Los dos magistrados de Barcelona acusados de soborno y prevaricaci¨®n niegan las imputaciones del fiscal

Los magistrados Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaqu¨ªn Garc¨ªa Lavernia, ambos de 57 a?os, rechazaron ayer su participaci¨®n en los delitos de cohecho (soborno) y prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas resoluci¨®n injusta), de los que est¨¢n acusados por el fiscal, por los que les pide penas de 13 y 7 a?os de c¨¢rcel, respectivamente. Titulares ambos de los juzgados de primera instancia n¨²meros 2 y 6 de Barcelona, est¨¢n acusados de haber llegado a un acuerdo con seis profesionales del derecho para designarles como interventores y depositarios en procedimientos judiciales a cambio de un porcentaje de los beneficios obtenidos.

El fiscal considera que los magistrados Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaqu¨ªn Garc¨ªa Lavernia recibieron un total de 26 millones de pesetas por soborno y prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas resoluciones injustas).Los juristas que acompa?an a los jueces en el banquillo son Luis Lorenzo-Penalva (hermano del magistrado), Juan de la Cruz Magr¨ª, Mar¨ªa Gloria Vi?als, Joaqu¨ªn Carlos Vidal, Fernando S¨¢nchez S¨¢nchez y Pedro Norberto Trull¨¢s.

La petici¨®n del fiscal para estas personas es de siete a?os de prisi¨®n para cada una, excepto para Luis Lorenzo-Penalva y Gloria Vi?als, para los que pide 10 a?os de prisi¨®n. En el caso de los jueces, las penas demandadas son las m¨¢s elevadas que se han solicitado nunca para unos magistrados.

Los magistrados justificaron las cantidades de dinero recibidas, hasta los 26 millones, por la liquidaci¨®n de una herencia, en el caso de Lorenzo-Penalva, y por la venta de una granja, en el de, Garc¨ªa Lavernia.

Los dos magistrados, en tono nervioso, reconocieron que hab¨ªan nombrado en numerosas ocasiones a los profesionales citados como comisarios, interventores o depositarios en quiebras o suspensiones de pagos.

No obstante, precisaron que estas personas tambi¨¦n eran designadas para cargos similares por otros juzgados.

El fiscal C¨¢ndido Conde Pumpido afirm¨® que las designaciones se realizaban en virtud de un acuerdo previo entre los procesados, pero ¨¦stos lo negaron se?alando que la raz¨®n de que los nombramientos fueran tan frecuentes se deb¨ªa a la confianza que ten¨ªan en ellos.

El fiscal pregunt¨® a Lorenzo-Penalva: "?Sab¨ªa que Juan Magr¨ª y Joaqu¨ªn Carlos Vidal eran miembros del despacho de su hermano?". "S¨ª". "?Con ello beneficiaba al despacho de su hermano?". "Esto es un juicio de valor, que no admito", respondi¨®.

Hay que destacar que en la primera declaraci¨®n, realizada en mayo de 1983 por el magistrado Lorenzo-Penalva ante el juez instructor de la causa, reconoci¨® que hab¨ªa realizado gestiones ante compa?eros suyos para conseguir que su hermano fuera nombrado interventor en las suspensiones de pagos que llevaban otros juzgados.

El fiscal puso de manifiesto que las cantidades cobradas por Carlos Lorenzo-Penalva y los otros procesados designados como interventores eran proporcionales entre s¨ª. Al pedir el fiscal una explicaci¨®n por este hecho, el magistrado contest¨®: "?Ah!, esto yo no lo s¨¦". Y el fiscal replic¨®: "Nosotros s¨ª lo sabemos".

Discrepancias

El fiscal volvi¨® a se?alar la coincidencia de que dos talones correlativos extendidos por el abogado Lorenzo-Penalva, uno para su asociado Juan Magr¨ª, como supuesta retribuci¨®n por su trabajo en el despacho, y otro para su hermano, al parecer como parte de una herencia, eran de la misma cantidad.Los informes periciales contables propuestos por el fiscal y las defensas sobre los talones cobrados- por los procesados por el supuesto acuerdo fueron contradictorios. Los peritos del fiscal precisaron que hab¨ªan observado coincidencias en m¨¢s de 50 cheques ingresados en las cuentas de los procesados en los que se repet¨ªan sistem¨¢ticamente las fechas e importes, aunque se les atribuyen procedencias distintas. Sin embargo, subrayaron que no pudieron averiguar si estas coincidencias reflejaban el reparto pactado entre los procesados.

Los peritos de las defensas, por el contrario, manifestaron que no exist¨ªan coincidencias entre las fechas y los importes de los talones. Asimismo, afirmaron que no encontraron ingresos en las cuentas de Garc¨ªa Lavernia de pagos hechos por el despacho de Lorenzo-Penalva.

El magistrado Garc¨ªa Lavernia neg¨® haber llegado a un acuerdo para repartirse las ganancias. El fiscal le pregunt¨® sobre la denominada "banda de los cuatro" (en referencia al pacto que manten¨ªa con S¨¢nchez, Trull¨¢s y otro abogado ya fallecido). El magistrado contest¨® que no exist¨ªa ninguna banda.

El fiscal pregunt¨®: "?Reconoce que se confabul¨® con los hermanos Lorenzo-Penalva para realizar estas actividades?".

"Con todos los respetos, ni lo reconozco yo, ni creo que usted tampoco se lo crea", dijo Lavernia.

Este juez admiti¨® haber llevado una vida agitada, pero calific¨® de "montaje" el incidente en el que se vio envuelto cuando la polic¨ªa detuvo a un amigo suyo por un asunto de drogas. Los agentes detuvieron al propietario del piso donde se encontraba Lavernia, pero ¨¦ste qued¨® en libertad tras la intervenci¨®n del juez de guardia.