AP cuestiona la legalidad del cobro de 3.064 millones en determinadas licencias urban¨ªsticas de Madrid

El grupo de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Madrid pedir¨¢ en el pleno del viernes que se dejen de cobrar, preventivamente, las liquidaciones que el municipio exige a cuenta, por reparcelaci¨®n econ¨®mica discontinua, a aquellas personas que solicitan licencia de construcci¨®n en determinados pol¨ªgonos. La Gerencia de Urbanismo lleva percibidos por este concepto, llamado popularmente impuesto revolucionario, 3.064 millones de pesetas. Afianza Popular quiere que se devuelvan estas cantidades, cuyo cobro considera "de dudosa legalidad".

El proceso de reparcelaci¨®n normal se produce cuando al menos un 60% de los propietarios de solares de un pol¨ªgono se pone de acuerdo para reparcelar los terrenos, seg¨²n las directrices fijadas por el plan general. El sistema obliga a los propietarios a deducir del total del pol¨ªgono los espacios correspondientes a equipamientos y viarios y a ceder obligatoriamente al Ayuntamiento un 10% del suelo, antes de repartirse los terrenos edificables.

Sin embargo, en muchos pol¨ªgonos existen zonas consolidadas que no es necesario cambiar. Para estos casos, el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Madrid incluy¨® la figura de la reparcelaci¨®n econ¨®mica discontinua. Por ella, la reparcelaci¨®n del pol¨ªgono afecta exclusivamente a los propietarios de suelo vacante.

Los representantes de AP consideran que es a partir de ese momento cuando se produce una situaci¨®n irregular, pues cuando los propietarios de los lotes de terreno reparcelado piden al Ayuntamiento una licencia de construcci¨®n se encuentran con que han de pagar, adem¨¢s de la licencia, una liquidaci¨®n a cuenta de las cargas de planeamiento de ese pol¨ªgono.

Seg¨²n AP, se da as¨ª la paradoja de que quedan eximidos de esta liquidaci¨®n aquellos propietarios del mismo pol¨ªgono que ya tienen sus inmuebles construidos y no necesitan pedir una licencia. Estos propietarios, adem¨¢s, se benefician de las cesiones obligatorias de terreno realizadas por sus convecinos. Para AP, ello vulnera, entre otros preceptos, "el principio general establecido en nuestra legislaci¨®n urban¨ªstica de la distribuci¨®n equitativa de las cargas y beneficios".

Seg¨²n el concejal Vicente D¨ªez Zazo, la Gerencia de Urbanismo ha cobrado por este concepto desde 1986 un total de 3.064 millones de pesetas.

AP se ha opuesto a esta figura desde que fue incluida en el avance del plan general y tiene presentado un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial, cuyo fallo se espera para antes de fin de a?o.