¢cter discrecional con que se ha venido distribuyendo ha sido motivo de numerosos recelos.

El acuerdo de homologaci¨®n de funcionarios auton¨®micos, largamente gestado y esperado, ha coincidido en el tiempo, por una parte, con las elecciones auton¨®micas y, por otra, con las reclamaciones de los sectores de la ense?anza. La primera coincidencia ha sido interpretada por sindicatos y oposici¨®n como intencionada, puesto que la ley es de julio 1985 y han sido necesarios muchos actos de fuerza sindical para llegar a un compromiso final que se ha firmado 20 d¨ªas antes de las elecciones auton¨®micas. La segunda coincidencia ha sido aprovechada por los sectores de ense?anza para crear una cierta confusi¨®n sobre sus derechos de homologaci¨®n, que nada tienen que ver con las obligaciones derivadas de la aplicaci¨®n de la ley de la Funci¨®n P¨²blica catalana y se inscriben en reivindicaciones del sector.

A las suspicacias sobre el car¨¢cter electoralista del acuerdo, m¨¢s por el momento de su aplicaci¨®n que por su contenido -que ven¨ªa obligado por la ley del propio Parlament de Catalunya- se a?ade que el colectivo afectado es el que en mayor medida ha sido engrosado directamente con personas de confianza del actual ejecutivo. Tambi¨¦n aqu¨ª suscitan comentarios los numerosos cargos pol¨ªticos que han ingresado en la n¨®n?na del funcionariado mediante oposiciones en las que, en numerosas ocasiones, han actuado de tribunal cargos de inferior graduaci¨®n para juzgar a sus inmediatos superiores, con el fin de otorgarles la categor¨ªa funcionarial.