El Estado de desecho

En diciembre de 1894, un consejo de guerra condena al capit¨¢n de artiller¨ªa, de religi¨®n jud¨ªa, Alfred Dreyfus a cadena perpetua por espionaje a favor de Alemania, y lo env¨ªa al penal militar de la Isla del Diablo, frente a la costa de Guayana. Tres a?os m¨¢s tarde llegan a la opini¨®n p¨²blica indicios de que probablemente se hab¨ªa comet¨ªdo un grave error judicial que el Ej¨¦rcito trata por todos los medios de ocultar, prefiriendo incluso, en un segundo proceso, absolver al verdadero traidor que reconocer que manipularon las pruebas para conseguir la pronta condena de Dreyfus. Era al fin y al cabo una cuesti¨®n de prestigio, pero el prestigio de una instituci¨®n es uno de los funda¨ªnentos de su eficacia.En diciembre de 1897, algunos intelectuales -por vez primera aparece este t¨¦rmino en su nueva significaci¨®n- inician una campa?a a favor de la ¨ªnocencia, de Dreyfus, lo que, de hecho, implicaba poner en tela de juicio la honorabilidad del Ej¨¦rcito, que entonces, y todav¨ªa hoy, los m¨¢s conservadores consideran la columna vertebral del Estado. La campa?a culmina en el famoso Yo acuso, de ?mile Zola, publicado el 13 de enero de 1898 en L'Aurore, el peri¨®dico de Clemenceau, que divide a Francia en dos bandos irreconciliables.

En un art¨ªculo publicado pocos d¨ªas antes, Ernest Renauld, escrib¨ªa: "Si Dreyfus fuese inocente, ser¨ªa terrible; pero seguro que es culpable, pues ¨¦ste es el convencimiento del ministro de la Guerra y el que tuvo su predecesor. E incluso, aunque fuese inocente, ?es ello raz¨®n suficiente para permitir que se minen los ¨²ltimos fundamentos del orden social?". Dejando a un lado el antisemitismo y nacionalismo soeces que desempe?aron el papel principal en la agitaci¨®n de las masas, los antidreyfusistas centraron su argumentaci¨®n en dos principios: el de autoridad -es imposible que el Gobierno mienta o se equivoque; si el ministro de la Guerra est¨¢ convencido de la culpabilidad de Dreyfus, Dreyfus es culpable- y el principio de la superioridad de la raz¨®n de Estado sobre la raz¨®n de los individuos, al estar el bien social por encima del individual. La raz¨®n de Estado estar¨ªa m¨¢s all¨¢ de la moral y del derecho, y para conseguir sus fines sacrosantos todos los medios ser¨ªan l¨ªcitos.

?mile Zola encarn¨® al intelectual de manera ejemplar, tanto por el valor que mostr¨® al escribir lo que pensaba, por intolerable que pudiera parecer a las cohortes de bur¨®cratas y bieripensantes, como por los principios que defendi¨®, con los que seguimos identificados. A veces cumplir con el oficio exige arriesgar mucho. No cabe descartar que Zola, adem. ¨¢s de su destierro londinense para evitar la c¨¢rcel, pagase con su vida -nunca qued¨® claro el accidente de que muri¨®, en 1902- el coraje c¨ªvico de acusar a los que, protegidos tras el poder del Estado y en nombre de sus altos fines, condenaron a un inocente a cadena perpetua. Zola luch¨®, no s¨®lo ni principalmente por la llibertad de una v¨ªctima de la justicia militar, que, en cuanto persona, no pod¨ªa despertar su entusiasmo, como luego comprob¨® al conocerlo fugazmente, sino por un principio fundamental de la convivencia humana, que el fin no justifica los medios. No hayraz¨®n de Estado que just¨ªfique medidas criminales para alcanzar sus objetivos. Que la acci¨®n del Estado est¨¢ sometida a las normas de la moral y del derecho es principio constitutivo del Estado de derecho. M¨¢s a¨²n, tuvo la conciencia l¨²cida de que la democrc¨ªa s¨®lo puede edificarse sobre el Estado de derecho; en consecuencia, puso en la picota tanto al estatismo autoritario, y en el fondo totalitario, que coloca al Estado sobre el derecho, como al falso democratismo que cree poder avanzar hacia la realizaci¨®n de la democracia empleando cualquier medio.

