?Escuchas?

EN EL tortuoso camino que la Compa?¨ªa Telef¨®nica ha dispuesto entre nuestros aparatos y sus terminales, pr¨¢cticamente cualquiera puede escuchar las conversaciones de los usuarios por medio de cada vez m¨¢s accesibles instrumentos de interferencia que, adem¨¢s, no dejan rastro. La Telef¨®nica asegura ahora que los aparatos supuestamente intervenidos, seg¨²n denunciaba un semanario, estaban en regla, pero t¨¦cnicos de la compa?¨ªa hab¨ªan confesado con anterioridad su impotencia para detectar determinados sistemas de intervenci¨®n. ?0 es que el se?or Solana esperaba encontrar las pinzas y esparadrapos de las viejas pel¨ªculas de esp¨ªas? Por su parte, el Gobierno permaneci¨® indiferente ante las denuncias, hasta que ayer el presidente declar¨® que se va a investigar y se van a exigir responsabilidades. Horas m¨¢s tarde, y ya con el informe exculpatorio de Telef¨®nica en sus manos, la Oficina del Portavoz comunic¨® que el Gobierno pon¨ªa el caso en manos del Fiscal General del Estado.Iniciativa tan loable como tard¨ªa, porque lo que se est¨¢ infringiendo, si los hechos denunciados son ciertos, no es una norma menor, sino un derecho garantizado constitucionalmente en el art¨ªculo 18 de nuestra Carta Magna. Se trata adem¨¢s de un derecho que "vincula a todos los poderes p¨²blicos", de acuerdo con el art¨ªculo 53 de la propia Constituci¨®n. El Estado dispone de una compleja maquinaria de control de los ciudadanos, de sus movimientos, de sus cuentas bancarias, de sus infracciones de circulaci¨®n. Los medios t¨¦cnicos que el poder pol¨ªtico puede utilizar en su acci¨®n cotidiana son de un incalculable alcance. ?Ser¨ªa mucho pedir que todo ese esfuerzo tecnol¨®gico dirigido al control de la vida de los ciudadanos se pusiese al servicio de la defensa de los derechos constitucionales de esos mismos ciudadanos?. En el caso que ahora nos ocupa, adem¨¢s, no se trata ya de simples ciudadanos de a pie, cuya protecci¨®n obliga en cualquier caso a las autoridades, sino de personalidades relevantes de la pol¨ªtica, dirigentes sindicales y destacados profesionales, gran parte de los cuales representan a otros muchos en el ejercicio de una actividad p¨²blica igualmente garantizada por la Constituci¨®n. La protecci¨®n de esas personas, en tanto que depositarias de la confianza de sus representados, compromete en mayor medida al Gobierno. Eso sin contar con la razonable sospecha de que sean sus oponentes o rivales pol¨ªticos quienes se aprovechen de la Informaci¨®n por tales m¨¦todos obtenida. Al proteger su intimidad no se est¨¢ garantizando exclusivamente el ejercicio de un derecho privado, sino tambi¨¦n, y muy principalmente, la limpieza del juego pol¨ªtico y sindical.

Las sospechas sobre la intervenci¨®n de las comunicaciones de determinados ciudadanos m¨¢s o menos relevantes, aunque en el caso actual no pudieran demostrarse efectivamente, no deben considerarse, sin embargo, el fruto de la paranoia de algunas personas. Vienen avaladas por la existencia de comprobados casos de espionaje de partidos pol¨ªticos investigados por los tribunales. En el caso m¨¢s notorio, detectado hace m¨¢s de tres a?os, y del que fueron v¨ªctimas Alianza Popular, el Partido Comunista y el Partido Dem¨®crata Popular, el juez consider¨® probado que fue la polic¨ªa quien espi¨®, y trata ahora de determinar si los m¨¦todos utilizados eran legales o ilegales. La existencia de ese espionaje qued¨® suficientemente probada en el caso del inspector Medina, actualmente procesado por "infidelidad en la custodia de documentos p¨²blicos". Tales documentos no eran otra cosa que decenas de fichas policiales y otros informes sobre personalidades y partidos pol¨ªticos.

El Estado, sin necesidad de recurrir a los desag¨¹es, dispone de medios excepcionales, pero legales, para la investigaci¨®n y represi¨®n de los delitos, incluida la intervenci¨®n telef¨®nica, bajo control judicial, en determinados supuestos. Esos medios est¨¢n perfectamente definidos en la propia Constituci¨®n. Ning¨²n caso, por grave que sea, puede justificar, entonces, salirse de esas fronteras. Pero la responsabilidad del Gobierno no se detiene en la observancia por su parte de la legalidad, sino que se extiende a la garant¨ªa de su respeto por cualquier otra persona f¨ªsica o jur¨ªdica. Si el Estado garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones, en modo alguno puede el poder pol¨ªtico escudarse en la complejidad de la tecnolog¨ªa para dimitir de sus responsabilidades: la seguridad jur¨ªdica de los ciudadanos y la transparencia de la vida pol¨ªtica as¨ª lo exigen.