Jueces progresistas y moderados piden al Poder Judicial contundencia contra la actitud de Barrionuevo

BONIFACIO DE LA CUADRA Representantes de las asociaciones judiciales progresista y moderada, ambas minoritarias, reprocharon ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no act¨²e de acuerdo con "la importancia" que atribuye a la negativa del ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, a contestar al juez Baltasar Garz¨®n sobre los fondos reservados de su departamento. Por mayor¨ªa de 11 votos sobre 19, el CGPJ acord¨® a ¨²ltima hora del pasado mi¨¦rcoles que el juez Garz¨®n le remita nuevos datos "a fin de pronunciarse sobre las medidas de protecci¨®n de la independencia judicial que procediere adoptar".

Otra propuesta de acuerdo, votada por ocho consejeros, se refiere a la "gravedad y trascendencia" de los hechos y pide al juez Garz¨®n que traslade al Consejo cuantas actuaciones estime perturbadoras de la independencia judicial. Por ¨²ltimo, tres vocales se mostraron partidarios de "poner los hechos en conocimiento del fiscal general del Estado", dos de ellos para que, en su caso, promueva "las acciones pertinentes en defensa de la independencia del juez", y uno "para que valore y en su caso inicie las pertinentes acciones legales, por si [los hechos] fueran constitutivos de los delitos de falta de colaboraci¨®n con la justicia y de ataque a la independencia judicial".En la l¨ªnea de estas ¨²ltimas propuestas, Jueces para la Democracia "urge al CGPJ para que, precisamente por la importancia que reconoce a los hechos, condene con la necesaria claridad y contundencia lo que constituye una grav¨ªsima obstrucci¨®n al ejercicio de la jurisdicci¨®n", al tiempo que "reclama de los altos responsables" de la actitud ministerial "una inmediata reconsideraci¨®n".

Inmunidad policial

El secretariado de Jueces para la Democracia, uno de cuyos portavoces es actualmente Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, eval¨²a los hechos como "una preocupante escalada", en la que "el Gobierno", dice, "da un paso m¨¢s hacia el fortalecimiento de zonas de inmunidad para la actividad de la polic¨ªa frente al control judicial, ahora en raz¨®n del particular r¨¦gimen contable de unos fondos reservados, cuyo uso, a¨²n cuando pudiera haber sido delictivo, estar¨ªa por encima del C¨®digo Penal, a juzgar por las manifestaciones del ministro del Interior".

Jueces para la Democracia considera qu¨¦ "¨¦sta pretensi¨®n, como la del mismo Barrionuevo de hallarse amparado por una suerte de secreto profesional, al convertir a los gestores de la democracia en incontrolables profesionales del secreto, pone bajo sospecha a fundamentales instituciones del Estado, que debieran ejercer la transparencia como norma de actuaci¨®n, y reduce el papel de la justicia a funci¨®n servil, precisamente all¨ª donde la naturaleza del poder que se ejerce demanda mayor control".

El magistrado Carlos Granados, dirigente de otra asociaci¨®n judicial minoritaria, la moderada Francisco de Vitoria, expres¨® su "preocupaci¨®n" por la actitud gubernamental y respecto al acuerdo adoptado por el CGPJ, a?adi¨® "Esperamos que el Consejo se pronuncie de una manera m¨¢s clara y contundente, de acuerdo con la propia importancia que atribuye a los hechos".

Por su parte, el magistrado Juan Miguel Esteve Campillo, secretario general de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, se?al¨® que, "a¨²n cuando la actitud ministerial puede implicar alg¨²n tipo de, desobediencia al juez, no hemos adoptado ninguna postura asociativa, dado que las posibilidades de actuaci¨®n jurisdiccional no est¨¢n agotadas y no se ha llegado a una situaci¨®n l¨ªmite". El dirigente de la APM record¨® que la resistencia gubernamental a colaborar con los jueces "no es algo excepcional, sino frecuente", y agreg¨®: "?stas resistencias se vencen con los mecanismos jurisdiccionales de que dispone el juez".

En contraste con la pasividad del Ministerio Fiscal, un miembro del secretariado de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, el fiscal de Alicante Miguel Guti¨¦rrez Carbonell, asegur¨® ayer que "el juez est¨¢ en su derecho de recabar la informaci¨®n solicitada sobre el destino de los fondos del Ministerio del Interior, que son reservados, pero no secretos". A?adi¨® que "en una causa judicial no existe impedimento legal para que el juez obtenga esos datos".