Matar alima?as

En la cuesti¨®n de la lucha que se libra para acabar con el terrorismo, ese supremo enemigo de la sociedad, existe en Espa?a una perversi¨®n moral de fondo que es preciso denunciar. Cuando se discuten los temas de c¨®mo enfrentarse a los terroristas, de c¨®mo lo hacen los dem¨¢s, de la eficacia o legalidad de organizaciones como el GAL, parece que ciertos sectores de la ciudadan¨ªa perciben la posible actividad delictiva del Estado como leg¨ªtima.Los t¨¦rminos en que se propone el problema son muy sencillos. Este asunto del Estado de Derecho y de las reglas de su funcionamiento, se dice, est¨¢ muy bien para el d¨ªa a d¨ªa normal de la sociedad; pero es que el terrorismo no es un fen¨®meno normal y no pueden aplic¨¢rsele soluciones normales. El Estado, m¨¢s all¨¢ de las reglas que rigen su actividad civilizada y democr¨¢tica cotidiana, debe poder ser capaz de defenderse contundente y expeditivamente de las alima?as. Las alima?as que matan a mujeres y ni?os, que mutilan sin piedad y sin l¨®gica, deben ser aplastadas. Por ser terroristas, no hay normas que valgan, porque ellos mismos, al no aplicarlas, se colocan fuera de la sociedad.

Por supuesto que resulta exagerado, se a?ade, que un gobierno pueda llegar a organizar unos grupos que se dediquen a contratar a asesinos para que maten a los terroristas. Pero en este punto, los opinantes se sumen en una nebulosa indefinida, porque, entendiendo que es exagerada la organizaci¨®n de tales grupos, piensan que son el ¨²nico m¨¦todo v¨¢lido de lucha. Mejor no preguntar, ni mirar, ni discurrir. Lo hace el Estado, presta as¨ª un se?alado servicio al cuerpo social y lo mejor es no hablar de ello. Claro que, si el Estado es sorprendido en esta actividad delictiva, no se le puede permitir salirse con la suya y es preciso castigarle. En tal supuesto, se entiende que tiene que existir un chivo expiatorio, un amedo, por llamarle de alguna manera, para que la cosa no vaya a mayores y no acabe salpicando al gobernante. Hay que hablar de un delito y escandalizarse porque haya ocurrido, pero, en realidad, lo que es mal¨ªsimo no es el crimen. Lo que es del g¨¦nero idiota es que les pillen. En esta actividad del Estado, no se castiga el asesinato sino la patoser¨ªa.

La hipocres¨ªa de estos argumentos produce n¨¢useas. Con ellos, se olvida convenientemente, como lo hizo Nixon, que las reglas, han sido autoimpuestas por el Estado precisamente para hacer frente a los casos extraordinarios. Esto de que la ley est¨¢ muy bien hasta que alguien la infringe, en cuyo caso deja de aplicarse, es en verdad un curioso principio jur¨ªdico.

Claro que, se asegura, los verdaderos culpables son los medios de comunicaci¨®n, porque los que escribimos podemos permitimos el lujo de pontificar sin necesidad de manchamos las manos de sangre. Esta tarea queda para los esforzados gobernantes que tienen la sacrificada misi¨®n de defender a la sociedad de las citadas alima?as. Los gobernantes saben lo que hacen y, si no nos gusta, nos queda el recurso de no votarles en la siguiente elecci¨®n. Aqu¨ª, de lo que se trata es de aplicar remedios pr¨¢cticos y expeditivos que permitan obviar los inconvenientes de una legislaci¨®n muy progresiva y muy civilizada, pero ut¨®pica. Que en Espa?a tengamos abolida la pena de muerte est¨¢ muy bien, pero no resuelve el acoso de las alima?as; alguien tiene que tener la facultad de saltarse esta inc¨®moda ley que no, impide tomarnos la justicia por nuestra mano.

Ser, decidir y bautizar

Magn¨ªfico. Nadie parece recordar, sin embargo, que el verdadero objetivo del Estado de Derecho es impedir su propia actuaci¨®n delictiva. El argumento es tremendamente sencillo: el Estado puede empezar por eliminar expeditivamente a quienes son delincuentes y, un buen d¨ªa, puede ponerse a eliminar a quienes decide ¨¦l que son delincuentes para luego ocuparse de los que le molestan, bautiz¨¢ndolos como delincuentes.

El c¨²mulo de falacias que se maneja hoy en d¨ªa en Espa?a a hablar de una posible involueraci¨®n del gobierno en los m¨¦todos ilegales de lucha antiterrorista, arranca de dos principios falsos. Por un lado, se sobreentiende que, si se deja a los terroristas campar por sus respetos, pondr¨¢n en peligro al Estado y al modo de convivencia que ¨¦ste tiene la sagrada misi¨®n de tutelar. Es mentira, claro. Quinientos terroristas no pueden desestabilizar a una sociedad democr¨¢tica. Este argumento se invoca sobre todo para condonar la ineficacia del sistema de seguridad. El terrorismo del IRA, tan duro como el de ETA y m¨¢s insoluble, ni siquiera ha podido estremecer los ribetes exteriores del sistema democr¨¢tico brit¨¢nico.

El segundo principio falso es que no existe otro m¨¦todo eficaz de luchar contra los terroristas. S¨ª existe: arrest¨¢ndoles y meti¨¦ndoles en la c¨¢rcel. Es mucho m¨¢s pesado, pero, con ello, el Estado evita ponerse a su altura (?por qu¨¦ es m¨¢s condenable el terrorismo de Estado cuando lo pone en pr¨¢ctica Libia que cuando lo ejercen Espa?a, Francia o Alemania Federal?). Y, despu¨¦s como ocurri¨® en Italia con las Brigadas Rojas, puede pagarse dinero por las delaciones o facilitar reinserciones y se acaba encauzando el problema. Y en Espa?a nadie nos ha reventado una estaci¨®n de Bolonia ni nos ha asesinado a un Aldo Moro en esta democracia que se dice tan amenazada.

La misi¨®n del Estado no es la venganza, sino la protecci¨®n civilizada. Si se ha abolido la pena de muerte para los asesinos, tiene que haberse abolido para los terroristas, porque no se ve claramente lo que distingue a unos de otros.

En Espa?a, en este asunto de la lucha ilegal contra el terrorismo, unos se escandalizan y otros aprueban, pero lo grave es que la mayor¨ªa de los ciudadanos est¨¢ convencida de que el gobierno, a trav¨¦s del GAL, se ha dedicado a asesinar a etarras. Lamentablemente, el presidente del gobierno no acaba de poner en claro la cuesti¨®n. Es urgente que explique sin ambages si, cuando se refiere vagamente al ejemplo de nuestros vecinos democr¨¢ticos, lo hace para congratularse de la lucha sucia que practicaron contra la OAS o contra la banda Baader-Mein-hoff, sugiriendo que fue la ¨²nica forma que tuvieron Francia y Alemania Federal de salvar su democracia, o si lo hace para tomar ejemplo de la eficaz colaboraci¨®n internacional.

Tambi¨¦n es urgente que explique lo que entiende por Estado de Deshecho, no vaya a ser que la ciudadan¨ªa interprete que siente poco respeto por el marco jur¨ªdico espa?ol (marco que se basa de todos modos en un cuerpo legal mucho m¨¢s r¨ªgido y excepcional que el de nuestros vecinos) y que opina que los espa?oles, al atacar los m¨¦todos presuntos de un sector de las fuerzas de seguridad del Estado, en realidad estamos socavando los cimientos de nuestra libertad futura. Nada ser¨ªa m¨¢s falso.