Mejor prevenir

LA MALA calidad de las prestaciones sanitarias p¨²blicas es una de las cargas que, junto al deterioro visible de otros servicios p¨²blicos, soportan millones de espa?oles. Las causas de esta deficiente prestaci¨®n, que ha alcanzado en el pasado cotas insoportables con motivo de los largos per¨ªodos de huelga del personal m¨¦dico de la red hospitalaria estatal, son de las m¨¢s variadas. Sin embargo, la que est¨¢ en la ra¨ªz de todas ellas es la insuficiente financiaci¨®n de un servicio p¨²blico que en los ultimos lustros se ha ido extendiendo cada vez m¨¢s a mayor n¨²mero de personas, al mismo tiempo que permanec¨ªa invariable su infraestructura y pr¨¢cticamente paralizado el cap¨ªtulo de inversiones en nuevas obras y en recursos humanos. El hecho de que los medios financieros de la sanidad p¨²blica sean detra¨ªdos del presupuesto de la Seguridad Social constituye una dificultad a?adida para establecer con claridad algo que es esencial en la prestaci¨®n de cualquier servicio: la relaci¨®n entre calidad y coste.Desde los primeros a?os de la transici¨®n pol¨ªtica todos los Gobiernos han afrontado como una pesadilla la reforma de la Seguridad Social. El cada vez mayor n¨²mero de beneficiarios y el cada vez menor n¨²mero de cotizantes, como consecuencia de la crisis econ¨®mica y del aumento del n¨²mero de pensionistas, unido al despilfarro y a la mala gesti¨®n, han puesto a la Seguridad Social al borde de la quiebra. Los Gobiernos de UCD no pasaron de la mera exposici¨®n de intenciones, y los socialistas, aunque han dado pasos parciales en los ¨²ltimos a?os con las nuevas leyes de sanidad y de pensiones, han venido dando largas a la cuesti¨®n principal: la reforma del modelo financiero de todo el sistema p¨²blico de protecci¨®n social y, en concreto, de aquellas prestaciones que hoy corren a cargo de la Seguridad Social. El presidente del Gobierno haber dado luz verde a esta reforma fundameintal al afirmar, tras su reciente entrevista con el Rey en Mallorca: "Podr¨ªamos universalizar la asistencia sanitaria de este pa¨ªs si la financiaci¨®n de este servicio se realizara a trav¨¦s de los Presupuestos Generales y no del presupuesto de la Seguridad Social".

La realizaci¨®n de este proyecto supondr¨ªa la asunci¨®n por el Estado, via impuestos, de los gastos sanitarios de la Seguridad Social -actualmente m¨¢s de 1,3 billones de pesetas- y la extensi¨®n del derecho a la sanidad p¨²blica a todos los espa?oles. La Seguridad Social cubrir¨ªa exclusivamente el pago de las pensiones contributivas -actualmente las tres cuartas partes de su presupuesto se financian con las cuotas patronales y obreras te¨®ricamente ligadas a la percepci¨®n de estas pensiones-, mientras que el Estado financiar¨ªa directamente la asistencia p¨²blica sanitaria y las pensiones asistenciales, de las que son perceptoras personas ancianas que no han cotizado durante su vida laboral. De todo ello ser¨ªan beneficiarios directos cerca de un mill¨®n y medio de espa?oles sanitariamente desprotegidos en la actualidad y 400.000 ancianos que carecen de ayuda asistencial alguna.

Cumpliendo el mandato constitucional de que los poderes p¨²blicos deben organizar y tutelar la salud p¨²blica de los espa?oles, el Estado se comprometer¨ªa por esta v¨ªa en la prestaci¨®n de este servicio p¨²blico. Si funciona bien se beneficiar¨¢ de ello, pero si funciona mal se le se?alar¨¢ m¨¢s claramente que ahora.

El peligro es que al universalizarse se deteriore todav¨ªa m¨¢s la calidad de los servicios. Por un lado, parece evidente que la calidad de la sanidad p¨²blica depender¨¢ tambien de que mejore la actual gesti¨®n del Insalud y que se ponga freno al despilfarro. A este respecto, no hay que olvidar que c¨¢lculos oficiales hablan de que ser¨ªa necesario aportar 200.000 millones m¨¢s para mantener la calidad de los servicios. Hacienda ya ha desaconsejado el proyecto, esgrimiendo argumentos como el coste de la operaci¨®n, la escasa capacidad asistencial actual y la necesidad de incentivar el uso eficiente de las instalaciones en uso.

Adem¨¢s, el hecho de que las prestaciones laborales queden separadas de las asistenciales abre un interrogante que no deja de inquietar a los sindicatos: ?la prevista quiebra de la Seguridad Social se aleja de este modo, al aligerar sus gastos, o bien a partir de esa separaci¨®n los cotizantes laborales deber¨¢n asegurar con sus aportaciones las pensiones futuras? Si la separaci¨®n de los gastos sanitarios del presupuesto de la Seguridad Social y su inclusi¨®n en los Presupuestos del Estado viene a suponer un recorte de las pensiones futuras, obligando a los asalariados a participar obligatoriamente en los previstos fondos de pensiones, el remedio puede ser peor que la enfermedad.