Participar es responsabilidad de todos

Toda una d¨¦cada de estructuraci¨®n del sistema democr¨¢tico espa?ol, sustentado en la participaci¨®n a trav¨¦s de los partidos pol¨ªticos como eslabones casi ¨²nicos de representaci¨®n, ha demostrado un distanciamiento progresivo entre la clase pol¨ªtica y la sociedad civil, poniendo en evidencia sus limitaciones en la construcci¨®n de una sociedad solidaria de avanzada justicia redistributiva.El distanciamiento es producto de varios factores, de los que cabr¨ªa destacar: el lento y cicatero proceso descentralizador de los poderes p¨²blicos; la falta de receptividad de los partidos pol¨ªticos, convertidos en m¨¢quinas electorales con discursos de razones de Estado y cifras macroecon¨®micas poco entendibles por la raz¨®n y microeconom¨ªa de los ciudadanos; por ¨²ltimo, quiz¨¢ la m¨¢s importante haya sido la falta de profundizaci¨®n de mecanismos que fomentaran la democracia participativa, facilitando a los diversos agentes concurrentes (fundamentalmente a los m¨¢s desprotegidos de la sociedad) de una estructuraci¨®n organizativa capaz de reequilibrar fuerzas frente al poder del poderoso. Las dos primeras razones deber¨ªan ser motivo de reflexi¨®n de los partidos; la ¨²ltima nos corresponde hacerlo entre todos.

Si hici¨¦ramos breve historia, para todos ser¨ªa conocido el papel de dinamizaci¨®n social cubierto por las asociaciones de vecinos durante la ¨¦poca no democr¨¢tica en nuestro pa¨ªs. Sus formas organizativas y de contacto con las realidades sociales les hicieron acreedoras de un prestigio que hasta el d¨ªa de hoy conservan.

Posteriormente existi¨® el intento de querer asumir su din¨¢mica y activismo por parte de partidos e instituciones. En buena l¨®gica, desde esa ¨®ptica pol¨ªtica, las asociaciones de vecinos dentro del movimiento vecinal ya no ten¨ªan raz¨®n de ser, y en consecuencia no se las reconoci¨® constitucionalmente ni se articul¨® para ellas ninguna salida jur¨ªdica (actualmente se rigen por la ley de 1964), neg¨¢ndoles todo tipo de recursos econ¨®micos e infraestructura. Desde el poder, para mantener el discurso de la importancia de la participaci¨®n, se fomentan otro tipo de cauces participativos que no cuestionar¨¢n: modelos de ciudad, de crecimiento, de calidad de vida, etc¨¦tera.

Espacio social

Sin embargo, es curioso que con los antecedentes expuestos se contin¨²e manoseando la crisis de las asociaciones de vecinos, se dude de su espacio social o se intente su reconversi¨®n. Por otro lado, cabr¨ªa preguntarse : ?Existe alguna otra entidad que cubra su espacio social asistencial reivindicativo? ?Han dejado de estar con m¨¢s o menos fuerza a la cabeza de las demandas de los vecinos? ?Pueden. ser ¨¦stas escuelas de ciudadan¨ªa., una herramienta que contribuya a la vertebraci¨®n de nuestra sociedad?

Desde nuestro punto de vista cabe afirmar que, pese al intento de hacerlas desaparecer, se ha constatado por recientes encuentas que las asociaciones de vecinos son las entidades con mayor aceptaci¨®n ciudadana y con un nivel afiliativo superior al de los partidos, sindicatos, asociaciones religiosas, etc¨¦tera. Esta evidencia deber¨ªa ser motivo de reflexi¨®n principalmente para aquellos pol¨ªticos que embellecen sus discursos con "la necesidad de la participaci¨®n social", incapaces de estimular o permitir las demandas participativas, principalmente de aquellos colectivos que s¨ª tenemos claro el para qu¨¦ y por qu¨¦ es imprescindible participar.

El porqu¨¦, desde el lado pol¨ªtico, deber¨ªa entenderse bajo el siguiente s¨ªmil: en el coso de nuestro Estado, comunidad o pueblo, para lidiar el toro de la especulaci¨®n, la explotaci¨®n y la insolidaridad es insuficiente un buen diestro, independientemente del color del traje que luzca, ymenos a¨²n si ¨¦ste no presta atenci¨®n a las voces del respetable, los consejos de su cuadrilla y el auxilio de su compa?ero de terna. Si ¨¦ste act¨²a as¨ª, est¨¢ condenado a que le devuelvan el berraco al corral (vivito y coleando) entre bronca y pitos del desilusionado espectador.Reconocimiento jur¨ªdico El para qu¨¦, desde el lado vecinal, debe quedar claro: quienes duden de participar pisando la arena del ruedo, temerosos de ser absorbidos, difuminados o utilizados, infravaloran la fuerza del astado (hay toro para todos). Ver los toros desde la barrera ser¨ªa poco entendible, y sobre todo perder¨¢n autoridad moral de hacer las cr¨ªticas pertinentes al particularismo del diestro pol¨ªtico o de exponer in situ las particularidades prioritarias del expectante y respetable p¨²blico.

Quienes hemos tenido claro las anteriores premisas con un concepto de independencia a la hora de colaboraci¨®n o cr¨ªtica, no hemos dejado de luchar durante m¨¢s de 20 a?os por el reconocimiento institucional y jur¨ªdico de las asociaciones de vecinos, enpro de lograr una democracia m¨¢s avanzada, es decir, m¨¢s participativa, en donde el votar cada cuatro a?os no sea la ¨²nica alternativa participativa ofrecida al conjunto de la ciudadan¨ªa.

El reciente protocolo firmado por el alcalde de Madrid y la Federaci¨®n Regional de Asociaciones de Vecinos, ratificado por un pleno municipal, no es tan s¨®lo una simple victoria, colof¨®n de la lucha del movimiento vecinal; puede y debe ser el comienzo de un nuevo estilo de hacer pol¨ªtica, al estar recogido en estos acuerdos el reconocin?ento de utilidad municipal de las asociaciones de vecinos, con concreciones econ¨®micas y pr¨¢cticas, el derecho a la voz en los plenos centrales y de juntas de distritos, la necesidad de modificar la normativa de participaci¨®n y la asunci¨®n del derecho de refer¨¦ndum municipal seg¨²n el desarrollo de ¨¦ste por la comunidad aut¨®noma de Madrid.

Deseamos que estas iniciativas de reconocimiento y de profundizaci¨®n en la participaci¨®n social sean asumidas igualmente por el Gobierno de la naci¨®n, el Senado, los parlamentos central y aut¨®nomo, as¨ª como por todas las distintas corporaciones locales que componen nuestro Estado.

La pen¨²ltima palabra la tienen los pol¨ªticos, sus partidos y coaliciones. El reconocin?ento de derecho de las asociaciones de vecinos debe darse cuanto antes: el desarrollo constitucional lo permite, un sector social lo demanda y la sociedad civil lo necesita.