La reforma del Inem

GOBIERNO, SINDICATOS y patronal est¨¢n empe?ados en dotar al Instituto Nacional de Empleo (Inem) de una nueva estructura m¨¢s eficaz y adaptada a la existencia, que ya se prev¨¦ cr¨®nica, de m¨¢s o menos tres millones de trabajadores en paro en nuestro pa¨ªs. Son las primeras escaramuzas de una concertaci¨®n social sobre asuntos puntuales que las partes implicadas proclaman desear, pero que cada una de ellas entiende, si no contradictoriamente, s¨ª de muy distinta manera. Y ya ha surgido el primer escollo con el tema de la cobertura al desempleo, que los sindicatos consideran que debe extenderse del 26% actual al 48%, y cuyo coste, de medio bill¨®n de pesetas, el Gobierno juzga de todo punto inatendible. De la soluci¨®n que se d¨¦ a esta cuesti¨®n depender¨¢ el tono y aun la continuaci¨®n en septiembre de las mesas negociadoras en marcha, ya que los sindicatos la consideran una prueba para calibrar la sinceridad del giro social que proclama el Gobierno.Pero en espera de que la concertaci¨®n social avance, la reforma del Instituto Nacional de Empleo y de su red de oficinas en todo el territorio del Estado se hace m¨¢s que urgente. Sobre todo, si, como ocurre, el Inem es el ¨²nico instrumento administrativo con que cuenta el Gobierno para agilizar el mercado de trabajo. Hasta ahora no puede decirse que haya contribuido eficazmente a ello. Su funci¨®n se limita al mero registro de desempleados y contratos, pues m¨¢s de un 80% de las ofertas de empleo son nominales (llegan all¨ª cerradas entre el empresario y el trabajador concretos).

La lucha contra el paro depende, sobre todo, de medidas acertadas de pol¨ªtica econ¨®mica, y en este terreno, el papel de un organismo administrativo como el Inem ser¨¢ siempre muy secundario. Pero su tarea institucional para extender en lo posible y hacer efectiva la protecci¨®n social al desempleado es insustituible. Cuando en Espa?a se habla de reducir el coste del despido al nivel del de los pa¨ªses europeos, se olvida que en estos pa¨ªses la protecci¨®n social al trabajador en paro est¨¢ mucho m¨¢s extendida que en el nuestro. Est¨¢, pues, justificado que en el di¨¢logo social entre Gobierno, patronal y sindicatos uno de los temas m¨¢s importantes a debatir sea la extensi¨®n de la cobertura del desempleo. En este terreno, los esfuerzos del Gobierno parecen centrarse en seleccionar a los colectivos m¨¢s necesitados y en m¨¢s recursos a los parados de larga duraci¨®n -m¨¢s de un a?o en esa situaci¨®n- con una edad superior a los 45 a?os.

Los sindicatos pretenden con la reforma de las oficinas del Inem que ¨¦stas se conviertan en aut¨¦nticas agencias p¨²blicas de contrataci¨®n, que controlen las demandas de empleo, y reclaman una cierta descentralizaci¨®n con mesas locales de empleo en las que tengan un importante papel los ayuntamientos. Se oponen a cualquier tentaci¨®n de privatizar los servicios de empleo y no dejan de advertir un cierto tufillo privatizador en la propuesta gubernamental de descargar al Inem de la tarea burocr¨¢tica de registrar a los parados. Tambi¨¦n demandan mayor participaci¨®n sindical en el control y en la gesti¨®n del Inem, de la pol¨ªtica de empleo e incluso en la gesti¨®n del subsidio de desempleo. Medidas todas ellas razonables y que, si bien no auguran por s¨ª mismas una mayor eficacia, merecen la oportunidad de ponerlas en pr¨¢ctica ante la inoperancia de la gesti¨®n gubernamental del Inem.