El Estado asumir¨¢ los gastos de asistencia sanitaria y se extender¨¢ su oferta a todos los ciudadanos

El estado liberar¨¢ a la seguridad social de los gastos de asistencia sanitaria, que superan los 1,3 billones de pesetas, y extender¨¢ su oferta a todos los ciudadanos. este ser¨¢ el punto de partida para reformar financieramente el sistema p¨²blico de protecci¨®n. la medida supondr¨ªa extender los servicios sanitarios al casi mill¨®n y medio de ciudadanos que permanecen al margen y costar¨ªa unos 200.000 millones de pesetas. el presidente del gobierno, felipe gonz¨¢lez, ha asumido la responsabilidad de decidir cu¨¢ndo se materializa el proyecto, tras conocer las opiniones de los cuatro ministerios implicados. fuentes de la administraci¨®n apuntan que la cuesti¨®n podr¨ªa ser planteada en septiembre, al reanudarse las conversaciones para la concertaci¨®n social.

El nuevo esquema financiero de la Seguridad Social empez¨® a ser dise?ado hacia 1984 en los t¨¦rminos en que se concibe actualmente, sin llegar a tornar la decisi¨®n de articularlo en la pr¨¢ctica. La reforma consistir¨¢ en separar la cobertura de las pensiones recibidas por quienes han contribuido mediante cuotas de los otros dos grandes programas hasta ahora atendidos por el sistema (la Sanidad y las pensiones asistenciales o no contributivas), que pasarian a ser sufragados directamente por el Estado. asistenciales y extenderlas a otros 400.000 ancianos hoy des protegidos se prepara un proyecto de ley espec¨ªfico.A partir del citado modelo, el Estado librar¨¢ a la Seguridad Social de pagar tanto la sanidad p¨²blica como las pensiones de quienes no hayan contribuido al sistema de protecci¨®n mediante cotizaciones propias o (le sus empresas durante su vida laboral En la pr¨¢ctica, seg¨²n un alto cargo de Hacienda, esta configuraci¨®n ser¨ªa de naturaleza presupuestaria y podr¨ªa ser llevada a cabo casi sin ning¨²n cambio organizativo.

De hecho, en 1988 la Seguridad Social tiene presupuestado transferir al Instituto Nacional de la Salud (Insalud) algo m¨¢s de 1,35 billones de pesetas, cifra similar a las subvenciones o transferencias que recibir¨¢ del Estado la Seguridad Social para cubrir su d¨¦ficit.

Repercusiones

El alcance de la reforma tendr¨ªa, sin embargo, grandes repercusiones para el futuro. La principal es que as¨ª se ligar¨ªa de forma clara y definitiva la suerte de las pensiones contributivas a las cuotas patronales, y obreras, que en la actualidad financian las tres cuartas; partes de los presupuestos de la Seguridad Social. Los otros dos programas, sanidad y asistencia social (pensiones no contributivas), deber¨ªan ser sufragados por el Estado.

La semana pasada se anunci¨® para 1989 el proyecto de ley de pensiones no contributivas, con el fin de extender estas prestaciones econ¨®micas a los cerca de 400.000 ancianos que carecen de pensiones asistenciales. Pero fuentes gubernamentales consideran que antes de entrar en vigor esa ley habr¨¢ decisiones relativas a la Sanidad. A?aden que ser¨ªan el punto de partida necesario para empezar a aplicar el mencionado esquema de reforma.

"El ¨²nico que tiene las coordenadas de cu¨¢ndo, as¨ª como las secuencias e intensidad de los pasos a dar, es el propio presidente del Gobierno", declar¨® a este peri¨®dico un alto cargo de la Seguridad Social. Impresiones similares han sido recogidas en los ministerios de Sanidad y Econom¨ªa y Hacienda, que, junto al de Administraciones P¨²blicas, esperan que haya un pronunciamiento en los pr¨®ximos meses.

Algunas fuentes se?alan que en septiembre, con motivo de la reanudaci¨®n de las conversaciones para la concertaci¨®n social y de la elaboraci¨®n de los Presupuestos del Estado para 1989, al menos ser¨¢ planteado el tema de la sanidad. El propio Felipe Gonz¨¢lez se refiri¨® as¨ª al asunto el pasado mi¨¦rcoles, tras entrevistarse con el Rey en Palma de Mallorca: "Podr¨ªamos universalizar la asistencia sanitaria de este pa¨ªs si la financiaci¨®n de ese servicio se realizara con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no al presupuesto de la Seguridad Social, porque entonces todos tendr¨ªamos derecho a recibir asistencia sanitaria a trav¨¦s de un presupuesto financiado por los impuestos".

Seg¨²n las fuentes consultadas, este proyecto significar¨ªa extender la oferta sanitaria a unos 1,3 millones de personas que hoy permanecen al margen y costar¨ªa poco m¨¢s de 200.000 millones de pesetas, pues en 1988 los presupuestos del Insalud se han elevado un 17% (hasta los 1,35 billones de pesetas) y el a?o pasado la Seguridad Social le destin¨® 157.000 millones de pesetas fuera del presupuesto para pagar gastos atrasados.

Parte de estas inyecciones trataban de cubrir los costes de la extensi¨®n de la sanidad p¨²blica a los varios millones de personas que han sido incorporadas a la misma desde 1982. Los ¨²ltimos en llegar han sido los desempleados con o sin cargas familiares y los mayores de 26 a?os; antes lo fueron los j¨®venes entre 26 y 21 a?os, edad hasta la cual la cartilla paterna da derecho a cobertura.

Altos cargos de Hacienda han admitido que el deterioro de algunos servicios sanitarios puede explicarse en que los recursos no han crecido al ritmo que debieran para atender el aumento de la poblaci¨®n protegida.