Primero la judicatura francesa y ahora la espa?ola creen tener indicios suficientes para sospechar que el Ministerio del Interior haya podido financiar a una banda criminal, con m¨¢s de 20 asesinatos a su cargo. No se trata va, como en el esc¨¢ndalo que mantuvo a Francia en vilo durante 12 a?os de que se haya intentado tapar un error judicial para mantener el prestigio de una instituci¨®n, sino que la sombra de la duda se?ala algo much¨ªsimo m¨¢s grave, que en el Estado liberal del XIX hubiera resultado inconcebible: a saber, que el Estado decide atacar la criminalidad recurriendo a sus m¨¦todos. Al terrorismo de una banda armada habr¨ªa respondido con su propio terrorismo de Estado. No cabe mayor triunfo de los terroristas que convertir en sus iguales a los representantes de un Estado de derecho.

Ante los primeros rumores cre¨ª en una vil calumnia de los enemigos del Estado democr¨¢tico, interesados en emplear todos los resortes de la guerra psicol¨®gica. Pero seg¨²n han ido adquiriendo consistencia los indicios, mi sorpresa m¨¢s dolorosa ha sido percibir la inmensa capacidad de encaje de que da prueba la opini¨®n m¨¢s califleada. Cuando doy rienda suelta a mis angustias, me preguntan asombrados: "Pero ?es que t¨² no sab¨ªas qui¨¦nes estaban detr¨¢s de los GAL?". Despu¨¦s de los campos de exterminio nazis, de los campos de trabajo estalinistas, de la represi¨®n franquista despu¨¦s de la guerra, parece perfectamente aceptado que el Estado sea el mayor artefacto de terror. El 16 de abril, un comando terrorista del Estado de Israel asesina en T¨²nez al dirigente palestino Abu Yihad. Poco despu¨¦s, el civilizado Estado brit¨¢nico, ejecuta sin juicio previo a tres supuestos terroristas en Gibraltar. El que cada Estado, civilizado o subdesarrollado, tenga permiso especial para matar, como si de James Bond se tratara, parece un hecho asumido por todo el mundo. Lo ¨²nico que indigna es que sean malos profesionales y dejen huellas que luego puedan seguir los tribunales.

Cuanto mayor es la evidencia de que los Estados siguen considerando que existen fines que Justifican cualquier medio, m¨¢s urgente y necesario es que prosigamos la lucha por el Estado de derecho, es decir, aquel que realmente obliga a los aparatos estatales a respetar las normas establecidas. ¨²nica garant¨ªa de nuestras l¨ªbertades. Se trata de una cuesti¨®n de principio, que no admite excepciones ni componendas. Si el Estado puede actuar al margen de la moral y de la ley, sin que podamos controlarlo, su existencia es pura tiran¨ªa y est¨¢ justicado que arremetaMOS contra ¨¦l. El terrorismo se convierte entonces en leg¨ªtima defensa. El verdadero Estado de desecho es aquel que cree poder justificar el crimen como un medio de alcanzar sus objetivos. La columna vertebral del Estado no es la fuerza que representan sus ej¨¦rcitos y cuerpos polic¨ªales, sino el derecho, en cuanto la violencia y la coacci¨®n, monopolio del Estado, s¨®lo se legitiman si se emplean conforme a derecho.

Abrigo la esperanza de que la inmensa mayor¨ªa de los espa?oles comparten esta misma defensa apasionada del Estado de derecho -lo hemos echado tanto de menos durante d¨¦cadas- y estoy seguro de que ¨¦stos son los principios que gu¨ªan la acci¨®n del Gobierno, por eso se me escapan los motivos que pueda tener para dar la trist¨ªsima impresi¨®n de que est¨¢ interesado en impedir la acci¨®n de la justicia. Necesitamos a la mayor brevedad unas palabras esclarecedoras del presidente, interesado, como cualquier ciudadano espa?ol, en que se despejen lo antes posible las dudas y que, si los hubiere, sean castigados los culpables. Mientras dura el silencio oficial y no se percibe m¨¢s que miedo a tirar de la manta, el aire se enrarece, convirti¨¦ndose ya en irrespirable, al propagarse las m¨¢s graves sospechas; como en los peores tiempos de la dictadura, no son pocos los que prefieren callar. El silencio es la ley f¨¦rrea de las mafias; la de los hombres libres es buscar la verdad, por alto que sea el precio que hemos de pagar por ella.