Unas 40.000 empresas tendr¨¢n que auditarse desde 1989
Empresarios, juristas y auditores coincidieron ayer en urgir que se aplace la entrada en vigor del proyecto de ley de auditoria, al menos hasta que se aplique la reforma de las sociedades an¨®nimas, a partir de 1990. Las primeras estimaciones profesionales se?alan que si ahora someten sus cuentas a controles externos unas 8.000 empresas, ambas leyes obligar¨¢n a auditarse peri¨®dicamente a 40.000 compa?¨ªas. Uno de los temores consiste en que las auditor¨ªas sirvan de pista al fisco para plantear problemas a las empresas.
En una reuni¨®n organizada por la Asociaci¨®n para el Progreso de la Direcci¨®n (APD), interlocutores de los estamentos afectados por los proyectos de ley de auditoria y de reforma de la legislaci¨®n mercantil -empresas, abogacia y auditores- apuntaron que faltan tiempo y medios, a la vez que abundan resistencias, para que desde 1989 se generalice en Espa?a el control externo de cuentas.As¨ª lo preve la ley de auditoria que actualmente debate el Senado. Tambi¨¦n el proyecto de ley de reforma de las sociedades an¨®nimas regula el asunto. Pero el hecho de que ¨¦ste no haya empezado a ser debatido por el Congreso y quede para entrar en vigor en 1990 fue esgrimido por la mayor¨ªa de los oradores como un argumento principal para que se aplace la ley de auditor¨ªa.
Entre las razones existentes destaca que las condiciones para ser obligatoria la auditoria aparecen en el proyecto de reforma de la ley de sociedades an¨®nimas. Deber¨¢ ser auditada toda empresa que reuna dos de estos tres requisitos: superar los 230 millones de activo, los 480 de cifra anual de negocios o los 50 trabajadores.
400.000 sociedades
?ngel Dur¨¢ndez, socio-director de Arthur Andersen, avanz¨® a t¨ªtulo ilustrativo que, de las 400.000 sociedades an¨®nimas operantes en Espa?a -hay unas 600.000 inscritas-, la obligaci¨®n de auditarse podr¨ªa afectar a unas 40.000. Esto multiplica por cinco el n¨²mero actual de empresas auditadas, aunque no har¨¢ lo mismo con el mercado en pesetas, porque muchas de las empresas grandes y algunas de las medianas y peque?as ya cumplen.La idea de la falta de tiempo para preparar los auditores necesarios fue compartida por Jes¨²s Peregrina, de Peat Marwick, quien advirti¨® que la profesi¨®n de auditor est¨¢ amenazada as¨ª por el deterioro, cuando no por la mediocridad.
Sin embargo, las mayores cr¨ªticas procedieron de los empresarios y juristas. Jos¨¦ Mar¨ªa Vizcaino, director de Ram¨®n Vizcaino y presidente de la confederaci¨®n de empresarios vascos (Confebask), expres¨® el temor de que las primas y la ambiguedad impidan los informes l¨ªmpios. "Volvemos a caer en el intervencionismo excesivo y no eficaz, as¨ª como en el control indirecto de la actividad de la empresa", dijo.
Luis Pastor Ridruejo, secretario general de Campsa, manifest¨® -idea muy reiterada luego por otros oradores- que las cautelas de los auditores ante ciertos temas fiscales dudosos, al aparecer en las notas del informe, puede provocar actuaciones de la inspecci¨®n fiscal en temas discutibles. La actuaci¨®n del auditor se volver¨ªa as¨ª controla la empresa.
Por su parte, miembros de gabinetes juridicos que han evacuado dict¨¢menes sobre el asunto, como Rafael Jimenez de Parga y Juan Luis Iglesias (despacho Ur¨ªa & Men¨¦ndez), resaltaron que hay incoherencias entre los dos proyectos de ley, calificados por Iglesias de complementarios.
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